¿Quién tiene la culpa del paro?

Ayer se conocían los datos del paro correspondientes a septiembre. Ya se intuían que iban a ser negativos -siguiendo la tónica de todo lo que rodea a la política económica del Gobierno de unos años a esta parte-, aunque la realidad ha vuelto a superar a las expectativas: casi 100.000 parados más, lo que supone el mayor repunte en este mes desde 1996. Cierto que hay una serie de factores tales como la estacionalidad de determinados sectores que reducen su actividad tras el verano, como el turismo y la hostelería, aunque se da la circunstancia de que justo estos sectores -sobre todo el turístico- han tenido un verano más que saneado. Cierto, igualmente, que esta situación no es nueva ni tampoco exclusiva de este Gobierno, pero los datos son tozudos.

Resulta que ahora la culpa es de las autonomías. Y, en parte, es cierto. Pero el mal viene de largo. Las autonomías han gastado mucho más de la cuenta. Y lo siguen haciendo. Mientras el Estado –¡por fin!- va embridando el déficit público y parece capaz de cumplir el objetivo de limitarlo al 6% en este año, el défit autonómico sigue desbocado. Se da la circunstancia de que muchas de ellas han cambiado el signo político de sus gobiernos tras las últimas elecciones, habiendo ganado el PP una gran parte del mapa autonómico en detrimento del PSOE. Y casualmente, es ahora el cuando más se empieza a mirar con lupa a las comunidades autónomas, pese a que casi todas ellas han despilfarrado a espuertas, sin que, hasta ahora, el color político haya servido mucho como criterio diferenciador. Identificar sus recortes en materia de ajustes presupuestarios con el incremento del desempleo no es sino una excusa de mal pagador.

Además, basta tirar de hemeroteca para ver que, durante toda esta segunda legislatura en la que José Luis Rodríguez Zapatero ha estado al frente del Gobierno, raro era el día en el que alguien no lanzaba las campanas al vuelo por lo inminente que iba a ser la creación de empleo. Pues resulta que no. Y si nos atenemos tanto a las cifras de paro como a la escasa confianza de los mercados, resulta evidente que el Ejecutivo sigue sin hacer los deberes en lo que se refiere a lucha contra el desempleo y aumento de la competitividad. Y de eso sí que no tienen la culpa las autonomías.

Tampoco es nuevo ni la factura corresponde sólo a este Gobierno. La legislación laboral española es particularmente rígida e inadecuada, al punto que conforma un mercado laboral enrarecido y poco flexible que desincentiva la contratación porque la penaliza fuertemente. Lo cual no debe sorprendernos, si comprobamos que dicha legislación es de inspiración mussoliniana, viene del franquismo, responde a un sistema económico corporativista y cerrado y resulta inadecuada para un sistema económico libre y competitivo. A pesar de los recientes retoques, la reforma laboral sigue siendo una asignatura urgente pero pendiente.

Del mismo modo, tampoco la imprudencia económica es monopolio de este Gobierno, aunque el nivel de riesgo e imprevisión de la era Zapatero haya batido todos los records. Desde principios de la década anterior se debieron tomar medidas contracíclicas. Pero no se tomaron. Antes, al contrario. Los gobiernos del señor Zapatero espolearon el gasto en lugar de controlarlo. Y el regulador no ayudó a contener la marea de hipotecas que acrecentó la desmesurada concentración de riesgo en la burbuja inmobiliaria.