¡Sé lo que hicisteis el último verano!

Nos fuimos de vacaciones con el anuncio del adelanto electoral, pensando que la legislatura estaba agotada. Asistía en Santander a un curso de verano de la UIMP y altos cargos del Gobierno lamentaban no poder culminar algunas reformas que se encontraban pendientes de aprobación parlamentaria. Y volvemos al trabajo con una reforma constitucional, nuestra Norma Fundamental, prácticamente tramitada. ¿Qué ha pasado entretanto? Deberíamos referirnos a los mercados financieros, al contexto económico y a la situación política.

Normalmente, el mes de agosto es malo para los mercados financieros. Los inversores que se van de vacaciones venden los títulos adquiridos como inversión a corto plazo así como aquellos que consideran de mayor riesgo con el objeto de evitar pérdidas ante las que no podrían reaccionar. Se genera así una tendencia bajista que se retroalimenta dado que la menor actividad obligaría a vender a precios más bajos ante la dificultad para encontrar compradores. Pero si el verano es pésimo, es en septiembre y principios de octubre cuando se producen los crack bursátiles y los lunes negros. Este año no ha sido una excepción; la coyuntura tampoco ha acompañado puesto que han aparecido datos negativos sobre perspectivas económicas y empleo.

El resultado fue un encarecimiento importante de las deudas española e italiana: los tipos de interés para aceptar estos valores subieron en exceso. Los economistas vieron con claridad los riesgos si hubiera llegado a ser necesario el apoyo directo a estos países. Sin embargo, acudir al Fondo Europeo de Estabilización Financiera, mecanismo previsto para rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal no parecía viable: hubiera sido necesario un volumen de recursos muchísimo mayor, lo que hubiera sido difícil – quizá imposible -, su puesta en práctica habría sido harto compleja, baste ver las dificultades para hacer efectivo el paquete financiero para asistir a los helenos; y las reacciones de los mercados hubieran sido mucho más estridentes ante las dudas evidentes sobre la capacidad de reacción.

El Banco Central Europeo debió hacer este análisis cuando decidió acudir al mercado y adquirir su deuda. Aunque no se trate de una acción novedosa, sí que es excepcional. En realidad, el Tratado de la Unión Europea prohíbe a esta Institución prestar a los Estados miembros. Parecen evidentes las dudas de legalidad que se plantean, tal y como recordó desde Alemania el presidente de la República, Christian Wulff. Más allá de las cuestiones jurídicas, para cierta corriente económica se trata de una extralimitación con efectos negativos. De hecho, no se puede saber en qué circunstancias, bajo que condiciones y en qué medida deben producirse tales adquisiciones, consecuencia de la interdicción que recoge dicho Tratado. Pueden tratarse de las razones para la dimisión de su economista jefe, el señor Stark. En realidad, se trató de fórmulas de rescate preventivo y a menor escala, incitadas desde la periferia y asumidas con dificultades más precio, como veremos.

A mediados de agosto se celebró una cumbre franco-alemana en la que Merkel y Sarkozy concluyeron sobre la necesidad de reforzar la gobernanza de la zona euro. En la carta que remitieron conjuntamente al Presidente del Consejo Europeo Van Rompuy dichos mandatarios propusieron literalmente, como primera medida para profundizar la necesaria coordinación económica, que los Estados miembros de la zona euro introdujeran para el verano de 2012 una regla de equilibrio presupuestario en sus legislaciones nacionales. En principio, tal regla debería incluirse en la Constitución o en una legislación de nivel equivalente con el fin de asegurar la estabilidad y darle primacía sobre los presupuestos anuales.

Dos días después de dicha cita, el Gobierno adoptó nuevas medidas económicas dirigidas a reducir el déficit público, objetivo que se considera como prioridad ineludible de la política económica del Gobierno. Las iniciativas fueron de dos órdenes: reducir el gasto público sanitario y anticipar, más que aumentar, los ingresos fiscales en concepto de Impuesto sobre Sociedades: se requiere que las grandes empresas del país incrementen la cuantía de sus pagos anticipados por la futura liquidación anual y difieran en el tiempo la deducción de determinadas partidas a la hora de calcular el montante a pagar por este tributo. Cuando se sometió el correspondiente Real Decreto-Ley al debate y votación en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno sorprendió al anunciar su intención de introducir en las Cámaras Legislativas una propuesta para reformar la Constitución e incluir en su texto el principio de estabilidad presupuestaria.

Sirva esta concatenación de hechos para explicar las razones y los tiempos para tal propuesta. Se entiende la reacción en contra de importantes sectores sociales y políticos, sobre todo respecto de los procedimientos seguidos, en los que se ha birlado a los ciudadanos la posibilidad de conocer en detalle el sentido y la oportunidad de modificar una de las principales reglas de juego democrático. De hecho, la reacción de algunos parece excesiva, si se consideran los efectos reales que pudiera suponer.

En cuanto al fondo, mucho queda por discutir y dependerá del contenido que se incluya en la futura Ley Orgánica que lo desarrolle. En este asunto es clave resolver en qué términos deba lograrse el ansiado equilibrio del presupuesto. Si fuera anual, tal y como algunos entienden, se consagraría el otro principio aclamado por políticos etiquetados como neoliberales, el déficit cero. Si se atendiera a las circunstancias económicas y el objetivo último fuera proyectado para el período por el que se desarrolla el ciclo económico, se mantendría el margen para las políticas keynesianas: el superávit logrado en ejercicios de bonanza serviría para financiar los déficits dirigidos a estimular la actividad durante etapas de crisis y bajo crecimiento. De hecho, el Pacto de Estabilidad y Convergencia y las normas actuales del Tratado europeo hacen esta última lectura y permiten un margen de déficit respecto del PIB, desviaciones en función del ciclo económico y planes de consolidación cuando la situación de las finanzas públicas así lo requiera.

En definitiva, la reacción ante la propuesta puede tener sentido si se considera su origen y la forma de llevarla a cabo. Pero no piensen que el debate está cerrado ni consideren perdidas determinadas posiciones. Al contrario, es ahora cuando resulta necesario reflexionar con serenidad qué es lo que queremos y cuál es la mejor forma de lograrlo.