Los otros nombramientos que Rajoy mantiene en secreto

Jesús Posada y Pío García-Escudero son los primeros pilares sobre los que se asentará la legislatura en las Cortes y muy pronto, este miércoles, se conocerá la composición del Consejo de Ministros. Sin embargo, con estos anuncios no concluye el nombramiento de cargos de relevancia sobre los que un Gobierno tiene capacidad de designación o proposición.

Dentro del propio Ejecutivo, uno de los puestos más sensibles, aunque en ocasiones invisible, es el de secretario de Estado de Comunicación. Esta figura, como explica La Moncloa en su web, "es la encargada de coordinar la política informativa del Gobierno, de elaborar los criterios que la determinan y relacionarse con los medios informativos". En una legislatura que se presume de contención y anuncios impopulares, la postura de quien encabece la Secretaría se hace la más determinante de los últimos años, después de confirmarse como uno de los puntos débiles del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, criticado por su gestión pero también por la forma de hacerla saber.

La aspirante más seria al cargo y casi única es Carmen Martínez Castro, bien conocida por todos los periodistas que siguen el día a día de Rajoy. Es su directora de Comunicación y prácticamente su sombra. El próximo presidente quiere en La Moncloa a su persona de confianza estos años en el trato con los medios y con un perfil de discreción y a la vez determinación que ha servido al líder del Partido Popular para alcanzar el poder. Esteban González Pons, responsable de Comunicación de la formación, acumula más papeletas para un puesto de mayor rango en la jerarquía del nuevo Gobierno.

No hay tanta luz sobre la persona que el Ejecutivo propondrá como fiscal general del Estado, otra de las designaciones relevantes a las que se ha de enfrentar el nuevo equipo. Cándido Conde-Pumpido se ha marchado antes de ser cesado por el nuevo Consejo de Ministros y deja al frente, en funciones, al teniente fiscal de este órgano constitucional, Juan José Martín-Casallo.

Tampoco ha trascendido la quiniela de candidatos a Defensor del Pueblo, institución cuya desaparición ondea en el marco del pretendido adelgazamiento de la Administración y que ocupa provisionalmente María Luisa Cava de Llano y Carrió, exdiputada 'popular'. Los confidenciales, amparados en fuentes de Génova, apuntan en una dirección llamativa pero posible: José Bono. Sus halagos y confianza en Rajoy, expresados en su último discurso como presidente de las Cortes, hicieron crecer los rumores. José María Aznar ya contó con Enrique Múgica en 2000, dado que esta responsabilidad no incluye competencias ejecutivas, sino poder persuasivo y no vinculante.

Al igual que el Defensor del Pueblo, están sobre la mesa las renovaciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. En todos ellos, la capacidad de maniobra de Rajoy es amplia y cómoda al gozar de mayoría absoluta, si bien debe cuidar en la medida de lo posible el consenso para evitar conflicto con los distintos partidos de posición, aunque este conflicto sería verbal y nunca representativo en las votaciones.

Muchas incógnitas aún sobre los protagonistas de la información al menos durante los próximos cuatro años. La agenda de Rajoy, cargada de compromisos económicos, debe hacer hueco también a renovaciones demandadas que darán respuesta a la línea judicial y mediática que persigue el flamante Gobierno.