II- Julio de 1936, 75 años después: nunca más

Los socialistas del poder y sus socios nacionalistas se sienten libres de cualquier hipoteca del pasado. Han nacido a la vida, al menos a la vida política —le gusta repetir al Presidente del Gobierno- en democracia: un sistema que interpretan como un suceso radical, incondicional y absoluto. En general, están lejos de entenderlo como un proceso largo, complejo, sujeto a dificultades, retrocesos y amenazas. Un proceso resultado, sobre todo, de una filosofía fundacional: la idea de construir un sistema limitado para articular la discrepancia en función de la mayoría (que surja de un pacto de reglas fijas para respetar resultados inciertos), la cual, empero, sabiéndose efímera, gobierna preservando —que no liquidando- a las minorías.

Un conjunto de reglas, controles y equilibrios no es un instrumento adecuado para la ingeniería social y política. Y precisamente la instrumentación del sistema fue el problema filosófico con el que demasiados republicanos y socialistas de los años treinta trabaron ab initio el ilusionante proyecto republicano. Ya nos lo explicó el profesor Macarro en su día: la República de 1931 no se identificaba con —ni se proyectaba como albergue de- la democracia, sino con la reforma social, económica o política. Un habitáculo común pide construirse con preposiciones que apoyen proposiciones en o donde quepa toda la ciudadanía. Para es una preposición mal elegida. Azaña, en un desliz freudiano y tautológico, e involuntaria confesión de parte, se refería a las leyes sociales de “la República” (sic), identificando un programa social y económico, muy determinado —el del Frente Popular- harto discutible y discutido, con la Constitución y el régimen republicanos. Así pues, el cambio de régimen (la República) y de sistema político (la democracia), que no eran asuntos ni fáciles ni banales, arrancaron lastrados por un error filosófico considerable.

Desde una perspectiva política tal, no es sorprendente que la nacionalización del régimen republicano y el arraigo del sistema democrático cedieran importancia ante los grandes programas de (sobre todo) la izquierda republicana y de los socialistas: estado laico, con estricta separación de Iglesia y Estado, extensión y monopolio estatal de la enseñanza, reforma, modernización y subordinación del Ejército al poder civil, autonomía limitada para determinadas regiones, impulso de las obras públicas, en especial las hidrológicas, y redistribución de la propiedad agraria. Mucho de este programa era compartido desde tiempo atrás por buena parte de la opinión liberal española y algo del mismo hasta por los conservadores. Las diferencias entre conservadores y liberales, de un lado, y el jacobinismo republicano y los socialistas, de otro, no estaban tanto en el programa como en el método; pero, sobre todo, en la intensidad, ritmo, talante con que se aplicó y, muy especialmente, en considerar dicho programa como si de una verdad revelada o la parte no escrita de la constitución se tratara.

Como en tantas cosas, y entre tantos republicanos, el modelo era la III República Francesa. Pero, resulta revelador que los republicanos españoles, en el mimetismo de la República vecina, decidieran comenzar por las políticas radicales de la primera década del novecientos. Incluso en sus orígenes, los difíciles comienzos de la République des Ducs (D. Halévy) no despertaron más que desprecio entre los exiliados de primera época. Ruiz Zorrilla declaraba a un “amigo” —a la sazón confidente de la policía francesa- que la República Francesa era de risa. Sin embargo, el hecho incontrovertible es que aquella República “de risa” duró setenta años y la República jacobina española, cinco. La cuestión es que, en el horizonte de los republicanos españoles de los años treinta, parecen ausentes los largos y cautelosos años de la instauración de aquella república francesa, sin nombre y sin republicanos, que decía Thiers, administrada por prudentes gobiernos orleanistas, a quienes importaban mucho más las instituciones que el régimen. Una estrategia a la que acabó por sumarse la izquierda radical, con su política legalista (Gambetta), de paz, trabajo y orden (Spuller), en el convencimiento de que sólo reculando terminaría por afianzarse la República. Una política oportunista (J.-M. Mayeur), que Gambetta llamaba de concentración y que, en Francia, llevó, por la puerta de atrás, a la consolidación de una república hecha a golpe de transacciones (Renouvier). Una república conservadora, a ojos de Thiers, de veinticuatro millones de propietarios campesinos, o -en palabras de la izquierda- una república de farmacéuticos y veterinarios (Saint-Valery), esas nuevas capas sociales, que decía Gambetta, para evitar hablar de clases (R. Rémond).

