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cronica política

ETA se entromete todavía más en la campaña electoral

jueves 10 de noviembre de 2011, 22:55h
Después del anuncio del cese definitivo de su actividad violenta, y en el Día de la Memoria, la jornada de homenaje a las víctimas del terrorismo, la banda terrorista ETA ha asegurado en una entrevista, que se publicará este viernes en el diario Gara, que está dispuesta a adoptar compromisos en favor de su desarme y que este paso está en la agenda.
La banda terrorista ETA ha anunciado este jueves, a través del avance de una entrevista que mañana publicará íntegra el diario "abrtzale" Gara, que el "desarme está en la agenda" y "está dispuesta a adoptar compromisos". Los etarras hacen este mensaje en plena campaña electoral, después de que ésta comenzara el pasado viernes tras el comunicado de sus dirigentes en el que afirmaron renunciar definitivamente a la violencia, aunque en ningún momento se manifestaran sobre la entrega de las armas, su disolución o la petición de perdón a las víctimas de sus actos criminales. También después de que Mariano Rajoy haya insistido repetidamente en intervenciones públicas como el cara a cara con Rubalcaba o la entrevista de ayer miércoles en Antena 3 en que no negociará con los terroristas y mantendrá la política antiterrorista.

Los dirigentes de ETA adelantan que esta es decisión es fruto de un proceso de reflexión comenzado hace una década, justo después de que la banda se viera sometida a una terrible presión policial, judicial e internacional que la llevaron a los momentos más bajos de su historia, según fuentes de la lucha antiterrorista, aunque el proceso de negociación comenzado "por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, les diera oxígeno durante hasta el atentado de la T-4 de Barajas. Bien es cierto, que a partir de ese momento, -señalan las mismas fuentes- el Ejecutivo socialista volvió a pisar el acelerador de la presión policial contra la banda, dejándola prácticamente desarticulada".

Los etarras explican que el proceso para llegar a esta decisión "no ha sido estructurado ni lineal" y se refieren a la posible llegada del PP al Gobierno tras el 20 de noviembre. En este sentido subrayan que "la clave para los avances" en el proceso para el final de la violencia en el País Vasco está en la propia sociedad vasca y no en "las estrategias que pueda seguir un Gobierno español" del Partido Popular.

Aseguran también que no estarán "sentados en la mesa de negociación política" reclamada en las conclusiones de la Cumbre internacional de San Sebastián. También adelantan lo que harán si el Estado intenta bloquear la situación tras su último comunicado, aunque habrá que esperar a mañana para conocer los detalles de "lo que en principio suena a amenaza", según las mismas fuentes.

La situación económica polariza de todas formas la campaña electoral, y más después de que la Comisión Europea haya recortado hoy hasta el 0,7 por ciento el crecimiento del PIB en 2011 y 2012 y pronostica que las finanzas de nuestro país volverán a caer a finales de este año por el impacto de la crisis de la deuda, la desaceleración de la economía mundial, los ajustes en el sector público y el proceso de desendeudamiento de familias y empresas. La Comisión reconoce que las medidas adoptadas para recortar el gasto público han funcionado bien, pero no son suficientes y se necesitarán nuevos ajustes.

Ante estos pronósticos, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que no se plantea cambiar las políticas que hicieron posible que España formara parte del euro, sino que lo que quiere es potenciar esas políticas "para estar en la primera división de Europa". Por ello ha abogado por mantener a España "a la cabeza del euro junto a países importantes como Alemania y Francia".

Por su parte, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una entrevista en Antena 3 con la directora de informativos de esta cadena, Gloria Lomana, que "está completamente fuera de toda posibilidad el rescate de España" y asegurado que Italia es el principal problema en la actual crisis del euro. Ha pedido a Alemania que haga un esfuerzo e invierta más para intentar reconducir una crisis que se ha agravado todavía más después del verano. Rubalcaba ha reconocido errores del Gobierno del que formó parte, como no haber pinchado antes la burbuja inmobiliaria, pero siempre con una premisa previa: la crisis es internacional y no se ha creado en España, aunque haya admitido que nuestro país si es el que más problemas de paro tiene.

Alfredo Pérez Rubalcaba, en lo que no ha tenido ninguna duda, es en defender a su ex compañero de Consejo de Ministros, el titular de Fomento y número del PSOE, José Blanco. Ha afirmado que pondría con toda seguridad la mano en el fuego por él "porque no ha hecho nada", en relación a su presunta implicación en la "operación Campeón" por el cobro de comisiones ilegales y que ha provocado que un juzgado de Lugo haya enviado al Tribunal Supremo una exposición motivada sobre la presunta participación del ministro en estos hechos.

"Es un caso electoral. Si no estuviéramos en elecciones, estaríamos viendo las cosas de otra manera", ha afirmado el candidato socialista.
Sobre el otro caso que está emborronando el panorama político, las actuaciones de la Justicia, la Fiscalía Anticorrupción y las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre el Instituto Nóos, que presidió el Duque de Palama y marido de la Infanta Doña Cristina, Iñaki Urdangaría, la Policía continúa estudiando la documentación intervenida en los registros. Las investigaciones se centran fundamentalmente, de momento, en el socio de Urdangarín en esta y otras sociedades, Diego Torres. Hasta la fecha, la Fiscalía no tiene la intención de pedir al juez que lleva el caso, instructordel sumario Palma Arena, José Castro, la imputación del yerno de Don Juan Carlos, aunque la decisión final dependerá de lo que se desprenda de la documentación intervenida. En juego está saber el uso que se dio a 2,1 millones de euros de los 2,3 que Nóos recibió del Gobierno balear por la organización de eventos y que están sin justificar, según la investigación. La Justicia investiga los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración
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