Un Gobierno espasmódico

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de un Gobierno pausadamente saliente, cierra su mandato con el mismo tono que ha caracterizado toda su etapa, sobre todo desde que la crisis golpeó nuestra economía y nuestra sociedad. Es un tono espasmódico. El Ejecutivo responde al agravamiento de las circunstancias con movimientos convulsos, que en la mayoría de los casos no proceden ni de una reflexión ni de un estudio profundos que analicen en su complejidad las causas del estado de la economía ni de un planteamiento siquiera a medio plazo de las consecuencias de sus políticas para los distintos sectores económicos y sociales afectados.

El último Real Decreto-Ley, que se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que hoy se ha presentado en el Congreso para su convalidación, es un clarísimo ejemplo del modo espasmódico de gobernar de este Gobierno. Dos de las medidas adoptadas —la rebaja del IVA en la compra de vivienda nueva y el adelanto de los pagos del impuesto de sociedades— son de una preocupante improvisación en una materia como la fiscal que requiere perspectiva y claridad a largo plazo para que empresas y ciudadanos puedan gestionar sus inversiones. Además, contradicen fuertemente el tan cacareado empeño de transformar el modelo productivo español, pues apuestan nuevamente por el ladrillo y retraen capacidad de inversión en I+D+i de las empresas.

Otra de las medidas, la enfocada a reducir el gasto farmacéutico, es necesaria y, en mi modesta opinión, acertada, aunque llega tarde y resulta chocante con la oposición acérrima que el Gobierno mostró hace sólo unos meses —y tiene un recurso presentado ante el Constitucional— contra el mismo objetivo perseguido por la Ley gallega de Sanidad que, como el actual Decreto-Ley, se encamina al uso de medicamentos genéricos cuando estos son financiados con fondos públicos.

El Decreto-Ley persigue cumplir el objetivo de que el déficit del Estado no supere el 6% a final de año. Que a estas alturas del curso político y con unas elecciones anticipadas preconvocadas se tenga que publicar en el BOE una norma de este calado, recurriendo a una excepcionalidad tasada en la Constitución, muestra que las previsiones económicas del Gobierno no se han cumplido y que sus anteriores políticas han fracasado porque, frente a las reformas estructurales necesarias y a los planes serios con previsiones a corto, medio y largo plazo, el Gobierno ha preferido ir llevando a la Cámara políticas puntuales y cortoplacistas que parcheasen las cuentas macroeconómicas y respondiesen así a las presiones de los mercados y de la Unión Europea. Hoy Zapatero ha anunciado en el Congreso una reforma de la reforma laboral por medio de un nuevo Decreto-Ley que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes. Y no parece mal enfocada, según lo expuesto, pero el problema es la falta de un planteamiento general que ofrezca perspectivas claras a la sociedad.

Cumplir el objetivo del déficit público es sensato, pero la cuestión es cómo se consigue. Resulta especialmente imprudente que se pida, en el octavo mes del año, a las empresas que facturan más de 20 millones de euros anualmente —unas 3.900— que adelanten al Gobierno 2.500 millones como pagos a cuenta del impuesto de sociedades que tocaría liquidar el próximo año, cuando estas empresas han preparado sus presupuestos teniendo en cuenta la legislación fiscal vigente. Si algo requiere la economía, es una legislación clara, unas normas que no varíen de un día para otro. Medidas como ésta dan una imagen poco seria del país y pueden desincentivar las inversiones empresariales en un momento en que la deslocalización es un problema muy grande.

Esta medida contribuye a cuadrar las cuentas públicas de este año a costa de descuadrar las de las grandes empresas y no prevé las consecuencias que esto pueda traer. Se detrae dinero que está en manos de las grandes empresas —si es que lo tienen y no tienen que pedirlo, que ésa es otra— en un momento en que la situación de liquidez de las mismas y de acceso al crédito es complicada con lo que se reducirá la contratación de personal —impidiendo la recuperación del empleo, que sigue siendo el principal problema social— y las inversiones productivas y en I+D+i.

Me parece preocupante también la insistencia que Zapatero y otros líderes del PSOE hacen en que la medida va dirigida a —contra, habría que decir— las grandes empresas. Hay en ello un cierto tufillo de electoralismo, de retórica hueca dirigida hacia un sector que critica genéricamente el sistema de economía de libre mercado sin llegar a entender del todo cómo funciona el mismo. Descargar en las grandes empresas la solución a un problema colectivo, como antes se hizo con la rebaja del sueldo de los funcionarios, no es una manera coherente de gobernar.

Más incoherente resulta aún la rebaja del IVA del 8 al 4% en la compra de vivienda nueva. A primera vista, pudiera parecer que es una forma de apoyar a los ciudadanos que tienen dificultades para acceder a la vivienda. Bien. Tampoco es del todo incoherente facilitar que el enorme parque inmobiliario en poder de los bancos y de las grandes constructoras encuentre salida. Bien, también. Pero si se analiza un poco a fondo la medida se ve su incoherencia. Por un lado, la toma el mismo Gobierno que hace un año subió el IVA en la adquisición de la vivienda nueva de un 7 a un 8% y que después eliminó la desgravación por la compra de vivienda habitual desde el 1 de enero de este año. Ahora, a los que adquieran una vivienda nueva —sea o no habitual y cualquiera que sea su coste— se les premia con una rebaja del 4% en el IVA, mientras que a los casi 100.000 compradores de vivienda que ha habido desde enero de este año —que además han pagado el IVA al 8%— se les deja en el limbo o, mejor dicho, en el infierno, porque ni se pueden desgravar por la compra de la vivienda habitual, salvo que cobren menos de 24.000 euros al año, ni se pueden acoger a la rebaja del IVA. Rajoy ha anunciado hoy en el Congreso que intentará corregir los desequilibrios que esta medida trae si gana las próximas elecciones y que extenderá esta medida por 12 meses más frente a los 4 que plantea el Decreto-Ley —aunque una previsible oposición de las autoridades europeas a esta medida ronda en la cabeza de todos—, pero nadie parece acordarse de estas 100.000 familias habitantes del infierno de la incoherencia de la política zapateril, que han pagado el 8% de IVA en la adquisición de su vivienda y no podrán desgravarse en el IRPF.

Por otro lado, en tanto que esta medida sólo afecta a la vivienda nueva, no se da solución, sino que se agrava, el problema de muchos ciudadanos que no pueden vender su vivienda de segunda mano porque la tendrían que vender por debajo del precio que les costó en los años de la burbuja inmobiliaria y porque los bancos no dan crédito a los potenciales compradores. El problema afecta también a las agencias inmobiliarias dedicadas principalmente a la venta de viviendas de segunda mano que verán reducido su negocio en una situación ya de por sí difícil, y muchas de ellas se verán obligadas a cerrar, como ya lo han hecho por centenares, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. ¿Por qué no se ha extendido esta medida al mercado de segunda mano? Pues parece claro que se quería beneficiar a los bancos y a las grandes constructoras mientras se vende el camelo de que los ciudadanos —lo que es verdad— se beneficiarán de la rebaja del IVA.

Además, no generará empleo ni servirá para reactivar el sector de la construcción sino sólo para que los bancos y las constructoras puedan vender una parte de las viviendas que tienen en una abultada cartera de ladrillos improductivos. Huele a créditos electorales, siento decirlo.