Islandia reclama responsabilidades políticas

Se reanuda en Islandia el juicio contra el ex primer ministro Geir H. Haarde, acusado de irresponsabilidad en la gestión de la crisis económica y la quiebra bancaria sufrida por su país. La trayectoria de Haarde no indicaba que careciese de preparación en materia económica, muy alejada del perfil de otros mandatarios europeos manifiestamente legos en la administración de las cuentas de la nación. Geir H. Haarde fue ayudante especial del ministro de Hacienda de Islandia en la década de los ochenta, antes de ser elegido parlamentario. Tiempo después ocupó durante más de siete años la cartera de Hacienda, y, a continuación, se hizo cargo del ministerio de Asuntos Exteriores, y, finalmente, fue nombrado primer ministro. Formación y experiencia, pues, no le faltaban para afrontar la crisis desencadenada en 2007, que sacudió con crudeza las finanzas islandeses durante su mandato en 2008. En medio del desastre simplemente anunció que no se presentaría a las siguientes elecciones y, finalmente, dimitió en 2009, bajo la presión de multitudinarias manifestaciones en su contra.

Ahora, la Fiscalía le acusa de negligencia en la gestión de las cuentas públicas que desembocó en el total colapso islandés, comprometiendo los ahorros no solo de sus compatriotas, sino también de ahorradores británicos y holandeses, que en estos momentos no ven el modo de recuperar sus fondos ni recibir ningún tipo de indemnización. Las acusaciones de la Fiscalía se centran en el hecho de que Geir H. Haarde desoyó todas las advertencias que le anunciaban la inminente llegada a Islandia de la crisis –esto suena familiar en otros países- y que, en consecuencia, no tomó a tiempo las medidas necesarias para evitar la catástrofe. En un político de su formación y veteranía una actuación así parece indicar tanto irresponsabilidad como falta de coraje para adoptar medidas impopulares, gobernar más para los medios de comunicación que para los intereses de los ciudadanos, ausencia de sentido de la realidad y la ingenua esperanza de que los problemas pasen de largo y se resuelvan mágicamente por sí solos. Quizá vivir desde su juventud, durante tanto tiempo en una burbuja política, influyó a Haarde en que no tuviese los pies en la tierra y considerase el dinero público como dinero “político”, propiedad de la clase política y no de los ciudadanos.

La novedad de este juicio radica en la existencia en Islandia del “Landsdomur”, un tribunal especial creado en 1905 que tiene competencia para juzgar y condenar la gestión política de sus gobernantes. Geir H. Haarde se enfrenta a una pena de dos años de prisión. En este punto, la justicia islandesa se muestra más adelantada y audaz que la del resto del continente. En Europa se da por castigada una mala gestión mediante las responsabilidades políticas que se saldan en las urnas. Pero lleva razón Islandia al considerar que gestiones pésimas del dinero público, que, por negligencia e irresponsabilidad, llevan al descalabro de todos, pueden equipararse a un delito y juzgarse como tal, de forma análoga a una malversación. En España –por poner un ejemplo cercano- no sería éticamente disparatado someter a un juicio los escándalos que han rodeado a algunas administraciones donde los dirigentes de un partido se han perpetuado en el poder durante décadas, manejando sus Comunidades como si de una finca al servicio de su clientela política se tratara. “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, escribía lord Acton. Hay desidias y negligencias con el dinero de los contribuyentes que no deberían saldarse solo en las urnas, sino también ante los tribunales. Sería bueno revisar la legislación de muchos países europeos en este punto, porque la pequeña Islandia parece estar dándonos una gran lección.