¿Qué hace Bermúdez para salvar a Rubalcaba del 'Faisán'?

El caso 'Faisán', en el que se investiga el presunto chivatazo policial a la banda terrorista Eta y en el que están implicados altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía y de la lucha antiterrorista, va camino de convertirse en uno de los culebrones electorales de cara a los próximos comicios generales.

Eso si el juez Javier Gómez Bermúdez no logra desviar el caso y sigue echando un cable dentro y fuera de los juzgados a Alfredo Pérez Rubalcaba, ex ministro del Interior y, en el momento de cometerse el presunto chivatazo, máximo responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La última 'manita' del magistrado al candidato del PSOE a las próximas elecciones generales ha sido la de aceptar a trámite los recursos de los tres mandos policiales implicados en la trama del 'Faisán', el director general de la Policía, Víctor García-Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros, y que la causa sea elevada al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debido a "su complejidad e importancia jurídica".

La decisión de Bermúdez ha levantado ampollas entre sus compañeros de profesión, ya que previamente el juez Pablo Ruz había desestimado dichos recursos. De este modo, la jugada del juez Bermúdez ha posibilitado que la causa contra los mandos policiales pase de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que los recursos de los implicados serían valorados por tres magistrados (dos conservadores y uno progresista), al Pleno de la misma, integrado por 18 jueces.

Cabe resaltar que, como bien sabe Bermúdez, la mayoría del Pleno no comparte los indicios de culpabilidad que sí ha visto el juez Ruz y que han sido avalados por la sección tercera de la Audiencia. Además, de la sección que queda apartada forma parte Enrique López, ex vocal a propuesta del PP en el Consejo del Poder Judicial y que fue el ponente de la primera resolución en la que el chivatazo fue considerado colaboración con organización terrorista, en febrero del año pasado.

De este modo, el cambio de sala por parte de Bermúdez no es baladí, puesto que, de prosperar los recursos presentados por la defensa, los mandos policiales no serían juzgados en la Audiencia Nacional por un presunto delito de colaboración con banda armada, tal y como tenía previsto el juez Ruz, sino por revelación de secretos oficiales, cuya instrucción se trasladaría a los Juzgados de Irún.

En el primer caso, se enfrentarían a una pena de hasta diez años de cárcel. En el segundo, la Audiencia Nacional perdería el caso al no ser competente en la instrucción del caso y las penas serían notablemente menos duras.

Según han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional, la decisión sobre los recursos presentados por García-Hidalgo, Pamiés y Ballesteros, que tiene serias opciones de favorecerles, no se tomará nunca antes del verano y podría incluso coincidir con la precampaña o la campaña electoral, en el supuesto caso de que los comicios se adelantaran a otoño.

Esta favor no es el último que se hace Bermúdez y Rubalcaba. Ya en 2007, el magistrado decidió cambiar en el último momento la sentencia del 11-M retirando dos tesis contrarias a la versión oficial ta y como, entre bambalinas, rogaba el ex ministro del Interior, que soñaba con dar carpetazo al asunto y que ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad se viese salpicado.

Por su parte, el candidato socialista no esconde su especial predilección por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha condecorado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y las medallas al mérito penitenciario y policial.