Consejo de la Unión Europea: ¿Quién se llevará el gato al agua?

Los próximos días se reúne el Consejo de la Unión Europea para debatir cómo reforzar su gobierno económico. Se vislumbra una modificación de los Tratados europeos, al menos para los Estados miembros de la zona euro. Según las noticias, existe inclinación por generalizar el principio de estabilidad presupuestaria y reforzar el régimen sancionador para los países incumplidores. La mala conciencia puede explicar que el compromiso se limite a señalar futuras reuniones del Consejo, a celebrar cada mes, para discutir sobre crecimiento económico, sin que esta finalidad vaya a determinar enmiendas a los Acuerdos de la UE.

Es oportuno destacar ahora cómo la prima de riesgo encarece la deuda pública de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España, y no en países en los que los datos económicos son, al menos, tan malos como en algunos de los países citados, caso de EEUU o el Reino Unido. La explicación, a mi parecer, se encuentra en un doble factor: estos últimos disponen de políticas fiscales propias, frente a las obligaciones de consolidación fiscal impuestas a los primeros, y, sobre todo, porque están respaldados por la Reserva Federal o por el Banco de Inglaterra, entidades dispuestas a jugar el papel de prestamista de último recurso cuando los mercados no suscriben la deuda emitida en determinadas condiciones.

De hecho, las normas europeas aplicables en la zona euro son muy restrictivas, quizás en exceso, al tratar la cuestión de la deuda pública. De acuerdo con el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) no puede prestar a los Estados miembros. Por tanto, al contrario de lo que sucede en EEUU o en el Reino Unido, esta Institución no puede acudir a las subastas de deuda emitida por los Gobiernos nacionales. ¿Puede adquirirla en el mercado a otros inversores después de emitida? La opinión es controvertida, pero de hecho ha sucedido; sin embargo, ha sido necesario acudir a argumentos rebuscados para justificarlo. El problema es que la falta de previsión en este sentido impide conocer cuándo, en qué cuantía, en qué condiciones y bajo qué premisas puede hacerlo, con lo que los Estados no pueden planificar su financiación sobre la base de las posibles actuaciones del BCE ni pueden imponer límites al tipo de interés que estén dispuestos a pagar porque se les garantice la compra a un precio dado.

A esta regla se añade la previsión del artículo 124, que prohíbe que los Estados miembros tengan acceso privilegiado a las entidades financieras para obtener crédito. El marco de limitaciones se cierra con el artículo 125, cuando excluye que la UE o los Estados miembros asuman o respondan de las deudas de otro país miembro. Por tanto, cada Gobierno de la zona euro que emite deuda siente el frío del mercado al encontrarse frente a los dictados de inversores y especuladores. En fin, deben obtener crédito como si fueran agentes económicos privados.

Conceptualmente hipertrófico y déjenme que me explique. Cuando un particular acude a un banco o al mercado a buscar financiación debe ofrecer garantías de que lo va a devolver. Para ello, es fundamental demostrar la capacidad para generar beneficios y poder pagar el capital y los intereses. Primera falla del sistema: el Estado no desarrolla actividades con fines lucrativos y dirigidas a obtener beneficios. Es más, no queremos que lo haga, al menos en las democracias liberales con economías de mercado. Eso es algo que corresponde al sector privado. Bien es cierto que existe una expectativa de que la actuación pública incremente la renta nacional y con ello los ingresos fiscales para pagar la deuda. Pero no hay tal relación directa e inmediata. En segundo lugar, el sector público existe precisamente para suplir lo que los particulares no pueden atender por si mismos, cuando sí que existe un consenso colectivo sobre la necesidad de que determinadas finalidades se cumplan. Este es el caso de las políticas sociales propias del Estado de bienestar: las pensiones de jubilación, por enfermedad, accidente o desempleo, por ejemplo, son costes de los que no se deriva de manera inmediata un lucro. Además, toda la doctrina económica está de acuerdo en la existencia de bienes y servicios públicos por su naturaleza, aquéllos no provistos suficientemente por el mercado por no generar lucro o por que el mercado no valora las externalidades positivas que producen, esto es, bienestar para la sociedad no mesurable en beneficios individualizables.

En fin, mucho me temo que este esquema regulatorio responde al triunfo de unas ideas sobre el papel del Estado, las propias del neoliberalismo. Al menos así me lo parece, al observar cómo dificultan el desarrollo de políticas keynesianas y de otras socialdemócratas. Como se acaba de describir, el contexto no permite ya aplicar políticas anticíclicas para reactivar la economía puesto que los Estados no pueden incrementar ni su deuda ni su déficit en situaciones de crisis, cuando más lo necesitan. Va de suyo que, en estas condiciones, resulte imposible mantener determinadas prestaciones del Estado de bienestar reivindicadas históricamente por la socialdemocracia y la izquierda. Los recortes que se vienen introduciendo no son decisiones voluntarias de los gobernantes sino que vienen impuestas por las circunstancias descritas.

En cuanto a la política monetaria, el BCE está centrado en la política de estabilidad de los precios por el temor a tensiones inflacionistas. Es verdad que la ausencia de disciplina en la compra de la deuda puede y tiende a generar inflación; en particular cuando, como muestra la historia, se ha utilizado sin restricciones la maquina de hacer billetes para pagar los excesos de la política. Por tanto, alguna disciplina es necesaria.

Pero entre el todo vale o el nada se admite hay un término medio. El aumento de la base monetaria derivada de la concesión de créditos por parte del BCE pueda resultar en subida de precios. Sin embargo, cuando su intervención tiene el exclusivo objeto de "reponer" crédito y no de aumentarlo, no debiera tener como efecto el incremento de la oferta monetaria y, con ello, de los precios. Al contrario, sería bueno para la estabilidad económica general que el BCE pudiera comprar emisiones de los Estados a un tipo de interés razonable en función del precio oficial del dinero, en determinadas circunstancias de mercados volátiles y especulativos, y bajo determinadas condiciones exigidas sobre las políticas fiscales nacionales y controladas desde Frankfurt.