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Poder judicial y libertad de expresión

Enrique Aguilar
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enrique_aguilarucaeduar/15/15/19/23
miércoles 28 de septiembre de 2011, 21:27h
Un juez federal argentino requirió hace unos días a seis medios gráficos la nómina (juntamente con las respectivas direcciones y teléfonos de contacto) de todos los periodistas, redactores y editores que, desde el año 2006 hasta la fecha, publicaron noticias relacionadas con la inflación.

Lo que parece más bien una broma de mal gusto es en rigor una acción vinculada directamente a una causa penal iniciada por el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra una consultora privada que difundió índices de precios alternativos a los oficiales, es decir, los suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo antes respetado y confiable pero que, en el curso de estos años, ha sido desmantelado por el kirchnerismo.

Que los índices privados que hoy circulan en Argentina, divulgados incluso por algunos legisladores, distan visiblemente de los oficiales no es a esta altura ninguna novedad. Para dar un ejemplo, si durante el 2010 el costo de vida aumentó, según el INDEC, un 10,9 %, las estimaciones privadas oscilaron entre un 22 y un 25 %. Ahora bien, las consecuencias de esta extravagante decisión judicial son difíciles de medir, aun cuando resulte improbable que puedan ser citados cientos de periodistas que, en el último lustro, se habrán referido a un tópico omnipresente en un país que tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo. Por lo pronto, ya hay un pedido de juicio político presentado ante el Consejo de la Magistratura por parte de dos diputados opositores. Asimismo, en lo que concierne a los propios periódicos, de prosperar esta intimación se verían obligados a violar la confidencialidad de las notas no firmadas y el secreto de las fuentes de información que cuenta con sanción constitucional.

Que la medida, de suyo intimidatoria, viene a ratificar la situación de la prensa libre y la falta de independencia del poder judicial que debería velar, como ningún otro poder, por el respeto a la Constitución, es algo tan obvio que parece en verdad superfluo señalarlo.

Enrique Aguilar

Politólogo

ENRIQUE AGUILAR es director del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina

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