Retos de la nueva legislatura

Hoy martes ha comenzado formalmente la nueva legislatura, la décima de nuestra democracia, que tendrá que hacer frente a importantes retos, en un momento en el que el panorama económico internacional sigue siendo incierto, especialmente en Europa, y la globalización exige un cambio radical en la perspectiva desde la que deben abordarse los problemas.

Se ha criticado mucho al Gobierno saliente por su política internacional y se ha insistido, con mayor o menor razón, según los casos, en que España como país ha perdido peso en la toma de decisiones de los grandes organismos internacionales, incluida la Unión europea, aunque el Gobierno haya conseguido tener una silla en las reuniones del ampliado G-20. Sin entrar en un análisis detallado de la política internacional de Zapatero, se puede afirmar sin temor a equivocarnos que, ciertamente, ni Obama, ni Merkel ni Sarkozy, por citar tres ejemplos claros, han considerado como un interlocutor principal al Gobierno español a la hora de alcanzar algunos grandes acuerdos. Las fotos, para lo bueno y para lo malo, son muy representativas, y Zapatero no ha estado en ninguna de las importantes de estos últimos años. Baste recordar, por no poner ejemplos más recientes y quizás más controvertidos, la relación que Felipe González, más allá de los encuentros y de los desencuentros, tuvo con líderes como Helmut Kohl, François Mitterrand, Ronald Reagan o George Busch padre, para ser conscientes de la diferencia.

El nuevo Gobierno tiene que hacer un esfuerzo ingente por recuperar peso a nivel internacional, especialmente en la Unión europea donde lo tuvo en momentos claves anteriores. También es muy conveniente una buena política transatlántica, tanto con Iberoamérica como con Estados Unidos. A pesar de algún error grave a todos presente, esta política fue uno de los aciertos de Aznar. Tampoco puede olvidarse la relación con países emergidos como China, India, Corea del Sur o Brasil, claves en este mundo globalizado, como los son también Rusia y Turquía, que siguen siendo fundamentales para la estrategia geopolítica de la Unión europea y de la nueva OTAN, y especialmente relevantes en cuestiones energéticas y de la relación con Oriente. Además, el nuevo Gobierno, dentro del marco general de una política exterior europea que debería fortalecerse, tendrá que participar de forma activa en cuestiones como la llamada Primavera árabe y seguir respondiendo a los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra el terrorismo internacional y la piratería.

La política internacional es una política de intereses y el Gobierno español tiene que defender los propios, que son los de la sociedad española, pero no por ello, y en el marco de nuestra presencia en los organismos internacionales, se debe renunciar a los principios. Europa, quizá con razón, va por el mundo con un cierto complejo de culpa –algo, por otro lado, muy enraizado en nuestra tradición cristiana–, pero conviene que dicho complejo no impida ver la valía de los fundamentos de nuestra tradición, como son los derechos y libertades fundamentales y la democracia, que hay que seguir defendiendo e impulsando a nivel internacional.

La política internacional del nuevo Gobierno debería ser también consciente de que el sustento de la misma está, como ha dicho Rajoy tantas veces, en una “gran nación” que tiene una cultura y un idioma que han dado alguno de los frutos más jugosos de la civilización occidental. Hay que prestigiar, y esto hacia fuera y hacia dentro, la cultura española, vista en el justo término de nuestro entorno, sin volver ni al nacionalismo hueco de otras etapas históricas ni al injusto menosprecio con el que se la ha mirado tantas veces.

Es muy posible que estos temas le parezcan al ciudadano medio –aunque no lo son– demasiado abstractos, sobre todo teniendo en cuenta que el gran reto del nuevo Gobierno es hacer frente a la difícil situación económica y, muy especialmente, a sus consecuencias, que se traducen en casi cinco millones de parados y el cierre de numerosísimas empresas. Más allá de una reforma laboral, es necesario un gran pacto social por la competitividad y por el empleo. Gobierno, empresarios y trabajadores deberían tener grandeza de miras y ser conscientes de que hace falta remover muchas estructuras consolidadas si realmente queremos caminar hacia eso que denominamos, pero no sabemos bien qué es, sociedad del conocimiento. Hay que ajustar las empresas y el empleo a las sociedades en las que vivimos. No podemos competir en precio de mano de obra ni con India, ni con Brasil ni con China, y cada vez está menos claro que podamos competir en calidad de producción, así que hay que ser imaginativos para buscar los huecos del mercado en los que poder desenvolverse dentro de sociedades tan cambiantes como las actuales. Y para esto es necesario que la prestación de servicios se ajuste a las necesidades de este tipo de sociedades en las que el hombre y la mujer trabajan. Muchos de estos servicios, incluidos los que prestan las administraciones públicas, es necesario ofrecerlos en horarios hoy todavía no habituales.

La nueva legislatura debería ser también el momento de emprender una actualización de la democracia española, que tendría que culminar hacia el fin de la legislatura en una reforma constitucional, en el sentido del informe que hace unos años elaboró el Consejo de Estado, y en una reforma de la ley electoral que palíe el injusto porcentaje de escaños en relación con el número de votos conseguidos por partidos como IU y UPyD, incluso a riesgo de fragmentar las mayorías parlamentarias. Hay que establecer además vías que permitan una mayor participación ciudadana en la gestión y en las decisiones políticas, una mayor transparencia del uso de los dineros públicos, incluidos los de la Monarquía, y mayor fiscalización de los mismos para evitar no sólo los casos de corrupción sino también las muchas prebendas que un día sí otro también vamos conociendo en la prensa.

Son muchos más los retos que la nueva legislatura tendrá que afrontar, pero quisiera terminar con uno del que todos somos muy conscientes y que ha sido durante años la mayor preocupación de los españoles. ETA ha dejado las armas. Ahora hace falta que las entregue y muestre así claramente la voluntad de no volver a ellas. El nuevo Gobierno tendrá que actuar en este tema con mucha sensatez, prudencia e inteligencia, teniendo muy claros los límites de lo que en un Estado de derecho se puede hacer y de lo que una sociedad democráticamente madura como la española está dispuesta a consentir.