Rajoy y Rubalcaba centran su campaña en acusarse mutuamente de recortar los servicios sociales

La proximidad del comienzo oficial de la campaña electoral de cara a las elecciones del 20-N ha conllevado el inicio de las hostilidades entre el PP y el PSOE a cuenta de los recortes sociales puestos en marcha por las distintas Comunidades Autónomas.

A pesar de que los sondeos dan como favorito a la victoria a Mariano Rajoy el próximo 20 de noviembre, el Partido Popular es consciente de que no es el momento de anunciar medidas económicas impopulares que le puedan restar votos y recortar la distancia que les separa del PSOE.

De este modo, el líder popular no ha hecho públicos los recortes presupuestarios que tendrá que afrontar de llegar a la Moncloa, algo que sí han hecho, con los cargos asegurados desde el pasado mes de mayo, algunos presidentes autonómicos como María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Artur Mas en Cataluña o Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba sigue con la misma estrategia. Sabedor de que remontar la diferencia que le lleva el Partido Popular va a ser una tarea ímproba, el candidato socialista a la Presidencia no quiere erosionar más su imagen anunciando a los españoles las penurias por las que tendrá que atravesar España a lo largo de la próxima legislatura.

Las urnas pesan mucho y cada candidato mide mucho sus palabras a la hora de abordar el asunto. A pesar de que es un secreto a voces, ni Génova ni Ferraz descubrirán sus estrategias en este frente, aunque sí las tienen muy presentes de puertas para adentro.

Lo que sí han comenzado ambos partidos es una intensa campaña de erosión en la que se intenta poner el foco sobre los recortes en partidas y ayudas sociales puestos en marcha por el contrario. Así, en los últimos días se han promocionado distintos vídeos colgados en las páginas web de ambos partidos en los que se critica las políticas adoptadas en Galicia, Madrid o Murcia, entre otras regiones, o se califica a Rubalcaba de "recortador profesional".

En cambio, las que sí han empezado a anunciar políticas y medidas encaminadas al recorte presupuestario son las Autonomías. Varias son las regiones que han implementando o empezarán a hacerlo en los próximos meses todo tipo de medidas encaminadas a reducir el déficit.

Las Autonomías se aprietan el cinturón
Con las elecciones de mayo ya en el retrovisor y con los cargos asegurados para los próximos años, muchos presidentes autonómicos ya han anunciado que aplicarán drásticas medidas de austeridad para sobrellevar la crisis.

En Cataluña, Artur Mas ha metido la tijera en las cuentas de la Generalidad, que contará en 2012 con un presupuesto un 7,4 por ciento menor al de este ejercicio, que ascendía hasta los 24.000 millones (en 2010 fue de 26.800 millones).

Además, se valora la posibilidad de privatizar algunas empresas públicas, se quiere implantar un impuesto a las rentas más altas, se pretende aligerar la plantilla pública con cerca de mil puestos de trabajo y se han anunciado importantes recortes para hacer frente al déficit de 77 millones en la Sanidad catalana, como la suspensión de las ayudas a los centros concertados de ancianos, drogodependientes y discapacitados o la disminución de la paga de Navidad de los médicos.

Otra que ha tenido que aplicar recortes 'draconianos' en su región ha sido María Dolores de Cospedal. A finales de agosto, la presidenta castellano-manchega anunciaba un plan de recorte del 20 por ciento del gasto que permitirá, según sus cálculos, un ahorro de 1.815 millones de euros. Entre las decisiones adoptadas se contempla la paralización de la obra nueva, la venta de 2.500 vehículos oficiales, la supresión de medio millar de liberados sindicales, se aumentan las horas lectivas de los profesores de secundaria y se cerrarán diez empresas públicas.

Una línea muy similar es la que ha asumido el presidente valenciano, Alberto Fabra, que pretende ahorrar 400 millones en sus presupuestos de 2012 sin tocar las políticas sociales, aunque se prevé un recorte en el sector público de un 20 por ciento. Además, Fabra ya presentó un Plan de Ahorro de 1.800 millones en el que se incluían, entre otras medidas, una una nueva ley de funcionamiento para la televisión autonómica.

Además, otras regiones que se han visto obligadas a tomar medidas impopulares han sido la Comunidad de Madrid (ampliación del horario docente de los profesores de secundaria), Galicia (eliminación de más de un centenar de liberados sindicales), Baleares (supresión de casi un centenar de empresas públicas), Aragón (racionalización en materia de subvenciones y ayudas), Navarra (disminución de la inversión en la universidad pública), Extremadura (un 50 por ciento menos en gasto de publicidad y propaganda) o Andalucía (recortes en Educación que afectan al salario de los profesores y de otros empleados públicos).

