El caso Faisán se desploma sobre Rubalcaba

Primer problema para Alfredo Pérez Rubalcaba, sucesor de Zapatero a la Presidencia del Gobierno. Y no precisamente de poco calado, al revés. El auto hecho público este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que procesa a tres altos cargos de las Fuerzas de Seguridad del Estado por “el caso Faisán”, el supuesto chivatazo policial que impidió la desarticulación del aparato de extorsión de ETA, supone un durísimo golpe para el ex vicepresidente primero y ex ministro del Interior. La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la decisión de Ruz supone “la deslegitimación” de Rubalcaba como posible presidente del Gobierno.

Como miembro del Gobierno, Rubalcaba, siempre ha respondido a las preguntas de la oposición sobre este caso, “uno de los más escandalosos de la democracia”, según las fuentes del PP consultadas por “El Imparcial”, con una premisa: será lo que digan los tribunales. Y los tribunales han hablado este miércoles, y no precisamente en defensa de las tesis del ex ministro del Interior ni de su sucesor en el cargo, Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad con Rubalcaba.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe Superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés y al inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros como presuntos autores de los delitos de revelación de secretos y otro de colaboración con banda terrorista o encubrimiento. El magistrado les considera responsables del chivatazo que recibió en 2006 Joseba Elosúa, dueño del bar “Faisán”, en el que se le advertía de la operación que estaba en marcha para desarticular al aparato de extorsión de la banda terrorista.

Fuentes del PP consultadas por este diario señalan que el auto de procesamiento deja en evidencia a Pérez Rubalcaba. Innumerables las preguntas parlamentarias en el Congreso por parte del PP. Innumerables las mismas respuestas del ex ministro del Interior, ironizando incluso en una de sus respuestas al diputado popular Ignacio Gil Lázaro, uno de sus principales azotes en este caso, con el título de la canción de Amaral “Sin ti no soy no soy nada”.

En este sentido, los mismos medios destacan que si el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno “ya tiene bastantes problemas con sus propuestas completamente contradictorias con la acción del Ejecutivo del que ha formado parte hasta la semana pasada, ahora, encima, tiene a tres de sus colaboradores procesados por algo que puede rozar la infamia: policías informando a los terroristas de ETA de operaciones que se iban a desarrollar contra ellos”.

Y en este contexto, el presidente del Gobierno tampoco se libra de las críticas y los reproches ya no solo de los populares, sino también de las víctimas del terrorismo. El chivatazo se produjo en pleno proceso de negociación entre el Ejecutivo y ETA que acabó con el atentado mortal de la T-$ de Barajas. “Utilizar a funcionarios públicos como presuntos colaboradores de una banda terrorista, como dice el auto del juez, y más perteneciendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, supone un auténtico insulto a todas las víctimas de ETA”.

Pablo Ruz ha encontrado hasta doce indicios contra los procesados que revelan su participación el chivatazo. En el auto se afirma que fue el inspector Ballesteros quien le entregó a Elosúa el móvil desde el que el jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés le advirtió de que tenía su teléfono pinchado y que se sabía que iba a reunirse con su contacto en la banda, Cau Aldanur, para entregarle “nueve botellas de vino”, en realidad nueve millones de euros procedentes del chantaje de la banda a empresarios.

Y otro juez de la Audiencia Nacional, en cambio, en este caso Santiago Pedraz, ha decidido este miércoles la puesta en libertad del ex número uno de ETA, Iñaki de Rentería, al “no existir riesgo de fuga”. Ignacio Gracia Arregui tiene abierta una causa que investiga su participación en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara durante 532 días entre 1996 y 1997.