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La segunda reforma constitucional

viernes 02 de septiembre de 2011, 21:53h
La crisis financiera global no nos da tregua ni en plenas vacaciones y a finales de Julio volvió a aparecer el fantasma de la recesión, con la crisis de los mercados de deuda soberana, el hundimiento de las bolsas y la ralentización del crecimiento de los países ricos. Una segunda recaída, ahora, tal como se encuentra la convalecencia de la economía mundial, sería mortal de necesidad para el sistema bancario, el Euro y algunas de las economías “ricas”, entre ellas la española. La alarma era, y es, evidente y las incertidumbres que se ciernen sobre nuestras cuentas públicas y los mercados ponen a prueba a toda la élite política y económica occidental. Los mercados han visto en la sostenibilidad de los estados su mayor problema. Pero, mientras los primeros juegan con la ventaja de la flexibilidad de los actores económicos para moverse globalmente y tomar posiciones y decisiones ágiles en función del interés particular de sus beneficios, los segundos se ven constreñidos en sus decisiones por las limitaciones de su soberanía nacional y, sobre todo, el juego de la política. Es este juego, precisamente, el que impele a la clase política a endeudar a los estados (no a ellos mismos), incrementando el gasto para tratar de satisfacer las demandas de los ciudadanos, la cohesión social, el bienestar general o, simplemente, el mantenimiento de sus clientelas electorales, si no sus propias estructuras partidistas. Estas limitaciones y pérdida de soberanía se han agudizado en la zona Euro, sin la contrapartida de un mayor control democrático, por una parte, pero, sobre todo, sin un avance claro en la gobernanza económica y la armonización fiscal, por otra parte. Así es como, la desventaja de los estados y las economías más débiles no hace más que acrecentarse ante la acción especulativa de los mercados, basada en la credibilidad de sus cuentas públicas y en la confianza en su capacidad de buenos pagadores. De otro modo, los mercados se refuerzan y reestructuran globalmente, mientras los estados se desmantelan y debilitan localmente.

Es en este contexto en el que nos vemos obligados a autoimponernos una segunda reforma de la Constitución de 1978. La primera, sancionada el 27 de Agosto de 1992, afectó al sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales (art. 13.2), como consecuencia del art. 8.B del Tratado de Maastrich de 7 de Febrero de ese mismo año. También fue una reforma exprés, adoptada por unanimidad parlamentaria, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 167, pero con una consulta y pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional (declaración 1/1992), sin que nadie plantease la necesidad de referéndum. Las diferencias con esta segunda reforma son evidentes: aquella era previsible y tuvo tiempo para madurar, ésta ha surgido de forma repentina y sin casi tiempo de debate; aquella fue consecuencia de nuestra ratificación del nuevo Tratado de la UE, ésta de una ambigua indicación u orden, no se sabe muy bien de quién (los gobiernos alemán o francés, el BCE, los mercados…); aquella era fruto de una exigencia política y ésta es, sobre todo, económica; las consecuencias políticas de aquella eran limitadas y manejables, ésta genera incertidumbre sobre la futura sostenibilidad social del Estado sin garantizar la ventaja de un mayor crédito presente de nuestra solvencia; finalmente, aquella no encontró el más mínimo obstáculo para obtener el consenso parlamentario, ésta, sin embargo, está teniendo serios problemas para concitar el acuerdo político, tanto en el fondo, como en la forma. Además, aquella no se producía en un contexto de fatiga democrática y contestación ciudadana, como el actual, aunque tampoco contaba con las exigencias de reformas estructurales profundas provenientes de la actual crisis global.

Los dos grandes partidos, con el apoyo del 90 % de la representación parlamentaria, pueden sacar adelante la reforma según lo previsto en el artículo 167 y sin necesidad de referéndum, pero pueden encontrarse con la sorpresa desagradable de que, sobre todo, por una cuestión de forma, una minoría heterogénea de, al menos, el 10 %, acompañada de una calle en estado de efervescencia atimayoritaria, pueda reclamar y obtener el referéndum previsto en el art. 167.3, lo que no haría más que incrementar el embrollo y dañar nuestro crédito (y, de paso, el de los dos grandes partidos), que era lo que queríamos reforzar. No estaría de más un consenso sobre un pronunciamiento previo del TC o, directamente, sobre la celebración de un referéndum coincidiendo con las elecciones legislativas, porque no está claro que todos los que no aceptan la reforma exprés estén en contra del contenido mismo de la reforma.


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