Camps: por fin una dimisión

El Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha presentado su dimisión, proclamando al mismo tiempo su inocencia. Ambas cosas son coherentes, aunque no necesariamente verdaderas. Desgraciadamente, en España, desde el franquismo, se ha perdido la costumbre y la cultura de la dimisión que era un expediente político habitual durante la República y en la Monarquía Parlamentaria. La dimisión no es necesariamente una admisión de la culpabilidad penal, que es asunto de exclusiva competencia de los Tribunales. Antes, al contrario. La dimisión es un ejercicio personal de coherencia que busca precisamente depurar responsabilidades políticas y del que no hay que hacer mayor drama. El drama se produce al revés: cuando uno se aferra al cargo, tras incurrir en situaciones poco presentables, cuando no delictivas.

El señor Camps debería haber dimitido –y Rajoy haberlo impuesto- hace mucho tiempo. El Presidente de este periódico lo expresó de manera contundente y precisa con el titular de uno de sus artículos: “O facturas o dimisión”. ¿Quiere esto decir que don Luis María Anson piensa que el señor Camps se ha vendido por cuatro trajes? En absoluto. Casi nadie razonable y de buena voluntad cree tal cosa. La cuestión es otra. Lo hemos escrito muchas veces en esta columna. El asunto tiene que ver con la ética –y la estética- del sistema democrático. Cada modelo de gobierno demanda un tipo de virtudes, como nos enseñaron Aristóteles y Maquiavelo. Y el gobierno democrático se basa en la responsabilidad, se ejercita rindiendo cuentas y se proyecta con una imagen transparente de probidad, austeridad y decoro republicanos. A estos efectos, lo de menos es que exista o no la rebuscada figura del cohecho pasivo. Lo relevante aquí es que todo el asunto de los trajes –dejando ya a un lado afirmaciones falsas que también exigirían la dimisión- es impresentable. Quiere decirse que no tienen un pase frente al soberano: el ciudadano.

Y el contribuyente, que es el dueño de la caja, no está para “trajes” de los políticos. Ni tampoco para los automóviles de alta gama que hemos descubierto en Castilla-La Mancha, ni para Visas Oro que proliferan en demasiadas administraciones. Por eso, la dimisión del señor Camps debería servir de ejemplo a propios (en la misma Valencia) y a extraños (de Mercasevilla o del caso “Faisán”). En democracia no hay secretos. Es transparencia e información para que todo lo público termine por conocerse.