Fin de Verano III. La reforma territorial

En tercer lugar, este verano hemos asistido – en el sentido de presenciar, no en el sentido de socorrer – al debate, o casi-debate, sobre las Diputaciones.

El opositor Rubalcaba se lanzó sobre este debate, con la afirmación previa de que quien mandaba en el PSOE era él mismo. Y lo hizo así, sosteniendo, con alguna precipitación, acaso también con imprudencia, que las Diputaciones tendrían que desaparecer.

Desde noviembre de 1833, con el antecedente de 1822 ( y algún otro proyecto “afrancesado” aún anterior), Javier de Burgos realizó la obra provincial al generar una división territorial que tenía como base histórica la de los antiguos reinos, con admisión de algunos enclaves interprovinciales, y prácticamente resolviendo de ahí en adelante el mapa geográfico y administrativo con una organización, la Diputación, al frente de la misma.

Y así, hasta ahora, hemos quedado. La propia Constitución, en el artículo 141.2, dice “El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”. Y el Tribunal Constitucional frenó en seco el intento del President Pujol de suprimir las Provincias en Cataluña.

En estos 180 años, pues, las Provincias con sus Diputaciones se han instaurado y han tenido éxito. Ahora, sin más, se las quiere suprimir, por cierto, con graves dudas constitucionales como hemos visto. No quepa duda: si se suprime la Diputación se suprime la Provincia, quede esto claro, ya que lo contrario sería un ente inanimado, que no dice ni representa nada. En Derecho Administrativo sabemos bien que o se tiene personalidad jurídica – en el caso la que representan las Diputaciones – o no se tiene nada.

Las Diputaciones, además en su caso de tener a disposición los viejos planes provinciales de obras y servicios, lo que verdaderamente hacen es apoyar a los pequeños municipios; sin perjuicio de que hoy se encuentran o se ven estas Diputaciones, en bastantes regiones, como competidoras de la Comunidad Autónoma, siendo ésta en realidad la única razón política para intentar destruirlas.

El debate rubalcabiano consiste pues en decir que en aras de la eficacia procede en un plis plas su supresión vía plumazo administrativo. No se sabe bien si existe alguna alternativa a esta original idea.

En mi opinión, lo que está mal planteado es el propio debate.

A mi juicio, lo que de verdad procede de una vez es examinar si tiene la menor razón geográfica, administrativa, técnica y económica la existencia de más de 8000 municipios, algunos más pequeños que un pañuelo de toser.

La reconstrucción de un mapa administrativo que responda a una división geográfica mínimamente racional, creo que ha de empezar por donde falla de verdad, esto es, por la existencia de tales minipueblos. Con respeto a su vieja personalidad y sin mastodónticas agrupaciones, hay que proceder a una integración por absorción de unos con otros. No basta con la política de mancomunidades y, por otra parte, las comarcas no han podido funcionar dada la rivalidad política que siempre existe y que lleva a que puedan caer algunas comarcas en manos de un partido político distinto del que mande en la capitalidad. Lamentablemente, esta absurda pelea política permanente tiene consecuencias territoriales inmediatas. Con lo cual, la anarquía municipal de tener un minifundismo pueblerino ha tenido todas las oportunidades de prosperar, pese a su actual irracionalidad técnica, tecnológica, geográfica, institucional…

La cuestión, pues, en mi opinión, se centra principalmente en adoptar – antes de que nos la adopten como ha pasado en Grecia donde se han suprimido cientos de municipios por imposición de los acreedores comunitarios hartos de tanto despilfarro territorial – políticas de fusión en las que inevitablemente los elementos más débiles de la organización territorial han de incorporarse a grandes, o al menos más grandes, unidades. No puede ser hoy que cualquier proyecto empresarial, pongamos una central eléctrica, tenga que pasar al final por las manos de un Alcalde de un pueblín chiquito que solamente puede actuar como ventajista local sin el menor sentido de Estado, de Región, de Institución; y ello, en realidad, solamente para continuar en el “colócanos a toos” tradicional actitud de los pueblerinos.

Al mismo tiempo, respetar la historia, tener cierta deferencia por la entidad absorbida, reconocer sus perfiles, es cuestión desde luego de sutileza y de armonización con los intereses territoriales más generales.

Ahí juegan un papel crucial las Diputaciones. Primero preparando estos procesos de integración o decididamente de absorción y de fusión. Luego ofreciendo una infraestructura económica, técnica y administrativa más eficiente y compartida seriamente por todos los interesados. Y finalmente utilizando sus técnicos de apoyo a la totalidad de los pueblos y de las conexiones entre ellos, prestando realmente servicios intraprovinciales mucho más consolidados y ofreciendo así una plataforma común de actuación que a su vez ha de integrarse con homogeneidad con el resto de las Provincias, tanto de las de la misma Autonomía, como de las del resto, especialmente con las que hagan borde o raya con otras Comunidades Autónomas.

Ahora bien: ello no supone el mantenimiento de los cargos y prebendas de los actuales Diputados Provinciales. Esta es la madre del cordero. Porque lo que no se puede hacer es defender a las Diputaciones para mantener los cargos actuales. Y solamente una integración de los Alcaldes directamente en el seno de la organización provincial, con diferentes fórmulas pero manteniendo esa idea básica, permitirá conseguir aunar eficiencia, tradición y economía.