El 15 M en el banquillo

Ayer comparecían en la Audiencia Nacional 3 de los 20 imputados por los “actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica catalana” que se produjeron cuando un grupo de indignados trató de “impedir la asistencia” de los parlamentarios a la sesión plenaria constitutiva. Se enfrentan a una de pena de entre tres y cinco años de cárcel, por cuanto entorpecer la labor de un representante público en el ejercicio de sus funciones acarrea una fuerte sanción, como no puede ser de otra manera. Y es que, históricamente, la inviolabilidad de los miembros del Parlamento es el fundamento del sistema representativo desde los tiempos más remotos de los Parlamentos, Cortes o Estados Generales. En nuestro tiempo, la actividad parlamentaria es uno de los pilares básicos del estado de derecho. Violentarlo es violentar la democracia en sí misma, algo que los “indignados” del 15 M debían ir aprendiendo que a la mayoría nos parece “indignante”, amén de insólito.

Dice el artículo 6 del Código Civil que “la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento”. Quienes subvirtieron la legalidad vigente, acosando y amedrentando a los diputados del parlamento autonómico catalán han de afrontar ahora las consecuencias de sus actos. Si no les gusta su actual panorama judicial, que se lo hubieran pensado antes de hacer lo que hicieron. Y, de paso, que tomen buena nota el resto de miembros del 15 M y similares. Uno de ellos, el profesor Antonio Yeste, ya ha manifestado su intención de ir el las listas de Izquierda Unida. Ese es el camino. Hay una amplia oferta de formaciones políticas con las que identificarse; y si un determinado grupo de personas estima que ninguna de ellas les representa, la ley pone a su disposición las herramientas necesarias para crear una nueva. Si cumple con todos los requerimientos legales, se registra en el Ministerio del Interior y ya puede concurrir junto al resto de partidos. Pero socavar el sistema atacando a sus representantes es inaceptable. Quien así procede debe pagar por ello.