Rajoy propone aplazar el pago de la deuda de las CCAA

Las comunidades autónomas del Partido Popular pedirán mañana al Gobierno que permita devolver la deuda contraída con el Estado por anticipos a cuenta en un plazo de diez años, pues así se aliviarían las necesidades de financiación de unas autonomías afectadas en su mayoría por un alto nivel de déficit.

Los barones del PP consideran que la situación de las comunidades se caracteriza por una crisis de ingresos y por "la asfixia del sector público", y por ello, tal y como afirman en una declaración suscrita hoy, son apremiantes nuevas medidas que permitan que las arcas autonómicas dispongan de más recursos.

Para ello, según han acordado los barones durante la reunión que han celebrado en la sede del partido en Madrid con Mariano Rajoy, proponen soltar menos liquidez al Estado debido a la moratoria del pago de la deuda contraída durante 2008 y 2009, y al mismo tiempo, recibir un porcentaje mayor de la liquidez total que se recoja en los anticipos a cuenta previstos por el Ejecutivo.

Como el PP dice que es el Gobierno el responsable de la deuda de las comunidades, sobre todo porque en esos años de 2008 y de 2009 dio un dinero que no se estaba recaudando, es el Gobierno el que, en consecuencia, ha de reparar este "problema de liquidez".

Así que además del aplazamiento del pago de la deuda, que los populares aumentan en cuatro años al ya establecido de seis, las regiones que gobierna el PP piden que el Estado regule un mecanismo de concesión de avales de la deuda autonómica.

En vez de estar cada una compitiendo entre ellas, y con diferentes tipos de interés, el partido de Rajoy quiere homogeneizar el sistema con esos avales estatales, que no se darían en cualquier caso, sino tras un análisis previo de adónde irán a parar los fondos y sólo para aquellas comunidades que cumplan la estabilidad presupuestaria y se ajusten a los techos de déficit.

El Consejo de Política Fiscal de mañana es un evento que el líder del PP considera "muy importante", pues está en juego la salud financiera del sector público autonómico. Rajoy lo venía reclamando desde la victoria en las elecciones del 22 de mayo.

En el PP se afronta la cita de mañana desde una posición de fuerza, como reconocen en la organización, ya que nunca antes había acumulado tanto poder territorial: de los 17 consejeros económicos que asistirán mañana, incluidos los de Ceuta y Melilla, trece son del Partido Popular.

La dirección nacional del PP y los barones regionales sostienen en su declaración conjunta que la actual crisis fiscal y el nivel de gasto público no se subsana mediante subidas de impuestos, pues ello perjudicaría el crecimiento económico a largo plazo, sino a través de "una reforma institucional del sector público" que delimite qué competencias asumen qué administraciones.

Es apremiante, precisan, una norma nacional que haga obligatorio el objetivo de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones, fijar los compromisos de gastos para los próximos años y penalizar, por irresponsables, a quienes incumplan la disciplina en el presupuesto, por ejemplo mediante la acumulación de "facturas en el cajón" sin pagar.

Urge también la redacción de un programa a cuatro años de reducción del gasto corriente, lo que incluirá, entre otras medidas, menos publicidad, menos coches oficiales, menos teléfonos móviles y ahorro energético.

Sin incidir mucho en ello, el PP aboga, a su vez, por cambiar la financiación local y el sistema sanitario, y por garantizar las inyecciones presupuestarias de la Ley de Dependencia.

Aunque les ha granjeado muchas críticas, los populares seguirán contando "la verdad" de las cuentas públicas.

El PP completará las auditorías en septiembre o en octubre, y arrojarán los datos de lo que en ellas figure a la opinión pública.

Para los populares, ese "ejercicio de transparencia riguroso" "ayudará a mejorar la imagen de España".

Antes de reunirse con sus presidentes autonómicos, Rajoy ha inaugurado un curso de verano de la Universidad Complutense en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.

Allí ha afirmado, más allá de su apuesta por otra política económica que restablezca la confianza en España, que "algunos de sus ministros habrán de estar más tiempo en Bruselas que en Madrid", toda vez que las relaciones europeas serán prioridad de la nueva diplomacia española que él implante si gana las elecciones.

Ha añadido que el Gobierno actual "ya no tiene la más mínima utilidad", por lo que es necesario el adelanto electoral.

Hacienda contesta afirmando que el plazo actual es "generoso"
El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas sobre la devolución de los adelantos a cuenta ya es "generoso", y ha dicho que "no hay razón" para volver a aplazarlos, como ha avanzado el presidente del PP, Mariano Rajoy, que pedirán el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) los consejeros autonómicos.

En rueda de prensa, López Carbajo prefirió esperar a ver si mañana se pone finalmente dicha propuesta sobre la mesa, si bien recordó que ya se acordó aplazar un año el pago de esas deudas y enfatizó que las comunidades tienen desde ese momento hasta cinco años para liquidar.

Así pues, López Carbajo añadió que las normas de pago ya "están en la ley" y que cuando la liquidación el positiva el Estado paga "a toca teja", mientras que las comunidades tienen hasta seis años, por lo que no habría por qué introducir cambios: "Me parece que no hay razón para modificar el sistema".

Así pues, apuntó que la liquidación negativa aplazada de las comunidades alcanzó los 18.736,46 millones de euros en 2009, pero que tras la moratoria las comunidades podrán empezar a devolver los adelantos en 2012.

Según añadió, este saldo negativo en 2009 se explica no por un mal resultado de la reforma de la financiación autonómica, sino por una caída de los ingresos tributarios autonómicos superior al previsto, que provocó que las aportaciones anticipadas elevarán el saldo negativo de dichas comunidades.

Optimismo sobre la regla de gasto
Otro de los asuntos que se tratarán el miércoles en el Consejo será la propuesta del Gobierno para que las comunidades asuman la regla de gasto establecido para el Estado. Al respecto, López Carbajo se mostró prudente y prefirió a esperar a que "transcurra" la reunión.

Si bien, consciente del renovado peso del PP en el seno del Consejo, el secretario de Estado de Hacienda mostró su deseó e incluso confió en que los consejeros 'populares' muestren una "actitud positiva" y "responsable". "Todos nos jugamos mucho", dijo para añadir que también es de esperar que los planes de reequilibrio de algunas comunidades autónomas también puedan aprobarse mañana.