QUE EL DESPILFARRO DE LOS POLÍTICOS SEA DELITO

Si el despilfarro de los políticos se tipificara como delito se habrían terminado los viajes gratis total, la caravana de los automóviles de 400.000 euros, la redecoración de los despachos suntuosos, los banquetes frenéticos, los móviles disparados, los cortejos de asistentes, secretarias y ayudantes innecesarios y las camelancias mil para el despilfarro del dinero público, extraído con carácter casi confiscatorio del bolsillo de los contribuyentes. Los políticos derrochadores tendrían que enfrentarse con un tribunal y con el eventual castigo, cárcel incluida, de la sentencia judicial.

Un diez, por consiguiente, para María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, dirigente honrada que ha propuesto el fin de la impunidad para el político manirroto. El problema con el que se enfrenta la Defensora del Pueblo es que son los propios políticos los que tienen que aprobar en el Congreso la ley propuesta. No es aventurado afirmar que barrerán para casa, que acogerán con la boca chica la iniciativa y que finalmente caerán sobre ella las sombras del olvido. Porque derrochar, derrochar, derrochan todos. Los mítines fantasiosos de los partidos, con alardes acústicos, pantallas gigantes, plazas de toros, autobuses gratis, se pagan a 90% con dinero público porque el monto de las cuotas de los afiliados apenas alcanza a cubrir el 10% de lo que despilfarran los partidos.

La iniciativa de la Defensora del Pueblo me parece excelente. Ojalá tenga María Luisa Cava la habilidad de sortear los obstáculos endogámicos y hacerla llegar a puerto. El pueblo español se lo agradecerá infinitamente.