Buenas ideas, mejores planes y reformas necesarias se marchitaron en España por el ademán hosco y el ánimo vengativo de su implementación. Alguna de tanta trascendencia y oportunidad como la militar tuvo consecuencias negativas, letales a la postre para el nuevo régimen, por su desafortunada presentación, a pesar de haber sido bien intencionada y mejor pensada. Azaña era un buen conocedor de temas militares, de los ajenos y de los propios. Su desiderátum era el ejército de la III República. Pero su política de nacionalización del Ejército estuvo muy alejada de la de Thiers que empezó por aplicar una purga sangrienta, acaudillando la represión de la Commune y exaltando el militarismo, como droga para republicanizar al ejército bonapartista.

Tradiciones militaristas y golpistas no faltaban en el Ejército español y entre la izquierda en general, republicanos incluidos. Eran tradiciones y métodos de los que, con bastante buen sentido, los republicanos de la generación de Azaña habían sabido distanciarse y vacunarse tras el golpe de 1923. El problema fue que el despego intelectual ante prácticas tan rudimentarias les hizo olvidar el halago y el marketing que sus proyectos requerían, precisamente para republicanizar y, de resultas, reducir el Ejército a un instrumento de la política nacional. De tal suerte, que la hazaña de Azaña (Ortega) no se percibió como una modernización, cual era su propósito, sino como una depuración del Ejército, que fue su resultado. De forma tal que el Ejército no se sintió republicanizado sino discriminado. Al contrario que sus correligionarios franceses -que, hasta el día de hoy, poblaron el callejero de París con los nombres de las batallas y de los mariscales de Napoleón- los republicanos y marxistas españoles no perdieron ocasión de vejar y, desde Febrero de 1936, agredir a los militares de carrera, ni dejaron pasar la oportunidad de organizar células pseudo-revolucionarias entre las clases de tropa y los suboficiales, mucho más disfuncionales como pretextos de sublevación que eficaces como instrumentos de revolución.

Escéptico de la formación y capacidad técnicas de los militares españoles, Azaña despreciaba además su operatividad como instrumento de subversión política. La sencilla desaparición de la Dictadura de Primo y el fiasco de la “sanjurjada” en 1932 terminaron de convencerle que la era de los pronunciamientos era una reliquia del pasado, reafirmándole en una pobre idea del gremio militar en su capítulo español. Por su parte, la generación anterior, que había vivido el culatazo que produjo el sexenio revolucionario (1868-1874) y visto como el grueso del cuerpo de artillería del ejército constitucional se había pasado a los facciosos, como rechazo a la anarquía imperante, también había salido escaldada de asonadas militares que terminaban ofreciéndose —en palabras de un agregado militar francés- como bomberos de la revolución que su propia indisciplina había desencadenado antes. Pero vivió persuadida que una cosa era el despreció intelectual que le inspiraran los métodos cuarteleros de los republicanos zorrillistas y su séquito de militares golpistas y otra muy distinta subestimar su riesgo. Por eso sobrevivieron prevenidos y consideraron, ya con el sol a la espalda, que el golpe de Primo de Rivera (1923) era —hablaba Maura poco antes de su muerte (1925)- un salto en las tinieblas, funesto por las consecuencias que había de tener. Como la Reina Cristina, Maura y los viejos políticos creían que la estocada a la Constitución en 1923 produciría el destronamiento de Alfonso XIII y el fin de la Monarquía; una República; luego el caos; y después, claro, los militares —le vaticinó a su hijo Miguel, futuro ministro republicano de Gobernación.

El tenebroso augurio no tenía porque haberse producido. Sin embargo, la generación de la República creía que habían fracasado sobre todo ciertos métodos (Azaña) de pacto y conciliación. Y de este modo fue como, en los años treinta, espíritu de tolerancia y estilos civilizados de transacción, hábitos de negociación y voluntad de pactos se convirtieron en métodos fracasados y, el consenso, en pasteleo. Habrá —advertía Azaña en 1923- que restaurar en su pureza las doctrinas y acorazarse contra la transigencia. La intransigencia será el síntoma de honradez. De tal suerte, que sectarismo —otra vez Azaña en confesión de parte- e intransigencia no faltaron en el nuevo régimen.