Pero no sólo las Comunidades Autónomas han optado por la vía del ahorro. Los recortes presupuestarios son generalizados y las autoridades europeas, desde los gobiernos nacionales hasta las administraciones locales, están llamadas a mirar cada euro invertido.

Europa se suma a la austeridad
Lejos de nuestras fronteras, la austeridad también se impone. A pesar de que se enfrentará a la reelección en apenas siete meses, Nicolas Sarkozy ha presentado unas cuentas para 2012 que reducen el déficit del 5,7 por ciento del Producto Interior Bruto al 4,5 por ciento.

Además, el Elíseo aligerará la administración pública con hasta 30.000 puestos menos en los próximos doce meses. Así, París prevé recortar el déficit público en 13.000 millones de euros hasta dejarlo en los 81.800 millones. Todo esto mientras los índices de popularidad del presidente galo caen en picado, los de la oposición remontan y apenas quedan siete meses para los comicios generales.

Al otro lado del Canal de la Mancha, el conservador David Cameron, elegido primer ministro el año pasado y que no tendrá que enfrentarse a las urnas hasta 2014, prevé ahorrarse 92.000 millones de euros con un tijeretazo a los gastos y una importante subida de impuestos que ha puesto en pie de guerra a la oposición laborista, comandada por Ed Miliband.

Entre las medidas que más revuelvo han causado en Reino Unido ha sido la supresión de las ayudas a la maternidad a partir de 2013, una de las subvenciones más antiguas del país. Además, el Ejecutivo británico ha anunciado la supresión de más de medio millón de funcionarios y empleos militares y un fuerte recorte en gastos de representación (viajes oficiales, coches, etc.) que, sumados al descenso de las partidas a los gobiernos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte contribuirán a ahorrar 7.000 millones de euros, un 0,4 por ciento del PIB.

Pero la que está padeciendo más los rigores de las medidas de austeridad es la canciller alemana Angela Merkel. Berlín puso en marcha ya el año pasado un Plan de Ajuste en el que se incluían el recorte a las ayudas a las familias y a los parados, una reforma del Ejército y la administración con la supresión de hasta 55.000 puestos de trabajo, el retraso de la reforma fiscal hasta 2013 y la creación de una tasa nuclear. De este modo, el Gobierno alemán pretende recortar el gasto en un 0,4 por ciento del PIB, unos 11.000 millones de euros.

Su Plan de Ahorro y las críticas por las ayudas a Grecia en el marco del paquete de rescate de la Unión Europea han provocado que su partido, la CDU, haya perdido, sólo en el último mes, las elecciones regionales en Berlín y en Mecklemburgo-Antepomerania. Además, la oposición de izquierdas representada por el SPD se impuso en tres de los comicios regionales anteriores (Hamburgo, Renania-Palatinado y Bremen). Por su parte, Los Verdes ganaron de forma histórica en Baden-Württemberg, ahondando la crisis de la CDU, que sólo ha logrado mantener su liderazgo en Sajonia-Anhalt y que tendrá que pugnar por la reelección en 2013 entre un mar de críticas.

Uno de los países que más ha tenido que apretarse el cinturón ha sido Portugal. Tras las elecciones del pasado mes de junio, el conservador Pedro Passos Coelho ha tenido que aplicar una política económica muy restrictiva tutelada por la Unión Europea, que le exige que cumpla sus criterios financieros para completar el plan de rescate que se le otorgó por el cual se inyectaron 78.000 millones de euros hasta 2015 en la economía lusa.

Lisboa se ha visto obligado a congelar el sueldo de los funcionarios, paralizar las inversiones en infraestructuras nuevas e implementar una subida generalizada de impuestos, entre otras medidas. Todo ello para intentar cumplir el objetivo del 3 por ciento de déficit, un ahorro superior a los 2.000 millones de euros sólo para el año que viene.

Por su parte, Silvio Berlusconi, agobiado por los constantes escándalos que le salpican y la extensa lista de citas con la Justicia, pudo sacar adelante sus medidas de ajuste que permitirán ahorrar al estado transalpino hasta 54.000 millones de euros. Un segundo plan de ahorro tras el aprobado en el mes de julio por valor de 79.000 millones.

Entre las medidas aprobadas o planificadas por el Gobierno italiano se encuentran el retraso de la edad de jubilación hasta los 65 años, la subida del IVA hasta el 21 por ciento, la congelación durante tres años de los salarios públicos o un gravamen del 3 por ciento sobre las rentas más altas.

'Il Cavaliere' tendrá que revalidar el cargo en los comicios legislativos de 2013 tras descartar en agosto adelantarlos un año, tal y como pedía la oposición.

Para contactar: borja.mota@elimparcial.es