La Policía denuncia el incumplimiento del Gobierno de hasta cuatro leyes orgánicas con el 15-M

Los policías ya no pueden más. Las concentraciones, manifestaciones y actos de protesta convocados sin descanso por el movimiento 15-M desde hace ya más de tres meses están acabando con su paciencia. Más aún cuando desde el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno la consigna no es otra que “ser pasivos, pacíficos y tolerantes con los manifestantes”, explica Alfredo Perdiguero, secretario general de comunicación de la Unión Federal de Policías (UFP), que añade además que tampoco hay órdenes de “disolver e identificar a los que participan en estas concentraciones ilegales”.

En cada acto convocado por los “indignados”, las jornadas de los policías se multiplican, están sometidos a mucha presión y su presencia siempre es respondida con insultos y vejaciones. Todo ello sumado a que “ninguna de las concentraciones ha sido comunicada, ni mucho menos autorizada”, asegura Perdiguero que nombra como excepción la marcha laica que se autorizó durante la visita del Papa, "a pesar de los informes contrarios de la Policía".



Cansados ya de esta situación, el sindicato UFP ha preparado una resolución que este miércoles presentarán en Bruselas durante la reunión de la Eurocop. En dicho informe, tal y como confirma Perdiguero, se denuncia el incumplimiento por parte del Gobierno y la Delegación del Gobierno de Madrid de hasta cuatro leyes orgánicas.

En primer lugar, se incumplió la Ley Orgánica 5/85 del Régimen Electoral General, cuando los manifestantes tomaron las calles en la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas pasadas. También, “los indignados” se saltan de manera sistemática la Ley 9/83 sobre el derecho de reunión, pues sus actos carecen de la autorización necesaria. Dejan de cumplir la Ley 1/92 de Seguridad Ciudadana cuando “se mofan de los policías” y, por último incumplieron el Código Penal al prohibir el acceso de los diputados a las cámaras e impiden el buen funcionamiento de los distintos parlamentos.

Asimismo, los abogados de UFP preparan ya una denuncia contra el anterior ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el actual en el cargo, Ignacio Camacho y la delegada del Gobierno de Madrid, Dolores Carrión, por dejación de sus funciones e incumplimiento de las leyes orgánicas antes citadas.

A juicio de Perdiguero es necesario poner fin a esta situación porque “los policías son humanos y ahora están sometidos a turnos imposibles, mientras nadie sale en su defensa”.