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crónica política

Pataleta de CiU por la reforma constitucional

martes 30 de agosto de 2011, 22:49h
El Congreso de los Diputados ha dado finalmente luz verde a la reforma de Constitución. PSOE, PP y UPN han dado su aprobación a tramitar por vía urgente la modificación de la Carta Magna, que será ratificada el próximo viernes. Por otro lado, sigue dando de que hablar la actuación policial contra la marcha en contra de la visita del Papa a Madrid, en la que varios agentes han sido expedientados por supuestamente haber extralimitado en sus actuaciones. El sindicato ya ha anunciado que va recurrir.
Tal y como estaba previsto, el Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para la reforma “express” de la Constitución con el fin de incluir en ella un límite al déficit público. PSOE, PP y UPN han dado su aprobación a tramitar por vía urgente la modificación de la Carta Magna, que será ratificada en sesión plenaria el próximo viernes. La sorpresa la han dado los parlamentarios de Convergencia i Unió que ni siquiera han llegado a votar al sentirse excluidos en la negociación de la reforma.

El portavoz de los nacionalistas catalanes ha llegado a calificar de “esperpéntico que con nocturnidad y alevosía se haya hecho añicos el consenso constitucional”. Duran i Lleida ha ido más y avisado del “coche de trenes” que provocará el cambio constitucional, además de llevar a “una agresión a la autonomía financiera de las comunidades”. Desde la propia Generalit de Cataluña se ha avisado que el Gobierno autonómico ve la medida como “un ataque al autogobierno” y ha anunciado que tan pronto pueda “aprobará una ley de estabilidad presupuestaria antes que las Cortes dicten a Cataluña cómo debe actuar”.

El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs ha expresado que este “contraaque legal” se debe al hecho de que la reforma de la Carta Magna mengua el margen de maniobra económica de su Comunidad, además de haberse llevado “sin diálogo ni debate entre todos los implicados. Se está despreciando a la Generalitat”.

Fuentes socialistas y populares recuerdan que desde que el presidente del Gobierno anunciara su propuesta de modificar la Constitución, se han mantenido contactos con Duran i Lleida para explicarle el contenido de las negociaciones. En este sentido, los dos partidos mayoritarios han insistido en que intentarán que CiU se sume al acuerdo de aquí al viernes. El vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves, se ha referido a contraataque legal anunciado por la Generalitat ha subrayado que habrá que esperar a “ver qué propone, pero las leyes no las hacen sólo los parlamentos autonómicos, sino también el Congreso”. El número tres del Gobierno ha pedido a los nacionalistas catalanes que abandonen “estrategias electoralistas” y les ha pedido “generosidad y sensibilidad” como lo tuvieron el proceso constitucional de 1978.

Las mismas fuentes también recuerdan que desde el principio de este proceso de reforma, desde la Generalitat ha venido insistiendo en que no aceptaría la imposición de un límite a su déficit público fijado por las Cortes. El Gobierno catalán “no quiere en ningún caso perder su autonomía financiera y su capacidad de endeudamiento, aunque en principio estén de acuerdo en establecer límites al déficit público”.

Y los graves incidentes ocurridos en la marcha del pasado día contra la visita del Papa a Madrid sigue dando de qué hablar. Los enfrentamientos mantenidos por participantes en esa manifestación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, que ha dado como resultado tres agentes de la Policía Nacional expedientados por supuestamente haber extralimitado en sus actuaciones tiene indignados a los sindicatos policiales.

Como se recoge en este mismo diario, la Unión Federal de Policía prepara una denuncia contra el anterior ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, su sucesor, Antonio Camacho, y la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión. A juicio del sindicato, las concentraciones, manifestaciones y actos de protesta que el movimiento 15-M y los “indignados” llevan a cabo desde hace tres meses han violado al menos cuatro leyes orgánicas sin que el Ministerio haya hecho nada al respecto, salvo decir a los agentes que sean “pasivos, pacíficos y tolerantes con los manifestantes”. Según Alfredo Perdiguero, secretario general de la UFP, en las manifestaciones se han incumplido la Ley Orgánica 5/85 del Régimen Electoral General, al tomar los manifestantes las calles en la jornada de reflexión previa al 22-M; la 9/83 sobre el derecho de reunión, puesto que sus actos carecen de la autorización necesaria; la 1/92 de Seguridad Ciudadana, al mofarse, vejar y provocar a los policías; y por último al violar el Código Penal al impedir el acceso de diputados autonómicos, como pasó en Cataluña y Valencia a sus respectivas Cámaras, “impidiendo el buen funcionamiento de los distintos parlamentos”.
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