Rajoy, las finanzas públicas y la hora de la verdad

Una vez ganadas las elecciones, hemos vuelto a estar pendientes de la evolución de la prima de riesgo. No cabe duda que uno de los problemas más perentorios a los que va a tener que hacer frente Rajoy es el de la consolidación fiscal y la reactivación de la economía. Siendo el desempleo la cuestión más importante, dado el componente humano y social, su solución pasa por la puesta en orden de nuestras finanzas y por la recuperación de la actividad.

En el contexto en que el que se entró en campaña electoral, fuerte contestación social y encuestas a favor, el candidato del Partido Popular optó por no desgastarse. El resultado es que no tenemos mucha idea de qué propone para atender estas cuestiones. Sobre gasto público no sabemos más que su idea de practicar la austeridad, sin saber cómo se concretará esta; sobre ingresos, que quiere bajar la imposición sobre el capital. La lectura
del programa electoral no ayuda mucho: se habla de reformas para cumplir objetivos que todos compartimos, pero sin precisar el cómo. Sí que insiste machaconamente en la idea de la austeridad. En materia de impuestos, hay mayor nivel de precisión, pero explicaremos por qué pensamos que será difícil que lo lleven a la práctica, al menos inicialmente.

De acuerdo con el Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno español el pasado abril en Bruselas y la posterior recomendación de 12 de julio del Consejo de la UE a nuestro país, el déficit público debe situase por debajo del 3% hacia finales de 2013. Dicho índice debería caer al 6% a finales de este año, es decir, ya, y al 4,4% a finales de 2012. Sin embargo, estas previsiones se hicieron de acuerdo con marco macroeconómico que no se está cumpliendo.

El pronóstico de la Comisión Europea de otoño fija un nivel de crecimiento para este año del 0,7%, que se repetirá en 2012 y subirá al 1,4% en 2013. En esto términos, la perspectiva de reducción del déficit es peor de la prevista; este ejercicio se situaría en el 6,6%; para 2012 y 2013 la previsión es su reducción al 5,9% y al 5,3% respectivamente. Por tanto, son huecas las palabras que confían la mejora de las cuentas pública al crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo. De acuerdo con la estadística citada, el crecimiento será débil y el paro se mantendrá por encima del 20%.

En este contexto, los expertos fijan en 18.000 millones de euros el montante de ajuste necesario. Se trata de una cuantía cuya dimensión excluye pensar que se alcance sólo con reducciones de gasto; desde luego, pensar en la mejora de la eficiencia de las Administraciones, necesaria en todo caso, resulta ingenuo. No cabe duda que se deberán replantear partidas cuantitativamente importantes, incluidas las de carácter social. La decisión
sobre cuáles sean éstas denotará el sentido político del nuevo Gobierno. En todo caso, debe tenerse en cuenta dónde se está produciendo el mayor desfase de gasto, las Comunidades Autónomas. Por otra parte, se debe ser mucho más cauto en los recortes al gasto educativo: la recomendación del Consejo dice explícitamente que el "alto nivel de abandono escolar prematuro en España es particularmente preocupante, ya que disminuye el volumen de mano de obra cualificada, afecta a las perspectivas de empleo de los interesados y reduce el potencial de crecimiento". El volumen y la calidad de la inversión, que no gasto, en educación es una cuestión que requiere especial atención.

En materia de ingresos, pensar en bajadas de impuestos no es realista. La curva de Laffer, según la cuál bajar impuestos implica crecimiento económico y, con ello, mayor recaudación tributaria, no está demostrada. No se basa en estudios y análisis serios y contrastados; de hecho, países con presiones fiscales elevadas se están defendiendo bien de la crisis. En fin, lo único que garantiza bajar el tipo de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades, como propone el PP, es un menor ingreso para las arcas públicas cuando más se necesita. En esta línea argumental, plantear la transformación del IVA para que se ingrese a la Hacienda Pública cuando se haya efectuado el cobro de las facturas – en el programa del PP – tiene
como consecuencia la caída inmediata de la recaudación por este gravamen, lo que no creo que nos podamos permitir dadas las circunstancias. Restringir esta solución a autónomos y PYMES sería más factible, siempre que se adopten medidas específicas de control tributario para evitar los fraudes a que invita esta solución.

Debiera hacer un inciso ante los planes populares de actualizar la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF. El documento de la Comisión Europea Finanzas Públicas en la Unión Económica Monetaria – 2010, tras describir las cusas del desplome de la actividad y el aumento del paro en nuestro país, afirma que las investigaciones demuestran la relación del tratamiento fiscal de la vivienda y el incremento de su demanda. Un incentivo como el propuesto supondría recuperar elementos tributarios que han tenido efectos nocivos y no van en la dirección de modernizar y fortalecer nuestro modelo productivo.

Planteada así la necesidad de subir impuestos para lograr la consolidación de las cuentas obliga a formular la mejor manera de hacerlo con el menos coste posible. Muchos expertos opinan que se podría subir el IVA; si bien es cierto que tenemos uno de los tipos más bajos de la UE (la media se sitúa en el 20,7%), tengo mis dudas de que sea el momento. Se acaba de subir y ha alterado las pautas de consumo y posiblemente propicia un mayor fraude. Las previsiones para España de la Comisión Europea indican como la demanda interna se está recuperando muy lentamente. Tengo la impresión de que la subida del 16% al 18% pudo influir en el deterioro de este agregado económico y contribuir a la recaída de la actividad económica. Si bien el sector exterior está funcionando bien y nuestro déficit comercial mejora, debe tenerse en cuenta que las exportaciones no tributan por IVA, con lo que la medida no supondría mayor ingreso.

¿Qué hacer entonces? Nuestro entorno ofrece algunas respuestas. Diez Estados de la UE, entre los cuales figuran Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Suecia, han decidido gravar a los bancos por los depósitos exigibles que figuran en sus balances. A esto se añade la bandera levantada en Francia e Italia para gravar a las grandes fortunas. Finalmente, nuestro sistema fiscal tiene mucho que mejorar todavía en materia medioambiental. Su estructura no es capaz de internalizar los costes ecológicos debidamente; no hacerlo tiene el efecto de subvencionar actividades contaminantes.