
Un día después de que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, confirmara desde Madrid que los rumores sobre una posible reducción de los efectivos militares será una realidad, su Consejo de Gobierno se reunió de forma urgente y extraordinaria para tomar medidas encaminadas para "paralizar" los planes del Ministerio de Defensa.
Una de ellas será expresar su rechazo al
Plan de Transición del Ejército en sendas cartas remitidas al Rey y a Rodríguez Zapatero.
El Consejo de Gobierno se ha reunido de forma urgente y extraordinaria para analizar la situación que
puede derivar de la posible reducción de la plantilla militar en un 50 por ciento, y las medidas a tomar para "paralizar" el Plan de Transición del Ejército en nuestra ciudad. La primera de ellas será expresar el rechazo a este posible recorte de la guarnición melillense a través de sendas cartas que se remitirán al Rey Don Juan Carlos y al presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, así como al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor del Ejército.
Así lo ha anunciado el presidente accidental de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, quien también avanzó que
el Gobierno de Melilla se reunirá con el de Ceuta la próxima semana para determinar un plan de acción conjunta que pueda frenar la posible disminución de efectivos. En este sentido,
Marín ya se ha puesto en contacto con su homólogo ceutí para coordinar las cuestiones de agenda que permitan organizar el encuentro en una fecha todavía por determinar, pero con Madrid como escenario seguro porque "allí es donde está el Ministerio de Defensa y todas las demás sedes implicadas". En esta reunión también participarán los parlamentarios nacionales de ambas ciudades.
Marín no ha descartado la posibilidad de convocar movilizaciones si estas primeras medidas no obtienen el resultado deseado, para dar muestra de la protesta popular por el gran número de familias que podrían verse afectadas por el traslado de destino a la Península si éste se llevara a cabo.
ReunionesEl presidente accidental de la Ciudad informó de estas medidas a los grupos parlamentarios de la Asamblea en una Junta de Portavoces extraordinaria, después de hacer lo mismo con los
sindicatos y asociaciones de comerciantes y empresarios, con los que mantuvo una serie de reuniones desde primera hora de la mañana. Según Marín, los responsables de estas organizaciones
le transmitieron su preocupación por las
"graves consecuencias" que podría tener la posible reducción de la plantilla militar tanto en el aspecto social como económico y "psicológico".Unos
2.000 militares podrían verse afectados por un traslado forzoso a la Península, que también arrastraría a sus familiares, de modo que en un plazo de tres años podrían abandonar la ciudad unas 7.000 personas, lo que representa una pérdida de un 10 por ciento de la población melillense.
"Eso podría tener unas consecuencias muy perjudiciales para Melilla", subrayó Marín, en cuya opinión la posible reducción de la plantilla militar "es posiblemente una de las peores noticias que haya podido recibir Melilla en la democracia".
Un tema de ciudadPor esta razón, insistió en que no se trata de una cuestión política, sino de un
"tema de ciudad en el que todos estamos implicados y, por tanto, debemos aunar esfuerzos para anular esa medida".Marín también lamentó que estos rumores, que llevan circulando desde hace casi un año por la ciudad, se hayan corroborado con la llegada de las cartas de disponibilidad a numerosos mandos militares tras la celebración de las elecciones generales del pasado 9 de marzo. En este sentido, el presidente accidental subrayó el hecho de que el PP no hablara este asunto antes de los comicios, dado que
"se trata de un asunto de ciudad y por eso no lo hemos utilizado para hacer política".Por último, Miguel Marín criticó la postura del delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, quien el día anterior dijo no tener conocimiento de que el Ministerio de Defensa estuviera remitiendo ya las cartas de disponibilidad a algunos mandos militares.
El presidente accidental consideró que, tanto si es cierto lo que dijo el delegado del Gobierno como si no, éste debería dimitir.