20-N: 2.000.000 de votos contra el PSOE

Recordarán –si es que algún lector tiene la gentileza de pasar su mirada por mis líneas internautas– que hace un par de semanas publiqué un artículo titulado “Un Gobierno espasmódico”. Me gustaría volver sobre el tema. Criticaba, entre otras cosas, la forma en que se había aprobado la rebaja del IVA de la vivienda nueva del 8 al 4%. La medida en sí puede ser más o menos acertada –el tiempo lo dirá–, pero el modo en que se ha aprobado, por Real Decreto-Ley y sin que hubiese ningún indicio previo, es muy criticable porque da la impresión de que no se ha pensado en los problemas concretos de los ciudadanos –como luego señalaré– sino en beneficiar a las grandes constructoras y a los bancos, los cuales han absorbido buena parte del patrimonio inmobiliario de promotores quebrados durante la actual crisis económica. Así parece que el Gobierno socialista, insumiso a las enseñanzas ya seculares de la socialdemocracia europea, se empeña en dar la razón a Marx en aquello de que los poseedores del capital son los que marcan la política.

Resulta evidente que los compradores que adquieran una vivienda nueva durante los cuatro meses que estará en vigor la medida –un año más si gobierna el PP tras las elecciones, según anunció Rajoy en el Congreso, pues prolongará doce meses esta iniciativa–, serán agraciados con un buen pellizco del gordo veraniego del Gobierno –4.000 euros por cada 100.000–. Se estima que esta rebaja incrementará las ventas en unas 20.000 nuevas operaciones, pero eso es discutible en un momento en el que los potenciales compradores piensan que los precios de la vivienda seguirán bajando aún más, por lo que esperarán a ver si ese descenso compensa el 4% de potencial ahorro, y más ahora con la expectativa de que este beneficio se prolongue en el tiempo si gana el PP –aunque es difícil que la Unión Europea no ponga peros a la prolongación de esta rebaja del IVA.

En el fondo, como ya se ha dicho, da la impresión de que el Gobierno no tenía en su mente a estos posibles compradores de vivienda nueva, ciudadanos de a pie, sino a las grandes constructoras y bancos, a los que en el mismo Real Decreto-Ley se les pedía que anticipasen a cuenta el Impuesto de Sociedades que les correspondería pagar dentro de casi un año.

Tan claro es esto como que la rebaja no supondrá creación de empleo y difícilmente compensará, aunque se produjese ese incremento de ventas de 20.000 viviendas nuevas, la pérdida de ingresos del Estado a medio plazo. Lo que se ha pretendido es hacer caja más rápidamente para intentar cumplir el 31 de diciembre con el objetivo de déficit porque al Gobierno no le salen las cuentas.

Lo de que la medida servirá para crear empleo, como afirmó el portavoz Blanco, es difícil de creer por mucha fe que se tenga –y a uno le va quedando poca– en la buena voluntad del Gobierno. La rebaja temporal del IVA no sirve para incentivar la construcción de nuevas viviendas, que es lo que realmente tiraría del empleo hacia arriba. Sólo se venderán, si se venden, las casas ya construidas, por lo que, como mucho, se conseguirá mantener ciertos puestos de trabajo en los gabinetes comerciales de constructoras y bancos. Muy contrariamente, la iniciativa tomada por el Gobierno ahoga aún más a las pequeñas agencias inmobiliarias, las cuales se dedican principalmente a vender viviendas de segunda mano, que no se pueden beneficiar de la medida, pues su compra-venta no tributa IVA sino el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Muchas de estas agencias, ya agobiadas por la crisis inmobiliaria, se verán avocadas a cerrar si su volumen de negocio se reduce aún más los próximos cuatro meses, y son muchos puestos de trabajo los que se perderán.

Por otro lado, el Gobierno no ha pensado que son muchísimos los ciudadanos que tienen puesta en venta su vivienda, en muchos casos porque no pueden afrontar la hipoteca y necesitan venderla al precio que sea para saldar su deuda con el banco y poder irse a vivir de alquiler. El Real Decreto-Ley perjudica claramente al mercado de segunda mano, que prácticamente se paralizará durante cuatro meses ante la expectativa de comprar una vivienda nueva con un descuento del 4% o habrá que echar los precios por tierra para poder vender propiedades que en muchos casos se compraron en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria a precios desorbitados. Si el PP prolonga el tiempo en vigor de la rebaja del IVA, la situación se agravará. Se calcula que hay más de millón y medio de casas en venta dentro de este segmento del mercado, que se ha incrementado en los últimos años notablemente según el último informe de idealista.com.

Finalmente, aunque no menos importante, hay que tener en cuenta que el IVA de la vivienda subió del 7 al 8% en julio de 2010. En aquella ocasión, los ciudadanos sí fueron avisados con antelación y pudieron programar sus inversiones en función de la fiscalidad, pero ahora no. Muchos compradores –unos 120.000 entre enero y julio de este año– han comprado casas pagando al 8% y muchos no se podrán beneficiar tampoco de la desgravación en el IRPF por vivienda habitual, que se eliminó a partir del 1 de enero para quienes ingresen anualmente más de 24.000 euros. La rebaja del IVA que ha aprobado el Gobierno es un agravio comparativo para los que han comprado vivienda desde julio de 2010, y especialmente para aquellos que lo han hecho entre enero y agosto de 2011. El PP ya ha dicho que recuperará la desgravación por vivienda habitual, pero tampoco ha tenido en cuenta a todos estos ciudadanos que se han visto perjudicados por los vaivenes del Gobierno de Zapatero.

Es discutible si la vivienda tiene que estar bonificada en el IRPF, pero, desde luego, lo que no se puede es gobernar espasmódicamente en temas tan delicados como la política fiscal. Si echan cálculos, hay al menos 2.000.000 de indignados y perjudicados por esta medida, a los que les costará meter la papeleta del PSOE en las urnas el 20-N aunque sean votantes socialistas habituales. El Gobierno saliente debería rectificar de alguna manera y desagraviar a los que han comprado este último año una vivienda con el IVA al 8% y a los que se ven perjudicados por tener ahora mayores dificultades aún para vender sus viviendas de segunda mano. Si no lo hace, se pueden encontrar con 2.000.000 de votos en contra. El PP podría beneficiarse de los mismos si es capaz de entender el problema y afirma su voluntad de solucionarlo si gana las elecciones.