15-M y seguridad jurídica

El llamado 15-M que, si bien reivindicaba algunas cuestiones muy legítimas, amenaza con verse manipulado como un ariete antisistema sin raciocinio ni control. En contra del criterio de la Junta Electoral Central, el Tribunal Supremo y el Constitucional, se les permitió acampar a su antojo por diversos puntos de la geografía española, subvirtiendo de este modo la legalidad vigente. Devastador.Una legalidad que fue nuevamente subvertida con sus actuaciones violentas durante las tomas de posesión de algunas corporaciones locales y autonómicas. Curiosamente, no hubo “indignados” en los ayuntamientos gobernados por Bildu; los adláteres de ETA pudieron, así, tomar posesión sin incidencia alguna.

Y su última “aportación” consiste en tratar de impedir los embargos judiciales, con una puesta en escena tan calculada como, a todas luces, ilegal. Más que nada, porque como su propio nombre indica, los embargos devienen de resoluciones judiciales, que son de obligado cumplimento en el marco del estado de Derecho. A raíz de todo ello, se ha producido un incremento considerable del número de inmuebles okupados. Quienes lo hacen saben que su comportamiento tiene serios visos de quedar impune, pues impunes quedan cada vez más cosas: por ejemplo, gentes a quienes la policía les apremia por negarse a sufragar su billete de metro y escapan impunes gracias al apoyo de una turba de “indignados”. Y nada de ello es en balde. Antes al contrario, comportamientos así menoscaban en gran medida la imagen que España proyecta al exterior. Al mismo tiempo, supone un estímulo sumamente negativo para el sector inmobiliario, en un momento tan delicado. Porque la escena de los desahuciados asomándose al balcón como héroes, compone una imagen demoledora, un estímulo a la inseguridad jurídica que redundará en un encarecimiento de las transacciones y, en el caso de la vivienda, en un incremento sustancial de las hipotecas y rentas de los pisos.

Uno de los pilares básicos a la hora de apuntalar la credibilidad de un estado es su seguridad jurídica. Y en el caso de España, la inacción de Interior bajo la pauta de Alfredo Pérez Rubalcaba la ha menoscabado de forma considerable. Es de esperar que su sucesor, libre de las servidumbres del cargo de candidato, se afane como es debido en velar por el cumplimiento de la ley en lugar de amparar a quienes la conculcan.