Fuera ya de lecturas del pasado, ambas características flotaban en el ambiente viciado, radicalizado y brutalizado de una Europa de entreguerras, asfixiada por la depresión del 29 y debatiéndose entre el bolchevismo y el fascismo. La facilidad con que cayó la Dictadura de Primo y la suavidad con que se desvaneció una monarquía milenaria convenció a los políticos republicanos, carentes la mayoría de experiencia de gobierno, que nada había que transar: cualquier utopía era alcanzable, cualquier sueño realidad. La República, en efecto, llegó con la alegría de fiesta primaveral y despertó legítimas esperanzas de optimismo, modernidad y cambio. Quizá excesivas. Porque la República tuvo demasiado de exaltación milenarista y proyecto regeneracionista, cimientos poco recomendables para estabilizar un régimen. Se le exigió más de lo que ningún sistema político puede razonablemente proporcionar.

Las elecciones generales de 1931 cogieron a la opinión conservadora desorganizada, con los viejos partidos maltrechos tras la Dictadura y pobremente equipados para competir en el nuevo sistema electoral de escrutinio de lista. Por eso quizá, las elecciones de junio —a pesar de haber sido las más limpias celebradas hasta entonces y marcar un mojón democrático en la historia de los comicios españoles- escogieron unas Cortes constituyentes legítimas pero sólo parcialmente representativas de la realidad del país, en la medida que la extensa opinión conservadora existente apenas aparecía reflejada. El resultado fue una Constitución-programa más, de partidos —de izquierda republicana y obrera- que de régimen consensuado. Por fin España tiene una Constitución de izquierdas, fue la reveladora exclamación del profesor socialista Jiménez de Asua. De esta suerte, aquel régimen nació sin ese plus de estabilidad que, a decir de Kelsen, es la esencia de la norma normarum. Sobre todo, la numerosísima opinión católica de la época —que no era precisamente suave ni fácil de apaciguar- quedó barrida del texto constitucional. Aunque, para el arraigo del nuevo régimen, lo peor fuera la lectura radical que jacobinos y marxistas hicieron del escrutinio. Confundiendo el país electoral con el país real, consideraron que España estaba lista para un experimento progresista radical. Y, en lugar de nacionalizar la República, la patrimonializaron, impidiendo la entrada de nuevos jugadores que no comulgaban con el breviario jacobino-socialista. Les pareció hacedero liquidar lo que ellos consideraban como cuatro siglos de conservadurismo y atraso en cuatro años de legislatura. Los gobernantes republicanos demostraron una ansiedad impaciente. Como los jugadores de bolsa arriesgados, descontaron el dividendo antes de cotizarse. No seleccionaron sus objetivos ni espaciaron el enfrentamiento con los grupos de interés afectados. De prisa, deprisa y todos al tiempo: Iglesia, Ejército…

Y también los terratenientes. La reforma agraria se pensó como receta para resolver el problema social del mezzogiorno español, al tiempo se creaba una clase social de pequeños propietarios republicanos. La redistribución de la tierra -un eco de la arcadia feliz de la primera república romana, idealizada por Tácito para criticar al imperio, e imitada por los revolucionarios franceses fino il setecento para pagar sus ejércitos- fue retomada en los países de Europa oriental, en torno a la Gran Guerra, siendo también una de las reformas centrales de la Revolución Mexicana, donde ocasionó un desaguisado económico cuyas secuelas han penalizado a la república azteca hasta el presente. En España, el experimento tampoco salió mucho mejor. De hecho, apenas arrancó: sólo el 2,5% de la propiedad agraria cambió de manos. Y, lo poco que se hizo en el campo, fue más bien desastroso. Ya en plena Guerra, Azaña cortó un arrebato isidoriano de Negrín sobre la Iberia ubérrima señalándole que, en general, era tierra apta sólo para criar alacranes. Asentamientos masivos —que constituían el imperativo social- exigían parcelaciones menores de 6 Has., económicamente ruinosas, al depender de un suelo pobre en capa vegetal y con un régimen de lluvias escaso y mal repartido, como era la generalidad del caso español. Los jornaleros “reformados”, con más sentido común que los reformadores, vendían los aperos, abandonaban las parcelas, invadían fincas, impedían la mecanización e imponían a los atemorizados propietarios el cultivo forzoso con salarios inflacionarios. La catástrofe trágica de la Guerra ocultó el descalabro económico que se avecinaba: la cosecha de 1936 no hubiera pagado el costo de producirla a los precios desbocados que una gestión política descontrolada y sectaria era incapaz de embridar.

