Los escoltas del País Vasco dicen que ya no sólo temen por la vida de sus protegidos, sino también por la propia

Desde el pasado jueves día 1 de septiembre, el Gobierno vasco ha eliminado la escolta a los ediles que hayan dejado de ocupar cargos públicos y ha reducido de dos a un guardaespaldas la protección para los nuevos concejales socialistas y populares.

Una medida que a juicio del presidente de la Asociación de Escoltas del País Vasco y Navarra, Santiago Fontenla, supondrá “la pérdida de varios puestos de trabajo” y lo más importante “se trata de una medida precipitada y peligrosa tanto para los protegidos como para los propios escoltas”. La situación actual del colectivo es de preocupación, pues los escoltas ya no sólo tendrán que ocuparse de sus protegidos sino que empiezan a temer por su propia seguridad. En un comunicado emitido este jueves por la asociación, los escoltas han asegurado que no están "en condiciones de garantizar la seguridad de nuestros protegidos, sus familias y sus bienes" en las actuales condiciones de trabajo y ha dicho que "responsabilizarán" al consejero de Interior, Rodolfo Ares, de "cualquier desgracia que pueda producirse".

“Estamos ante una decisión política y esperemos que ningún político se vea obligado a asumir responsabilidades”, asevera Fontenla que explica además que hay situaciones en las que un solo escolta no da abasto. Por ejemplo, “ya no podrá haber un escolta en un vehículo con el que se pueda salir de una situación comprometida, ni tampoco un solo escolta podrá cubrir todos los huecos”, dice el presidente de la Asociación de Escoltas y recuerda que “además del tiro en la nuca, existe el terrorismo de baja intensidad que pasa por insultos y amenazas. Terrorismo de persecución que ahora será más difícil de controlar por un escolta que trabaje solo”.



Ante esta reducción, los sindicatos CCOO y CSIF en el País Vasco y la Asociación de Escoltas convocaron una huelga, que estaba prevista desde el pasado miércoles. Los servicios mínimos decretados fueron del 50 por ciento “siempre que, al menos hubiera un efectivo con cada persona objeto de protección”. En palabras de Fontenla, se pretendía que se cubrieran prácticamente “el cien por cien de los servicios” y los sindicatos se vieron obligados a desconvocar las jornadas de paro.

Por ello, además de recurrir ante los tribunales los servicios mínimos decretados, los escoltas vascos estudian ahora convocar movilizaciones "en la calle" para protestar "de forma legal y democrática" por la situación que atraviesa este sector.

Estas movilizaciones irán acompañadas además de una reunión durante las primeras semanas de septiembre con el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, al que le trasladaran su “inquietud” por la actual situación del sector y tratarán de analizar “las posibles salidas” a la reducción de efectivos. Se reunirán con el PP antes porque a pesar de haber solicitado sendas reuniones en junio a los responsables de Interior tanto del Ejecutivo vasco como del Gobierno central, aún no han recibido respuesta alguna.

Fontenla considera esta reunión con Trillo de vital importancia, puesto que “seguramente en noviembre habrá un cambio de Gobierno y queremos empezar a informar sobre nuestra situación y a hacer propuestas de futuro”.

Simulacro de un grupo de escoltas. Efe

Perspectivas de futuro
Además, de las movilizaciones y reuniones, los escoltas tienen planeado buscar nuevas perspectivas laborales fuera de la protección a cargos públicos. Por ello, la Asociación tiene previsto un encuentro este mes con asociaciones de mujeres que han sufrido violencia de género, como Emakunde y la asociación Clara Campoamor, porque creen que “habiendo demostrado el trabajo eficaz con los cargos públicos, podemos hacer un buen papel protegiendo a estas mujeres”. Proteger a las mujeres, víctimas de violencia doméstica, no sólo “encontraríamos una salida para el sector, sino que además se evitarían muchos disgustos”.