España, cuarto país más endeudado de la OCDE

Hablamos en la crónica del domingo que un informe del BIS señalaba que el nivel de deuda pública de riesgo, a partir del cual comienza a ser un riesgo para el crecimiento, es el 85 por ciento. Y que España, según las previsiones, rozará el 80 por ciento. Acercándonos más a los datos del informe con un poco más de tiempo vemos cuál es la posición de las dos otras deudas consideradas, la de las familias y la de las empresas, ambas privadas.

La deuda de los hogares en 2010 fue del 91 por ciento del PIB, cuando la “zona de peligro” comienza en el 85 por ciento. Para hacernos una idea de hasta qué punto este endeudamiento es alto en términos históricos, era el 54 por ciento en el año 2000, el 41 en 1990 y el 24 en 1980. Ahora bien, la media ponderada de los 18 países desarrollados estudiados en el informe es del 90 por ciento, de Modo que España no está mucho peor que el resto.

La “zona de peligro” de la deuda empresarial está, según el informe, en el 90 por ciento. Más allá de eso, el nivel de endeudamiento empieza a ser un problema. ¿Lo es en España? Nuestras empresas no financieras tienen una deuda que supone el 193 por ciento del PIB. Es decir, que tendríamos que destinar casi dos veces lo que producimos en un año para saldar la deuda. O el de un año para sacar a la economía española de la “zona de peligro”. En 2000 la deuda conjunta de las empresas era el 133 por ciento del PIB, en 1990 el 97 por ciento y en 1980 el 120. La media ponderada de los países estudiados es del 133 por ciento.

Pero ¿y si sumamos las tres deudas para ver el endeudamiento total de los países desarrollados? Nos encontramos con que, con datos de 2010, el país más endeudado es Japón con un 456 por ciento del PIB. Por muy productiva que sea esa economía, y lo es, lo cierto es que resulta muy preocupante. Le sigue Portugal, con el 366 por ciento del PIB, también muy preocupante en los niveles público (107 por ciento del PIB), de las familias (106) y de las empresas (153). Y después, Bélgica y España con un 356 y un 355 por ciento del PIB, respectivamente. Cabe decir que la situación de Grecia es muy distinta de la de España, pues su problema es el enorme endeudamiento público (el 115 por ciento), mientras que en España lo es el privado, y especialmente el de las empresas. Así las cosas, España es el cuarto país más endeudado de la OCDE. La situación en España era menos extrema en 2000 (una deuda conjunta del 258 por ciento del PIB), 1990 (187), 1980 (172).

El penúltimo acto de la tragedia griega lo dá el ultimátum del FMI: O reduce de veras y rápidamente el tamaño del Estado o sepuede olvidar de más ayudas. Sin ellas no puede evitar la quiebra. Con la quiebra es muy difícil que se mantenga en el euro. Fuera del euro nadie querrá dracmas y nadie querrá prestar dinero a Grecia. La parálisis económica y el caos social y político que le pueden seguir son argumentos más que suficientes para que el gobierno griego haga todo cuanto esté en su mano. Sólo que no acaba de hacerlo, y esa es la advertencia del FMI. Le echa en cara que pierde el tiempo y paraliza los recortes y que va muy por detrás en sus objetivos de privatización. El representante del FMI en Grecia, Bob Traa, ha señalado que “la privartización no cumple con el calendario porque los políticos no llegan a un acuerdo sobre cómo hacerlo. Si esperan, el país puede llegar a la quiebra”.

Quien parece tener la intención de acelerar las privatizaciones es Portugal. Su primer ministro, Pedro Passos Coelho, anunció al diario conservador francés Le Figaro que su gobierno iniciará un programa de privatizaciones de 7.000 millones de euros. “Estamos en el proceso”, sigue Passos Coelho, “de recortar los golden shares”, acciones con derecho a veto por parte del Estado, “que el Estado tiene en compañías públicas, y entonces comenzaremos el proceso de privatización del sector energético antes de mediado Noviembre”. Habla de sectores concretos con fechas concretas, lo que da la impresión de seriedad. La diferencia con Grecia no es, necesariamente, la calidad técnica. Sino el convencimiento de la necesidad de realizar estos cambios por parte de los respectivos gobiernos y de las dos opiniones públicas.