El último intercambio de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero en el Parlamento fue un poco desabrido. Fue, en realidad, como el de cualquier otra semana. Pero se puso sobre la mesa una cuestión muy importante en materia de política económica: ¿merece la pena decir la verdad?
El intercambio estuvo falto de mala sangre personal pero lleno de motivos por parte de Rajoy para la crítica y rebosante de justificaciones por parte de Zapatero. Pero quizás se esperaba alguna referencia que hubiese cabido dentro de la cortesía Parlamentaria. José Bono la cortó de raíz. A lo que vamos: en ese intercambio Rajoy repasó los siete pecados del Gobierno socialista, en una declaración de su intención de no caer en ellos. Entre sus intenciones está, según dijo, no mentir a los españoles. Decirles la verdad. Bien, ingenuamente es lo que esperamos de un político. Cínicamente, lo que esperamos es que nos mienta. Pero más allá de eso, decir la verdad, ¿es acaso posible?
Tenemos el ejemplo muy cerquita. En Portugal. El primer ministro, Pedro Passos Coelho, ha dicho, entre otras cosas, lo siguiente: “Yo no deseo una quiebra, ordenada o no, por parte de Grecia. Pero si ocurre, Portugal e Irlanda están en la primera línea. Y España e Italia en la segunda”. Bien, eso es hablar claro. Passos Coelho apunta que lo que tiene que hacer Grecia es acelerar su programa de privatizaciones y seguir recortando gasto. Aunque a toda prisa, no de aquélla manera como hace el gobierno Papandreu. Si llega la quiebra griega, dice, espera que al menos sea dentro de un año, para que le dé tiempo a él a fortalecer la economía lusa y reducir los gastos del Estado a niveles más sostenibles. Pero ha añadido que si la economía mundial se desacelera, como parece que ocurre, la de su país también lo hará. ¿No es eso hablar sin rodeos de la realidad?
¿Cuáles son las claves económicas y políticas de esta actitud? Las económicas es que lo que llamamos “los mercados” ven que el país está bajo las riendas de una persona que sabe cuál es la situación, que la reconoce y por tanto que está en la posición de hacer lo que sea necesario. Y, al reconocerla, gana una credibilidad (“crédito” es otra forma de llamarlo) que le es muy útil cuando, por ejemplo, anuncia en Le Figaró la semana pasada que lanzará un plan de privatizaciones de 7.000 millones de euros. Los que tienen en su mano los ahorros del mundo pueden llegar a confiar en Portugal, pese a la difícil situación que vive, si observan que su gobierno entiende la realidad y toma las medidas necesarias para cambiarla. La clave política es que acaba de ser elegido (en julio) y su oportunidad para salvar al país es ahora. Si lo logra, tendrá la continuidad en el Gobierno asegurada. Si fracasa, su nombre quedará para la historia en un lugar muy poco decoroso. El paralelismo con Mariano Rajoy es muy claro, y por eso traemos aquí el caso de Passos Coelho. Cuando llegue al Gobierno, como parecen indicar las encuestas (las apuestas en el Congreso son más duras aún para el PSOE), tendrá una única oportunidad de postularse en 2015 como un buen presidente. Y depende de lo que haga en el primer año. Porque aún queda un aspecto económico y político de decir la verdad a los portugueses y a los españoles en el caso de Rajoy: Sólo haciendo ver cuán dura es la situación podrá lograr que una parte crítica de la opinión pública acepte los ineludibles sacrificios.
Sólo que por el momento no ha llegado la hora de que Rajoy diga la verdad porque no ha llegado la hora de la verdad para Rajoy. Por eso hace
propuestas razonables pero insuficientes.
El asunto de la credibilidad de las instituciones, tan importante que abarca los planos político y económico, ha tenido estos días una clara ilustración. A mediados de julio, de esto hace sólo dos meses, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, dijo cuando comentó los resultados de los test de estrés en los que había cinco bancos suspensos que los bancos españoles no necesitarían de dinero público para recapitalizarse, ya que él computaba (no sin razón, digámoslo claro) las provisiones genéricas, exigidas por el propio Banco de España. Estas provisiones, al fin y al cabo, sirven para absorber las pérdidas cuando lleguen y se suman a la solvencia de la entidad. Pero ocurre que, según una información del Financial Times de este viernes, la UE prepara un plan para recapitalizar 16 bancos europeos con dinero público, de los cuales 7 son españoles. ¿Dónde quedan, entonces, las palabras de MAFO? Esa falta de credibilidad es lo que ha llevado nada menos que a Antonio Borges, director del departamento europeo del FMI, a pedir que España tenga un auditor externo independiente de su sistema bancario. ¡Pero si ya lo tiene y se llama Banco de España! Sólo que su independencia y su buen juicio están ahora en entredicho. De nuevo la credibilidad.