¿Órdago de Rajoy sobre ETA y el Congreso?

El lunes ha comenzado con diferentes informaciones periodísticas relativas a la posibilidad de que ETA haga un comunicado anunciando el cese definitivo de la violencia antes de las elecciones generales del 20-N a cambio de concesiones políticas favorables a sus interés por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del candidato socialista en esos comicios, Alfredo Pérez Rubalcaba. Una información de El País ha dado la vuelta a toda la estrategia del PSOE para presentarse ante la opinión pública como el gran representante del abandono definitivo de las armas por parte de ETA y su práctica disolución.

Según ese diario, Mariano Rajoy y el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, han mantenido seis reuniones en un año en los que están de acuerdo en los principios básicos. El dirigente nacionalista vasco habría defendido ante el presidente del PP que la izquierda “abertzale” y el entorno político de ETA comenzó en febrero de 2010 como una acción “unilateral” de estas formaciones, sin la implicación de una existencia de una negociación entre el Gobierno y los partidos, además de que no existen cesiones a contrapartidas políticas a cambio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Un solo problema pero importante: las diferencias entre ambos sobre los presos etarras. Según “El País”, mientras Urkullu defiende la aplicación inmediata de beneficios penitenciarios y el acercamiento de los reclusos al País Vasco por razones humanitarias y familiares, el presidente del PP, en coincidencia con Zapatero, es partidario de esperar sobre estas medidas hasta que los terroristas declaren el cese definitivo de la violencia, para no hacer concesiones previas que puedan elevar el listón de las exigencias de ETA.

El presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, ha subrayado que las reuniones entre Rajoy y Urkullu se enmarcan “en la absoluta normalidad entre dos partidos con muchos votos. Ahí no hay ninguna cosa rara”. El dirigente popular en esa Comunidad Autónoma ha reclamado la unidad de los principales partidos “para no dejar que ningún interés electoral se cruce en el camino de la paz y la libertad de los vascos”.

Ante estas informaciones, analistas políticos consultados por “El Imparcial”, subrayan que “el PNV, después de haber sido uno de los principales impulsores de la legalización de Bildu para que compareciera en las elecciones municipales del pasado 22 de mayo, con amenazas incluso al Gobierno de no mantenerle su apoyo parlamentario si el Tribunal Constitucional no daba luz verde a esa candidatura, se ha dado cuenta de su gran error estratégico, visto sus resultados en dichos comicios y los obtenidos por la coalición independentista promovida por ETA, según el Supremo, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado”. En este sentido, las mismas fuentes señalan que el PNV “teme que los próximos comicios del 20-N supongan una debacle en votos superior a la de las elecciones municipales de mayo”.

Y la otra cuestión que ha protagonizado el día ha sido el anuncio efectuado por el vicesecretario de Comunicación de PP, Esteban González Pons, de reducir el Congreso de los Diputados de los actuales 350 escaños a 300. “No sobran funcionarios –ha dicho-, sobran políticos”. Esta medida, según Pons, sería posible sin modificar la Constitución, puesto que ésta establece una horquilla de entre 300 y 400 diputados para la composición de la Cámara Baja.

El dirigente popular ha subrayado en una entrevista en TVE que uno de los “sacrificios que tendrá que asumir la ciudadanía será el adelgazamiento de la administración, pero no porque sobren funcionarios, sino porque sobran los políticos. Golpe de mano del PP, según los analistas políticos consultados por este diario a la promesa de Rubalcaba de “reducir la Administración. Si fuera una partida de mus, -señalan-, al envite de Rubalcaba, los populares han echado un órdago a la grande con una propuesta que hasta hoy hubiera sido inimaginable. Reducir el número de diputados”.