ETA se aferra a la semántica

Como era de esperar, las reacciones al comunicado en el que ETA anunciaba el “cese definitivo de la violencia” el pasado jueves han sido prolijas. Casi todas ellas coinciden en una sensación de optimismo mesurado. No puede ser de otro modo: la banda terrorista ya ha parado en más de una ocasión para, una vez tomado el resuello, volver a tomar las armas. Sin embargo, parece que esta vez será diferente. Eso es lo que espera la inmensa mayoría de la sociedad, y esa es precisamente el arma que ha acabado por derrotar al terrorismo: su falta de apoyo social.

Ese apoyo empezó a socavarse desde la reacción masiva ante el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el día en el que José María Aznar instó a la ilegalización de Batasuna. Con ello, la banda perdía la capacidad operativa de su brazo político, casi tan importante como el armado. Descendió la kale borroka, y la sociedad empezó a tomar conciencia de que el totalitarismo tenía que acabar. Por su parte, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales hicieron el resto para llevar a ETA a su actual estado de derrota. Sin paliativos; por más que la retórica para consumo interno de la izquierda abertzale sugiera lo contrario.

Pero conviene recordar que ETA ni se ha disuelto, ni ha entregado las armas ni ha pedido perdón a las víctimas. De hecho, se reserva el derecho a utilizar dichas armas en el futuro. Por eso y por su trayectoria durante todo este tiempo es por lo que la justicia debe seguir a lo suyo, pues no entiende de componendas políticas: por más comunicados que haya, aquellos que hayan cometido delitos de terrorismo deben pagar por ello, al igual que haría cualquier delincuente, independientemente de la naturaleza de su delito. De momento se ha dado un primer paso, pero quedan aún muchos más.