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El gasto de las Administraciones y el estado del bienestar

lunes 15 de agosto de 2011, 09:22h
El cierre del sector farmacéutico en Castilla-La Mancha reclamando a la Junta castellano-manchega, presidida por María Dolores de Cospedal, ha acaparado los titulares periodísticos debido al impago a las farmacias y a las singularidades políticas que en él concurren, pero, sin duda, no se trata de un caso aislado ni tampoco es el más grave. La huelga convocada por el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha en defensa de sus justas reclamaciones, ha dejado entre la espada y la pared al nuevo Gobierno autonómico, que se ha encontrado con las arcas más que vacías por la irresponsabilidad del ex presidente José María Barreda, que compró sin límites y se marchó sin pagar las facturas. El impago aquí asciende a 125 millones de euros. Una pequeña parte, pues, de la descomunal deuda que las Administraciones deben a todo tipo de empresas, calculada en más de 50.000 millones de euros.

La morosidad procede de todas las Administraciones y no posee un único color político, sino que abarca a la totalidad de las formaciones. Los sectores más castigados se encuentran en las empresas para la ejecución de obras públicas, con un impago de más de 15.000 millones de euros, y los trabajadores autónomos, con otros tantos 15.000 millones, seguidos, entre otras, por la industria farmacéutica, las empresas de recogidas de basura y las de limpieza. La deuda de las Administraciones ha provocado ya una situación dramática con tintes más que angustiosos. La quiebra de los autónomos y la bancarrota de innumerables pequeñas y mediadas empresas origina buena parte de la escandalosa e insostenible cifra de paro en una hemorragia que parece no tener fin.

En gran medida, la circunstancia actual proviene de no haber diagnosticado correctamente y a tiempo los problemas, y no haber tomado las resoluciones oportunas con suficiente antelación. Pero a la vez, parece que no toda la ciudadanía ha asumido aún que la solución del problema –y, por tanto, la recuperación del empleo-, pasa por autolimitar durante el tiempo que sea preciso las dimensiones del actual estado del bienestar. Hay recursos prioritarios que deben ser intocables, pero precisamente para mantenerlos, se requiere un consenso racional sobre numerosos ámbitos de ese estado del bienestar, que es urgente podar o recortar. Porque si no ahorramos prescindiendo de parte de él, estaremos abocados a una quiebra y nos quedaremos, finalmente, sin absolutamente nada de ese estado del bienestar que tanto valoramos.
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