Presión fiscal elevada o cómo satisfacer necesidades sociales

Tras la reciente publicación de un estudio sobre presión fiscal en España he leído diversos artículos periodísticos que ponen de manifiesto las limitaciones con las que se produce el debate y, de ahí, cierta confusión.

El sistema fiscal cumple con tres funciones básicas: financiar el gasto público, favorecer la redistribución de la renta y contribuir a la estabilidad de la economía. Antes de saber si la presión fiscal efectiva es alta o baja es necesario conocer si con los tributos se cumplen adecuadamente estos fines. Pongamos un ejemplo: de acuerdo con los documentales emitidos en Estados Unidos para explicar la reforma sanitaria de Obama, si tiene usted cáncer, vaya buscando 200.000 dólares para pagar su tratamiento; si vive usted en Europa, la sanidad pública le atenderá y, en cada vez más ocasiones, le sanará. La economía americana, cuya presión fiscal es un tercio inferior a la media europea, financia gastos sanitarios superiores a los europeos, pero son los particulares quienes los asumen. La pregunta es, ¿vale la vida de un rico más que la de un pobre? La contestación depende de los valores que nos rijan y de la sociedad en la que queramos vivir. En fin, pagar menos impuestos no significa ahorrar más. En las sociedades con menos servicios públicos las empresas deben pagar salarios más elevados para que sus empleados puedan contratar servicios privados de sanidad, educación u otros que consideren imprescindibles.

La media del gasto público en la UE para 2010 - datos de la Comisión Europea - es del 51% del PIB, similar a la media en la zona euro, el 50,8%. España, con el 45.7%, tiene uno de los datos más bajos, el 19?. La mayor parte del coste corresponde a protección social: seguridad social, pensiones, asistencia social, cobertura de desempleo, gastos médicos, ayudas a la vivienda y al transporte. En cuanto a la presión fiscal, la media en la UE para 2009 fue del 38,4% del PIB, cifra que se eleva al 39,14% en la zona euro. En nuestro país, el dato ha evolucionado desde el 18,4% de 1975, el 27,6% en 1985, al 32,1% en 1995. La explicación se encuentra en la llegada de la democracia y la puesta en marcha del Estado social y democrático de Derecho. Desde entonces, el incremento se modera, mostrando en 2009 una caída al 30,4% como consecuencia de la crisis, puesto que los impuestos tienen la virtud de amoldarse al ciclo económico y cuando no hay crecimiento baja la recaudación sin necesidad de modificar los tipos nominales.

La evolución descrita explica la sensación que tenemos de pagar muchos tributos, aunque relativamente no sean tan elevados. Estamos muy lejos del 48% de Dinamarca, el 46,9% de Suecia, el 43,1% de Italia, el 41.6% de Francia o el 39,7% de Alemania. Incluso Portugal nos superó en ese ejercicio (31%). Es curioso observar que países con altos índices de gasto público y presión fiscal se estén defendiendo mucho mejor que España en la crisis. No está demostrado que bajar impuestos genere por sí mismo crecimiento económico. Desde luego, supone renunciar a los beneficios sociales y económicos de sociedades cohesionadas.

Al mismo tiempo, se debe debatir sobre la estructura del sistema fiscal y pensar en tributos justos y eficientes, con una adecuada capacidad para redistribuir la renta y cuyos costes sean los menores posibles en términos de crecimiento económico y creación de empleo. Esta reflexión debe relacionarse con la denuncia del elevado tipo de gravamen que pesa sobre nuestras sociedades, ergo nuestras empresas. Los artículos referenciados claman que el 30% es claramente superior al de la media europea, situada en el 22,25%. Ahora bien, para empresas con ingresos inferiores a 10 millones de euros – más del 90% del total - el porcentaje aplicable baja al 25% para los primeros 300.000 euros de beneficios. Por otro lado, la realidad obliga a considerar el tipo de gravamen que "efectivamente" pagan las empresas españolas. De acuerdo con los datos que figuran en la página web de la Agencia tributaria, el total de las sociedades nacionales determinaron en 2008 un beneficio fiscal de 165.613,8 millones de euros por los que pagaron un total de 31.116,1 millones, de donde resulta que el tipo real del impuesto fue del 18,78%. Los datos de períodos posteriores parecen indicar una carga incluso menor. Por cierto, tal diferencia entre el tipo nominal y el efectivo cuestiona la neutralidad del impuesto, que conoce deducciones que no todos practican por igual. En cuanto al IRPF, nuestro tipo marginal máximo del 45% conoce otros 11 superiores en la UE, entre el 53,7% en Bélgica y el 45,6% de Italia, 5 de ellos por encima del 50% (Austria, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Suecia).

Otra falacia que es necesario descabalgar es la injusticia que supone gravar los bienes con el Impuesto sobre el Patrimonio y posteriormente con el Impuesto sobre Sucesiones. En realidad, los impuestos no se exigen a los bienes sino a las personas; y los herederos reciben a título gratuito, sin nada a cambio y sin esfuerzo, un patrimonio; y se trata de ciudadanos diferentes de sus benefactores. ¿Les parece a ustedes bien que pague impuestos quien se gana el pan con el sudor de la frente cuando quien lo disfruta por cuna y apellidos quede exento? Es que además resulta ineficiente. Grandes fortunas norteamericanas se oponían a la exención que propuso Bush para este tributo por el deterioro que suponía para una cultura sustentada en el esfuerzo personal y la propia capacidad. Por otra parte, la necesidad de atender al pago del Impuesto sobre el Patrimonio por la ostentación de bienes estimula su puesta en producción para obtener renta con la que satisfacerlo. En nuestro país debe preocuparnos la injusticia que supone no tener obligación derivada de la imposición sobre las sucesiones o hacerlo en distinta medida según donde residiera el fallecido. Menos preocupación suscita la imposición del patrimonio empresarial, exento desde los años noventa.