Blanco descubre el secreto del Impuesto de Patrimonio

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy recuperar el Impuesto de Patrimonio, tal y como había reclamado el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pocas novedades en la rueda de Prensa posterior, salvo que el ministro de Fomento y portavoz del Ejecutivo, ha vuelto a protagonizar otra de las innumerables correcciones a declaraciones de otros compañeros de Gobierno que vienen siendo la tónica habitual en estos últimos meses entre los miembros del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión, Blanco ha desautorizado a la vicepresidente primera, Elena Salgado.

Si ésta última había firmado que el Estado compensaría a aquellas Comunidades que no recaudaran el impuesto sobre el Patrimonio, en especial referencia a las gobernadas por el PP, absolutamente contrarias a esta medida salvo Extremadura, Blanco ha sido categórico: las comunidades populares que decidan no cobrarlo, perderán la compensación que recibían hasta ahora por dejar de ingresarlo.

Fuentes del PP consultadas por este diario destacan que el argumento esgrimido por José Blanco para recuperar este impuesto “le equipara a los descubridores de la penicilina o el pararrayos, por poner un ejemplo”. Y es que ministro portavoz del Gobierno ha asegurado que “hay millones de españoles que estarían encantados de pagar este impuesto”. Los mismos medios subrayan que “también hay millones de españoles esperando un puesto de trabajo, millones de españoles que casi no llegan a fin de mes, millones de españoles que viven con la incertidumbre de si mantendrán su puesto de trabajo, millones de españoles que viven de los subsidios públicos, millones de españoles que … Y ahora Blanco argumenta que con esta medida, a todas luces electoralista, se recuperará parte de la economía perdida durante estos años de crisis en los que el Gobierno del que forma parte ha estado mirando a las nubes y a merced de la marea”.

También desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que recuperar este impuesto “es una improvisación política para tener entretenido al personal, porque el problema de la deuda no se arregla con la recaudación”. La dirigente popular ha insistido en que el propio Gobierno duda de la efectividad de la medida, más allá de un espacio previo a unas elecciones generales para intentar conseguir votos de movimientos como el 15-M o el de los indignados, al fijar su vigencia durante sólo dos años.

Y mal día hoy para ETA, Batasuna y todas sus organizaciones satélites, entre las que se encuentra, según el Tribunal Supremo, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad, Bildu, aunque no para el Tribunal Constitucional. La Audiencia Nacional ha condenado a 10 años de cárcel tanto a Arnaldo Otegi como al secretario del sindicato LAB Rafael Díaz Usabiaga por un delito de pertenencia a banda terrorista por el llamado caso “Bateragune”. La Sala afirma que ambos mantuvieron distintas reuniones con miembros de ETA, según los documentos incautados a miembros de la banda terrorista, en las que los terroristas ordenaban a la izquierda “abertzale” emprender acciones de carácter político “bajo el amparo de su prepotencia armada”. El Tribunal también ha tenido en cuenta la documentación encontrada en poder organizaciones dependientes de ETA en la que se asumía esa orden de los dirigentes de la banda.

Fuentes judiciales y de las Fuerzas de Seguridad del Estado han recalcado a “El Imparcial” que “cada que pasa sigue estando más claro que los movimientos políticos de los independentistas y de las organizaciones que apoyan a los terroristas en el País Vasco están siendo controlados por ETA como parte de su nueva estrategia de no utilizar por el momento las armas y usar los mecanismo que el Estado de Derecho les permite mientras dura este nuevo proceso de negociación encubierto”. En este sentido, subrayan, “si Arnaldo Otegi o Rafael Díaz Usabiaga han caído hoy, a ETA no le preocupa a corto plazo e incluso puede sacrificar a dos de sus máximos peones mientras Bildu mantenga el control de ayuntamientos o diputaciones y no sea ilegalizada”.