Falta ejemplaridad

Hace un par de años el filósofo Javier Gomá publicó un libro que se titulaba Ejemplaridad pública. En él establecía unas consideraciones originales acerca de las bases culturales de nuestra sociedad y, por encima de todo, asumía el reto de proponer una ética para el tiempo que vivimos, partiendo del principio de que la vulgaridad se ha desarrollado como el rasgo más característico de nuestra era. Aunque el filósofo pretendía distanciarse explícitamente del aristocratismo orteguiano, yo no podía evitar sentir el aroma o la inspiración del maestro en sus palabras y argumentaciones. Un Ortega eso sí, trasplantado a nuestros días, como no podía ser de otra forma, posmoderno, por utilizar el concepto fetiche que nos sirve de comodín en estos casos. Porque, al fin y al cabo, me atrevo a señalar (a riesgo de que la simplificación me concite la animadversión de los puristas) que, a pesar del mencionado distanciamiento, también Gomá desemboca por otros vericuetos en la necesidad de superar o trascender de algún modo esa vulgaridad que constituye nuestro horizonte vital.

Ya sé, repito, que un resumen tan pedestre no hace honor a una formulación incomparablemente más compleja y con otras ramificaciones, pero el caso es que yo quería abrir este comentario con esa referencia a Gomá porque me he acordado del libro en estos días al hilo de los acontecimientos que se han ido desencadenando en diversos frentes. Los conceptos de vulgaridad y ejemplaridad, y también otros equivalentes en uno y otro apartado, como ignorancia y modelo, o grosería y elegancia, me han venido a la mente en repetidas ocasiones oyendo y leyendo declaraciones de dirigentes y responsables políticos, de articulistas y contertulios… No descubro nada si adelanto que es mucho, casi todo, lo que caía en el apartado de la torpeza o la incompetencia y muy poco del discernimiento o la ponderación. ¡Ay… manca finezza!, que dicen que decía don Giulio. Desde hace tiempo el debate político e intelectual se ha despeñado en España por las simas de la consigna, la descalificación y la trivialidad, por no emplear denominaciones de más grueso calibre.

Entiéndaseme, bajo ningún concepto quiero situarme o que se me vea au dessus de la mêlée, negando a otros el pan y la sal que yo me concedo con largueza para poder despacharme a gusto. Al contrario, lo que quiero señalar es que me ha parecido ver por todas partes que cada cual arrimaba el ascua a su sardina sin el menor rubor, hasta haciendo alarde de ello, con un desplante chulesco que realzaba lo que en mi opinión es uno de los grandes lastres para salir como comunidad del atolladero presente: el sectarismo, el particularismo, los intereses mezquinos o, dicho en una palabra, todas las modalidades y conjugaciones de la insolidaridad. Tanto supuesto debate -en la tribuna parlamentaria, en las ondas radiofónicas, en las páginas periodísticas o en el ciberespacio- apenas ocultan el fondo del asunto, la ausencia de auténtico debate, sustituido por monólogos que, como si fueran líneas paralelas, se mantienen en sus trece sin punto alguno de contacto. Intentaré en los párrafos que siguen concretar esas impresiones aludiendo a casos concretos que todos conocemos, de importancia desigual, pero con ese común denominador que pone de relieve el mismo defecto que acabo de apuntar.

Empezaré por lo que mejor domino y, paradójicamente, donde mi perplejidad es más acusada. Me refiero al conflicto de la enseñanza que afecta a los profesores de educación secundaria con los responsables educativos de varias comunidades, muy señaladamente la de Madrid. Mi perplejidad deriva básicamente de la desfachatez que exhiben unos y otros, los que por su cargo más debieran saber –y que dan muestras de ignorancia y, si no es ignorancia, peor, torpeza o mala fe- y, en el lado opuesto, los que debieran tener un mínimo de decoro y responsabilidad antes de echarse a la calle como indignados del 15-M. En medio, los sindicatos, con una desvergüenza francamente repugnante, procurando pescar en río revuelto. ¿Es que nadie tiene un mínimo de cordura? No puedo entrar aquí en el fondo del asunto, pero sí diré que se miente y se manipula por parte y parte con un desparpajo al que no termino de acostumbrarme. Es infame que se intente presentar a los profesores (todos en bloque, como si fuesen un colectivo homogéneo) como vagos, irresponsables y señoritos insolidarios. Pero es verdad que éstos no ayudan con su actitud, soliviantándose ahora cuando han callado y tragado con tantas otras cosas que han conducido a la enseñanza al triste nivel que todos padecemos.

En la base de este conflicto, como en tantos otros, está la necesidad de recortar las prestaciones del Estado de bienestar, incluso en aquellas partidas que son más sensibles, como la educación y la sanidad. Es necesario reducir el déficit, se nos dice. Sea. Sabemos que no es un problema de aquí, sino un imperativo que afecta a todos los Estados desarrollados. De acuerdo. Pero… ¡hagamos las cosas bien! No se puede pedir esfuerzos y sacrificios sólo a determinados sectores de la población cuando precisamente los que tendrían que dar ejemplo hacen exactamente lo contrario. Se necesita ejemplaridad, para volver al concepto con el que empezábamos esta reflexión. ¿Cómo va a aceptar el parado, o el asalariado que aún conserva su trabajo, más recortes en sus derechos cuando ve que el despilfarro y el trato de favor se enseñorean de otras parcelas de la vida pública y empresarial? ¿Cuántos bancos, cuántas cajas de ahorros, cuántas empresas han quebrado por una gestión irresponsable, cuando no dolosa, sin que sus responsables hayan tenido que rendir cuentas? Al contrario, ¿cuántas ayudas públicas han ido a parar, como a un pozo sin fondo, a reflotar decenas, quizás centenares, de organismos y entidades que han sido modélicas… en lo que no se puede o no se debe hacer?

Cuando se trata de sintetizar el funcionamiento de un sistema democrático, se dice que es un sistema de reglas que a todos nos afectan y que todos debemos cumplir. Ésa es una de las claves del sistema: todos colaboramos, todos participamos, todos somos iguales ante la ley. El socavamiento de ese principio es a la larga letal para la propia democracia. Estamos ante una tremenda crisis económica pero, como he señalado en diversas ocasiones, no es menor la del propio sistema político, que estalla por las costuras. El cumplimiento de la ley y las normas requiere también, a todos los niveles, la base de la ejemplaridad. Los poderes públicos tienen que predicar con el ejemplo. En este terreno no se puede andar con frivolidades y, menos aún, atrincherarse en la mera retórica mientras que se aplica de facto la ley del embudo. Por decirlo en términos concretos, con un ejemplo de ahora mismo, no puede ser que el gobierno de una comunidad autónoma (Cataluña), que constitucionalmente es un organismo del Estado, proclame a los cuatro vientos que no piensa cumplir la ley y hasta haga bandera de ello con manifiesto alarde. Estamos a las puertas de un nuevo gobierno, que debe tomar decisiones trascendentales. Pero, más allá de los colores ideológicos y las medidas concretas que se arbitren, hay algo que tenemos que solventar urgentemente y es esta cuestión de la ejemplaridad. Sin ella todos corremos el riesgo de que tiremos por donde tiremos, el camino siempre conduzca al despeñadero. Y así, como tantas veces ha sucedido en nuestra historia, terminaremos perdiendo todos.