La fortaleza de nuestro sistema constitucional

Las encuestas más fiables indican que la tendencia electoral observada desde 2008 (con la reelección de Zapatero y las posteriores locales y autonómicas) se mantendrá con los resultados del 20-N. Me refiero a la salud o a la legitimidad social de nuestro Estado constitucional. Si esos análisis aciertan, la fortaleza de nuestro sistema político –definido por la Constitución de 1978- es considerable. ¡Qué cambio tan enorme si recuerdo lo que hace treinta años nos preocupaba: demostrar que la Constitución era mejor que el Régimen franquista! Sin embargo, tenemos defectos que necesitamos corregir (por consenso, necesariamente).

Un primer elemento de legitimidad será el elevado índice de participación electoral. Ahora que las manifestaciones del 15-M han impresionado bastante por los cientos de miles movilizados, también habrá que valorar los millones de votantes que silenciosamente expresarán su voluntad política el domingo 20 de Noviembre.

La fortaleza de nuestro régimen constitucional la encuentro en las preferencias electorales de nuestros ciudadanos. El “pueblo español”, el titular de la soberanía según nuestra Constitución, existe, y tiene unas preferencias homogéneas en todas “las regiones y nacionalidades de España”. Allí donde son importantes los partidos nacionalistas, en Cataluña, Euskadi, Galicia y Canarias, el resultado no será muy diferente que en el resto del territorio. Los dos grandes partidos constitucionales serán los preferidos de los catalanes, vascos, gallegos y canarios. En el País Vasco y en Cataluña, los socialistas se perfilan como la fuerza más votada, quedando el PP en una posición igualada, por encima o por debajo, de los nacionalismos gubernamentales del PNV y de CiU.

El caso de CiU es significativo. En las elecciones de 2008, la coalición nacionalista catalana obtuvo un excelente resultado, que resaltaba, por comparación, con la debacle de Esquerra Republicana. La orientación de Artur Mas, presidente de la Generalidad, aflojando el compromiso con la Constitución de su partido (Convergencià Democrática de Catalunya), explica, en parte, que el PP pueda superarles en votos. La ambigüedad del PNV con la Constitución (se abstuvo en 1978), es decir, oscilar entre el independentismo y el autonomismo, le puede costar que no tenga suficientes electos para formar grupo propio en el Congreso.

Los partidos que votaron no a la Constitución en 1978, como Esquerra Republicana de Catalunya y el Bloque Nacionalista Galego, volverán a la escasa representación que tuvieron hasta el año 2004. En aquella fecha su auge se produjo, en gran medida, por los errores del Gobierno de Aznar, que los hizo populares cuando asimiló su nacionalismo con el violento de los abertzales vascos.

El relativo crecimiento de la coalición abertzale radical se explicaría por el retraso en los procesos políticos del País Vasco respecto a los demás territorios españoles (ese era un tema favorito de Mario Onaindía).

Si mis análisis sobre estos pronósticos son ciertos, PSOE y PP tienen la oportunidad (y la obligación) de ponerse de acuerdo sobre esos asuntos. Son complejos, afectando tanto al modelo del Estado de las Autonomías, como al sistema de los partidos políticos.

El PP de Rajoy debe corregir la estrategia de Aznar de arrinconar al PSOE con los partidos reluctantes con la Constitución, como sucedió entre el año 2000 y 2004.

El PSOE de Rubalcaba debe corregir la estrategia de Zapatero de arrinconar al PP, dejándolo fuera del juego político con la colaboración de los partidos reluctantes con la Constitución, como sucedió entre 2004 y 2008.

Aunque pueda parecer extraño, a pesar de todos los pesares, en esta legislatura los dos grandes partidos han acabado acercándose. La reforma de la Constitución, aunque muy tardía y sin el necesario debate social, ¿será una anécdota o el comienzo de la colaboración que los ciudadanos (identificados con las virtudes de nuestra Constitución) anhelan?