Nacionales y europeos en la reforma de la Constitución

Cuando el presidente del Gobierno anunció, a finales del mes de julio, las elecciones para el 20 de noviembre, no mencionó que la Constitución sería enmendada un mes después. La semana pasada, el Senado completó el proceso de modificación del artículo 135 de nuestra Ley fundamental. Este acontecimiento me suscita algunas consideraciones.

Desde luego, elevar a rango constitucional unos principios que disciplinan a las administraciones en la contención del déficits y de la deuda pública, impone bastante. Se considera que la fuerza normativa de la Constitución es muy superior a cualquier otra forma legal, y además, su cumplimiento está garantizado por el Tribunal Constitucional.

Porque lo que hoy se ha escrito en la Constitución, figuraba desde 2006 en una ley orgánica, que a su vez, recogía unos principios que venían desde el Tratado de Maastricht, norma que es derecho interno desde el 1º de noviembre de 1993. Aún más, los españoles aprobaron en referéndum esos criterios de contención del déficit y de la deuda cuando votaron el proyecto de Constitución Europea en 2004.

A pesar de la urgencia de la tramitación, los principios que figuran ahora en la Constitución, según se establece en su reforma, no entrarán en vigor hasta el año 2020.

Queda patente que el móvil de la reforma ha sido de naturaleza simbólica: resaltar al máximo el compromiso español con una correcta gestión en los gastos públicos. Y con ello, alejar el riesgo de otra nueva crisis en la cotización de nuestra deuda soberana, con sus temibles consecuencias de una intervención europea de nuestra economía, lo que ocasionaría, muy probablemente, el fin del sistema monetario del euro en sus actuales dimensiones.

Hay dos líneas básicas de oposición a esta reforma, que se pueden sintetizar en una sola: la oposición en nombre de los clásicos atributos de la antigua soberanía nacional. Por un lado se encuentran los nacionalistas políticos, caso del PNV, CiU, etcétera. Por otro, los nacionalistas españoles de izquierda: Izquierda Unida, los sindicatos, y ahora, el conglomerado de “los indignados” o del 15-M. Si estos se sitúan a la izquierda del PSOE, a la derecha del PP se encuentra una oposición al sometimiento de nuestra economía a las pautas europeas. El senador que representa al partido de Álvarez Cascos ha votado en contra de la reforma de la Constitución. No es una simple anécdota localista. Hace unos pocos días, todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, rechazaron cumplir con las leyes que regulan su financiación. En plena expansión económica, todas las autonomías aceptaron una fórmula de responsabilidad financiera, prefiriéndola a unas cantidades fijas.

En otras palabras, como entonces se recaudaba más cada año, se apuntaron a un sistema de ingresos autonómicos que variaba de acuerdo con los ingresos estatales. Según ese acuerdo de financiación, las autonomías recibían la mitad de los ingresos del Impuesto sobre la renta, y más de la mitad de los ingresos tributarios del consumo y de los impuestos especiales, combustibles, alcoholes, etcétera. Mariano Rajoy tuvo que hacer maravillas para no desautorizar a sus nuevos líderes regionales. Pero lo que dijo en televisión, de cumplirse, sería la primera infracción grave de lo acordado en esta reforma Constitucional.

El argumento de que es imposible una política de corte keynesiano, ahora de moda entre izquierdistas y derechistas por igual, no es cierto. El texto aprobado dice que el déficit puede ser excepcional en casos de “recesión económica”. Keynes entra en la Constitución.

Hace muchos años, Felipe González, al defender en el Senado el ingreso de España en la Comunidad Europea, avizoró que los conflictos del futuro se producirían por intereses y opiniones entre los partidarios de una internacionalización de la política, con los partidarios de la lógica nacional o nacionalista. Y esa oposición seria transversal: dividiendo a la izquierda, y también, a la derecha.

Dos ideas finales.

Esa división entre europeístas y nacionales explica las contradicciones de la UE. El presidente francés, y la canciller alemana, son la encarnación de esa resistencia a perder la soberanía antigua.

El presidente Zapatero ha tenido reflejos en estas circunstancias. El problema está en que las medidas que viene adoptando desde hace un año, aun siendo acertadas, son percibidas por la opinión pública como una corrección de su anterior filosofía gubernamental.

Los fallos en las formas, en este caso, como en otros muchos, han producido la ruptura de los antiguos consensos constitucionales. Que IU y CiU se hayan opuesto frontalmente a la reforma, es una mala noticia. La buena noticia es que el PSOE ha asumido la reforma sin fisuras, algo que en el futuro le producirá beneficios, si es que sabe sacar las consecuencias, tanto en España, como en Europa (el comunicado de los socialistas europeos, contrario a la reforma, muestra que los socialistas españoles no pesan como debieran en ese ámbito).