El Gobierno europeo que necesitamos

Abruma el número de niveles en que se manifiesta la actual crisis del euro. No sólo se trata de saber si el acuerdo de la Cumbre de Bruselas del pasado fin de semana ha acertado subrayando la necesidad de imponer en la Unión políticas de equilibrio presupuestario, descuidando la adopción de medidas de estímulo de la economía que creen riqueza y contribuyan al crecimiento del empleo. Pudiera ser que a corto plazo la obsesión con la austeridad empeore las cosas al hacer más profunda la recesión. Uno, de otro lado, también alberga dudas sobre la conveniencia para la Unión europea de sacar de la primera línea al Reino Unido, por más que se denuncie con toda razón la ambigüedad del compromiso político europeo de la Gran Bretaña, del que ya teníamos suficientes pruebas por su exclusión de la zona euro y el acuerdo de Schengen.

Pero la crisis actual presenta alguna dimensión constitucional que merece una reflexión. A mi juicio el problema radica en la necesidad de un gobierno europeo que adopte las medidas que la actual situación económica requiere. Europa hasta este momento ha sido sobre todo una comunidad consistente en un marco compartido de la actividad económica servida por unas estructuras, se trate del Consejo o del Parlamento, de carácter fundamentalmente legiferante. En cierto modo, La Unión ha consistido en un corpus jurídico cuya ejecución correspondía bien, en un primer nivel, a las normas legales nacionales o, después, a la actuación de las respectivas administraciones de los Estados miembros. La Unión ha sido entonces un formidable sistema de articulación en el que se integraba una débil cabeza político-administrativa con un aparato de base, hablemos de los funcionarios o los jueces, no propio sino perteneciente a los Estados miembros. Esta construcción admirable se ha avenido con éxito grande a los tiempos ordinarios, siguiendo el designio de los fundadores de Europa. Monnet dejó escrito que Europa no ha de construirse de golpe, como un todo entero: “ha de ser el resultado de logros concretos que crearán una solidaridad de facto”.

Pero ha ocurrido que Europa, en la situación excepcional por la que atravesamos, no necesita ya leyes sino actuaciones concretas, adoptando medidas para afrontar una situación de crisis que evoluciona a golpe de decisiones de los mercados, tomadas cada día, comunicadas instantáneamente y ante las que hay que reaccionar. Decidir inmediatamente, afrontar las necesidades del momento, llevar la nave de la cosa pública es lo que se espera de un Gobierno. Necesitamos un gobierno europeo para abordar los problemas económicos que sin duda tienen esta dimensión territorial en todos los Estados, pero ello supone una forma política que pueda ser dirigida eficientemente por una cabeza indiscutida. La actual Unión es una estructura sin suficiente entidad para admitir el liderazgo que los europeos requerimos. Hemos de pensar entonces en algo más que una unión monetaria, a la que, a lo sumo, hay que dotar de competencias fiscales y financieras.

La mejor manera de llegar a este resultado debería ser modificando los tratados constitucionales de la Unión comenzando por el de Lisboa, mediante la correspondiente renuncia a la soberanía de los Estados miembros en las materias referidas. Paralelamente es necesaria una reafirmación de la base política de la Unión como tarea espiritual a la que hay que convocar a los pueblos de los Estados. No es posible, se entiende fácilmente, fortalecer las estructuras políticas de la Unión y avanzar hacia la federalización de Europa, sin incrementar el capital de legitimidad que el proyecto europeo necesita.

Si no hay todavía gobierno europeo con que se satisfaga la necesidad que tiene Europa de ser gobernada, de acuerdo con una base constitucional suficiente, el camino debe quedar abierto a los acuerdos intergubernamentales, como el proyectado en la reciente cumbre de Bruselas, que prevean, aunque sea con un apoyo que no comprenda a todos los 27 Estados de la Unión,(fuera el Reino Unido y, mas dudosamente, otros tres países menores), la adopción de medidas de estabilidad presupuestaria y control de la deuda, así como del gasto público, sin las que no se puede afrontar la crisis económica.

Desde una perspectiva constitucional y democrática el atribuir poderes de gobierno a la Unión, supone el reconocimiento en las instituciones comunitarias del predominio del Consejo. En el Consejo están los ejecutivos de los Estados y son ellos los que están legitimados para intervenir en la adopción de decisiones de la Unión. Aquí, en un ultimo rebote, se muestra la gravedad del momento actual desde el punto de vista constitucional al reforzar en los sistemas parlamentarios nacionales el peso de los ejecutivos respectivos. Es muy importante que los gobiernos de los Estados se equipen de tanta legitimación como puedan para afirmar su protagonismo en la arena de Europa. Y es una pena que muchos ejecutivos europeos no dispongan del capital político de credibilidad y respaldo que sería necesario en esta situación de auténtico desplazamiento del fulcro de los sistemas constitucionales hacia los gobiernos.