La recuperación, cada vez más lejos

El Banco de España ha publicado su Informe trimestral de la economía española, en el que toma nota (a la espera de que lo confirme Economía) de un crecimiento de abril a junio del 0,2 por ciento, por las tres décimas que creció en los tres primeros meses del año. En tasa interanual, ese crecimiento es de 7 décimas, mientras que la tasa interanual del primer trimestre fue del 0,8 por ciento. El BdE lo llama “moderada recuperación”. Pero parece más ajustado cuando dice: “La información disponible sobre el segundo trimestre sugiere un debilitamiento de la actividad, en un entorno marcado por el agravamiento de la crisis de la deuda soberana en la zona del euro”. Y precisa: “Por el lado del gasto, la desaceleración de la actividad se habría producido como consecuencia del retroceso de la demanda nacional (–1,9 por ciento en tasa interanual), más pronunciado que en el trimestre anterior, mientras que la demanda exterior neta elevó su aportación positiva, hasta 2,6 pp”.

Seguimos sin ahorrar pese a que las circunstancias lo aconsejan: “Se estima que el consumo de los hogares repuntó solo levemente en el período de abril-junio, en un contexto en que el valor del patrimonio de las familias volvió a descender, al igual que lo hizo su renta disponible”. Y, en consecuencia, “la tasa de ahorro siguió ejerciendo un papel estabilizador del gasto y disminuyó de nuevo en el primer trimestre, hasta situarse en el 12,2 por ciento de la renta disponible en términos acumulados de cuatro trimestres, nivel cercano a los valores previos a la crisis”. Con todo, “se observa una contracción de la deuda de las familias, cuyo nivel se redujo un 1,1 por ciento en términos interanuales, como resultado de un descenso superior al de meses anteriores de los fondos para consumo y otros fines y del leve descenso de los destinados a la adquisición de vivienda”.

Para el órgano regulador, no sólo la recuperación es débil, sino que está al albur de las repercusiones globales de las tensiones en los mercados de deuda. Vemos cómo lo que crecemos se lo debemos al mercado exterior, y éste puede resentirse si la situación financiera de los países del euro sigue deteriorándose. La recuperación, en lugar de estar más cercana, parece ir alejándose.

En su informe, el BdE habla de un “debilitamiento de la actividad industrial”. Precisamente este viernes se ha conocido otro dato que hermana a las economías de Italia y España. En los dos países ha habido una inesperada caída en la producción industrial. Descontados los efectos del calendario, esta rama de la producción cayó en junio un 0,6 por ciento en Italia, cuando los expertos creían que subiría un 0,1 por ciento. Esto deja el crecimiento interanual del segundo trimestre en un 1,5 por ciento. En España ha ocurrido algo parecido. Si se elimina el efecto calendario, es decir, la diferencia en el número de días hábiles que presenta un mes en los distintos años, la variación interanual del IPI en el mes de junio es del –2,0 por ciento, dos puntos inferior a la registrada en mayo.

¿Y qué hacer en una situación así? Introducir reformas. Verdaderas reformas. Ya. Nos lo dice, y muy clarito, el comisario de Economía de la Unión Europea, Olli Rehn, quien ha exigido al Gobierno español a poner en marcha "tan rápido como sea posible". Quien se ha apresurado es Mariano Rajoy, pero no en poner en práctica las reformas, pues no es esa su responsabilidad, sino en anunciarlas. Dice que tendrá listo un presupuesto en marzo de 2012. Previsiblemente se prorrogará el actual, por lo que él tendrá que rectificarlo ya iniciado el nuevo presupuesto. Ha dejado caer en los mentideros que hará un recorte de 20.000 millones de euros en gastos. Es una cifra importante, pero no está claro que sea suficiente.

A eso sumará tres medidas concretas, que ya nos suenan: 1) una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para establecer un techo de gasto a todas las Comunidades e imponer así el cumplimiento del objetivo de déficit, 2) una Ley de Emprendedores que apoye a las pymes con una rebaja del 5 por ciento en el impuesto de sociedades y 3) una Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas. No es que esté mal, pero parece claramente insuficiente.