Aspectos concretos de la lucha contra el déficit

Ha logrado un triunfo el grupo de economistas, harto pequeño, que defendía a capa y espada la reducción del déficit. Pero, ¿cómo hacerlo? Porque ha surgido un elemento de rigidez extraordinario: el incremento de número de funcionarios y empleados públicos. La suma de ambos –vinculados ya el Derecho Administrativo o ya Laboral estaba en el borde del millón en 1975. La expansión a partir de la Transición ha sido colosal. Un informe sobre España del Fondo Monetario Internacional llegó a apuntar en posibilidad de que este incremento se debiese a una especie de política para combatir el desempleo. La aceleración a partir de 2005 fue vertiginosa. De 2’9 millones en 2005 se pasó a 3’0 millones de personas en 2009 y en el año 2011 la cifra se sitúa en 3’2 millones de servidores públicos de diverso tipo.

En treinta y cinco años se ha triplicado este censo, en parte a causa del proceso autonómico. Habría que agregar, porque tienen otra situación sociolaboral, los contratados por las empresas públicas, ésas que en cifra creciente han creado autonomías y municipios. Precisamente de unas estadísticas paralelas se estimó que se encontraban ahí las raíces de la decadencia económica británica, al haber seguido durante cierto tiempo, a causa del laborismo, un camino parejo al español, aunque previamente al nuestro. Pero los estudios muy críticos derivados de esta situación británica, no parecen haber sido faros para iluminar cuál debería haber sido la política española. Si a ello sumamos los pensionistas cuya cifra sube también a causa de la mejoría de la esperanza de vida, y no nos olvidemos que las cuentas de ingresos y gastos de las pensiones que se ofrecen son cada día más preocupantes, y no digamos como consecuencia de la depresión de la Deuda Pública, en la que se consideró que se podían invertir sus reservas, a todo lo que hay que añadir la suma de los parados atendidos por el Sector Público, nos encontramos con una suma poblacional que supera con claridad a la población activa. Lisa y llanamente, cada activo ha de trabajar para sostenerse, además de él y su familia, para colaborar a través del mecanismo impositivo, al sostenimiento de parte creciente de esta congregación de funcionarios, parados y pensionistas. No hay por qué insistir en esta relación, ya muy estudiada, cuando el coeficiente sobre la población ocupada supera la cifra de 1.

Inmediatamente se plantea la cuestión del posible despido, en cifra notable, de buena parte de estos funcionarios y empleados públicos. Sólo tiene sentido si se ha logrado, por otro lado, un despegue de la actividad económica, capaz de absorberse gran parte de esta población por el sector privado a pesar de ser ingente masa de trabajadores. Debe añadirse que si no colaboran estas empresas públicas para elevar, cada uno, la productividad del conjunto de la economía, son efectivamente, en el fondo, lo que decía el FMI: subsidiados para que no aumente el desempleo.

No se puede olvidar tampoco un mensaje que Keynes envió en un momento muy delicado de la situación económica británica: la rigidez de los salarios a la baja, sean éstos de obreros del sector privado o de funcionarios públicos. Rigidez que se proyecta siempre en algún tipo de conflicto social que puede convertirse en un obstáculo para cualquier tipo de política económica. Las cifras españolas, en este sentido, dan la impresión de que incluso impresionarían a la señora Thatcher, ejemplo de decisión en relación con la pugna entre el Gobierno y los representantes sindicales, sobre todo porque ha existido en España, recientemente, un descenso salarial –mayo de 2010 que no provocó, afortunadamente, demasiadas reacciones contrarias. De ahí que, de momento, no se vean posible otras opciones que una congelación de salarios en este sector.

Los recientes acontecimientos complican aún más las cosas. Las reuniones del 2 al 9 de diciembre de 2011 de esa que se ha denominado “cambio de reformas logrado en Bruselas” obligan a España a un esfuerzo fiscal importante. Con los datos derivados de una economía que no crece y que incluso amenaza con caer en el año 2012, los rendimientos impositivos no pueden ser precisamente notables. De ahí que todos los pronósticos superen ese 6% de déficit prometido para 2011 por la ministra Salgado a un bloque de países europeos cada vez más firme, bloque conseguido por Alemania por la necesidad de una dura lucha contra el déficit. Pero, basta leer “The Economist” de 10 de diciembre de 2011 para encontrarnos con que el déficit español no bajará del 6’5%.

En la prensa internacional económica –véase por ejemplo “Les Echos” de 9 de diciembre de 2011 se destaca esta frase de Rajoy: “Es preciso que los dirigentes movilicen los medios y los recursos necesarios para contener la hemorragia de la crisis de la deuda”, provocada por el déficit del sector público. Parece difícil no señalar que tiene razón Angela Merkel cuando insiste en que “cueste lo que cueste” quiere inscribir la disciplina presupuestaria en la Eurozona a través de los tratados, a pesar de las oposiciones que han surgido desde Suecia a Luxemburgo. Opino que tiene toda la razón, aunque hace poco que Jürgen Habermas ha señalado que la canciller alemana, con eso, ha iniciado “un proceso de desolidarización en Europa”. Pero al no existir otro camino serio que el marcado por Rajoy y Merkel, ¿es imaginable que nada vaya a afectar a los ingresos de esa masa considerable de empleados públicos, pensionistas y parados que existe en España?