Obama y la tarea pendiente de la reforma migratoria

En los momentos de crisis económica los ánimos de la “cuestión nacional” suelen agudizarse. Desde que colapso el sistema financiero de la primera potencia mundial, EEUU, ha sido testigo de un paulatino endurecimiento de su política migratoria en algunos estados del país, a través de una serie de normas que literalmente “criminalizan” a los indocumentados.

El pionero dentro de esta corriente ha sido Arizona, seguidos de Utah, Indiana y Georgia, que desde 2010 han aprobado leyes que recrudecen el control hacia la población inmigrante. Una tendencia que comienza a salpicar Alabama y más recientemente Carolina del Sur, cuya gobernadora Nikki Haley, promulgó el pasado mes de noviembre una estricta ley antiinmigrante, que autoriza la creación de una unidad policial especializada en combatir la inmigración ilegal.

Como era de esperar, la legislación, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, ha desencadenado la condena de las organizaciones de derechos civiles y salpicado al tribunal del juez Richard Gergel, que deberá decidir en los próximos días si la iniciativa de Haley se suspende o se aplica.

No cabe duda que la comunidad hispana en EEUU, que conforma el grueso de la población inmigrante, se muestra escéptica y dubitativa sobre la viabilidad de la esperada reforma migratoria. La gran promesa incumplida del presidente Barack Obama hacia un electorado que le apoyó fuertemente en las urnas en 2008 y que hoy por hoy se siente decepcionado. Ante unos comicios que se muestran más cerca que lejos, Obama que aún no ve muy clara sus posibilidades de reelección, deberá de cara a un segundo mandato, comprometerse de lleno a esclarecer con más pragmatismo que populismo, el limbo que supone la normativa migratoria estadounidense, que afecta a casi 12 millones de indocumentados de ese país.