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CATALUÑA

El destierro del castellano

viernes 11 de enero de 2008, 15:00h
Son muchos los padres que desean que sus hijos cursen sus estudios en español, del mismo modo que lo hicieran ellos, años atrás. Sin embargo, la realidad es que las instituciones de Cataluña están cada vez más lejos del equilibrio bilingüe del que presumen. La influencia de los nacionalistas en los sucesivos gobiernos de la Generalitat, primero con los 23 años de Jordi Pujol al frente, después con el peso de Esquerra en el ‘tripartito’ que encabeza el PSC, ha sido determinante para inclinar la balanza del lado catalanista.

Según el Institut d'Estadística de Catalunya, el 53,54% de los catalanes tiene como primera lengua el castellano, frente al 40,45% que utiliza el catalán. El español es, por tanto, una lengua fuerte que, en ningún caso corre peligro, como se trata hacer creer desde algunos medios. Sin embargo, cuando uno pasea por Barcelona, tiene la sensación de que el castellano ha sido fagocitado por el catalán. Los carteles de los comercios, ya los regente un leridano o un chino, están en catalán. Puede parecer contradictorio y, de hecho, lo es. Pero tiene una explicación lógica: en Cataluña existe una polémica Ley de Política Lingüística que obliga a los establecimientos a rotular, “al menos”, en catalán, bajo la amenaza de ser multados si incumplen la normativa. La Generalitat puso en marcha, en 2005, cinco Oficinas de Garantías Lingüísticas a las que cualquier ciudadano puede dirigirse, de forma anónima, para denunciar a los establecimientos que no cumplen las exigencias de la norma. Se trata, pues, de una especie de inquisición lingüística del siglo XXI, en la que las multas sustituyen a las hogueras.

El castellano, lengua extranjera
El texto, en cambio, recoge el derecho de los niños de hasta ocho años a recibir educación en su lengua habitual, e insta a la Generalitat a incorporar esta opción a sus impresos de matriculación. Sin embargo, fuentes de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía aseguran que, actualmente, ningún colegio ofrece esa posibilidad y sólo “cuatro o cinco” niños fueron matriculados en castellano el pasado año en toda la comunidad. La presencia del castellano ha quedado reducida al mismo número de horas lectivas que se otorga al inglés. Se la considera, por tanto, una lengua extranjera más.

Así, cada vez son más los castellanoparlantes que denuncian la situación de acoso que sufren en Cataluña. A las discriminaciones referidas en el campo educativo hay que añadir el Decreto Ley emitido por la Generalitat que obliga a los profesores universitarios a acreditar el conocimiento oral y escrito del catalán para poder ejercer su profesión en la comunidad, bien sea en universidades públicas o privadas. Además, se han conocido casos en los que un docente ha sido sancionado por facilitar exámenes en castellano a los alumnos que así lo habían solicitado. La imposición del catalán como lengua de enseñanza no solo es excluyente con los profesores, sino que, además, dificulta enormemente el aprendizaje de alumnos extranjeros con conocimientos de castellano, así como de alumnos españoles de otros lugares de España que se han desplazado hasta Cataluña para cursar sus estudios.

Objetivo: la independencia
Desde la transición, son muchos los esfuerzos que se han hecho en Cataluña por recuperar un idioma que había quedado mermado después de cuatro largas décadas de franquismo. En los años 80, Pujol impulsó, con gran éxito, una Ley de Normalización Lingüística, que pretendía fomentar el conocimiento del catalán a través de subvenciones y cursos para adultos, principalmente para funcionarios. Sin embargo, los nacionalistas no han visto cumplidas sus aspiraciones con la natural equiparación de los dos idiomas cooficiales, y se ha embarcado en un proyecto mucho más ambicioso, cuyo objetivo último es establecer el monolingüismo y desterrar al castellano que les ata a España.

En su carrera hacia la secesión, los nacionalistas han convertido al catalán en el baluarte de su cultura y no han dudado en blandir la lengua a modo de espada diferenciadora, aunque ello haya supuesto la vulneración de los derechos de la ciudadanía.

Sirva de ejemplo que el Gobierno catalán ha aprobado, recientemente, la nueva Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que establece el catalán como “única” lengua de los medios de comunicación. En otros ámbitos, como la administración pública, también se ha adoptado como idioma exclusivo. La antigua normativa de Normalización Lingüística garantizaba que los funcionarios recibieran clases de catalán. En cambio, la nueva Ley de Política Lingüística exige, en los procedimientos de selección de personal de la Generalitat, “acreditar el conocimiento de la lengua, tanto en la expresión oral como en la escrita”. Lo que antes era un derecho es ahora una obligación.

La paradoja es que, fuera de las instituciones, en las calles, castellano y catalán conviven en perfecta armonía.