Sin embargo, no fueron los enemigos que se granjeó el régimen -ya fueran terratenientes o católicos- por sus fracasos en el campo o sus aciertos en las aulas el factor determinante del desastre. La República sobrevivió incluso una sublevación en 1934 (con un saldo de 1500 muertos), organizada por una parte principal de los partidos que la habían proclamado y una represión indiscriminada, a la par que poco efectiva (que encarceló a 15000 personas sin inhabilitar políticamente, empero, a sus dirigentes y conspiradores). Ni siquiera una creciente ola de violencia política, que en cinco años causó 2300 muertos (cerca de 400 de ellos en los cinco meses de Frente Popular), terminó de anegar la República. Fue el sectarismo lo que acabó con aquel régimen: la percepción que en 1936 se apoderó de una parte sustancial de la sociedad española de que las instituciones del Estado habían pasado a ser patrimonializadas por un gobierno que no era neutral en el ejercicio de sus funciones administrativas y que se confesaba beligerante. Contra el fascismo, se declaró, en efecto, el Presidente del Consejo. Y el dirigente socialista Largo Caballero se encargó de aclarar el significado y extensión del término, asegurando, pocos meses antes de la Guerra, que al Dr. Marañon había que buscarle en las listas de fascistas. Además de pavimentar la tragedia, este tipo de palabras como puños (F. del Rey) terminaron por conseguir el cumplimiento de la profecía, a medida que una parte considerable de la población, quizá mayoritaria entre las clases medias, se fue convenciendo que el gobierno hacía dejación de sus responsabilidades en el mantenimiento del orden público: atentados diarios, iglesias incendiadas, propiedades destruidas, fincas invadidas, sedes de los partidos de la oposición asaltados… El British Auto Club comunicó a sus miembros que la extorsión que se practicaba en las carreteras en nombre del Socorro Rojo Internacional —que detuvo nada menos que al automóvil del Presidente de la República- hacían inseguros los viajes por España.

Pero más que las acciones, fueron las omisiones y las discriminaciones las que terminaron por arruinar el crédito de autoridad del gobierno entre amplios sectores de la población. El respeto a la ley —aseguró Joan Ventosa en un debate parlamentario famoso y dramático- no se imponía a todos por igual. Y, en efecto, es un hecho difícil de refutar que la represión, aunque a menudo merecida, iba siempre dirigida contra falangistas y derechistas. Incluso cuando los desmanes y atentados, como era aún más frecuente, provenían de la izquierda revolucionaria, se volvía a detener a los falangistas. El magnicidio de Calvo Sotelo no originó una conspiración que llevaba tiempo gestándose pero “ejerció un efecto eléctrico” (Payne), actuando como “catalizador para transformar” un golpe desorganizado, y sólo parcialmente apoyado, en “una poderosa rebelión”. Cuando fueron revelados sus detalles —reconocería después un oficial leal a la República- la reacción fue tremenda. Porque Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición y diputado con inmunidad parlamentaria, fue secuestrado en su casa —y asesinado después en una camioneta de la guardia de asalto- por una banda heterogénea, carente de unidad orgánica, de guardias de asalto, policías y guardias civiles fuera de servicio, acompañados de activistas socialistas y comunistas, en un rôle, que empezaba a ser frecuente, de hilfspolizei estilo nazi. Para demasiados, aquello fue como un fogonazo que iluminaba la descomposición del Estado, tras meses de un manejo sectario y arbitrario. El gobierno apenas reaccionó, salvo ordenar “otra ronda” de arrestos de falangistas y derechistas. Era más de lo que muchos estaban dispuestos a soportar: el creciente déficit en un capital de legitimidad que estaba siendo aceleradamente consumido por la impunidad terminó por precipitar, con la ruina de la legalidad, una rebelión cívico-militar de proporciones pavorosas. Es posible suscribir el razonamiento, y condena, del alzamiento de Azaña y Prieto, en términos de que produjo un mal (la guerra) infinitamente mayor que aquel con el que querían acabar (el gobierno Frentepopulista), reconociendo al tiempo que una parte muy importante del país se alineo con -y apoyó a- Franco.