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Urdangarin

Joaquín Rodríguez de Miguel Ramos
jueves 29 de diciembre de 2011, 21:27h
Para determinar con cierta exactitud la posible responsabilidad penal de Iñaki Urdangarin habría que tener un conocimiento pormenorizado de los hechos efectivamente ocurridos. En la actualidad solo se cuenta con informaciones de prensa que adolecen de una evidente imprecisión. Lo que a grandes rasgos se desprende de dichas informaciones sería lo siguiente:

1º Iñaki Urdangarin ha tenido un claro protagonismo en determinadas entidades. Entre ellas, el Instituto Noos, entidad sin ánimo de lucro.

2º Esas entidades han celebrado numerosos contratos, convenios o acuerdos tanto con determinadas administraciones públicas (en algunos casos por muy elevados importes) como con personas jurídicas de naturaleza privada.

3º Al menos en el caso de las administraciones públicas, parece que los servicios prestados han sido más que sobrevalorados. Dicho con otras palabras, el precio pagado ha sido total y absolutamente desproporcionado.

4º Iñaki Urdangarin se habría lucrado con el dinero obtenido por las entidades en cuyo nombre ha actuado.

5º Tanto estas últimas entidades como el propio Iñaki Urdangarin podrían haber eludido el pago de impuestos.

6º Para perpetrar la defraudación tributaria podrían haberse utilizado documentos en los que se reflejaban servicios o prestaciones inexistentes.

7º Y también podrían haberse utilizado documentos parecidos para detraer dinero de las entidades administradas por Iñaki Urdangarin.

Advirtiendo que las calificaciones jurídicas (delitos) pueden resultar dudosas o discutibles, los referidos comportamientos podrían prima facie constituir, quizá entre otros, los siguientes delitos:

Primero.- Un delito de fraude del artículo 436 del Código penal, que castiga con las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años a la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier entre público. En el momento de ocurrir los hechos, el artículo 436 citado solo castigaba a la autoridad o funcionario público y no al particular. En la actualidad, tras la reforma del precepto por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, también castiga al particular que se hubiera concertado con la autoridad o funcionario público. No obstante, es evidente que esta última reforma -castigo al particular- no puede aplicarse con carácter retroactivo.

Segundo.- Uno, varios o un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código penal, que castiga con las penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años, a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones. La pena de prisión será de cuatro a ocho años y la de inhabilitación de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público (tipo agravado). La jurisprudencia del Tribunal Supremo permite hacer las siguientes puntualizaciones:

a) Los particulares pueden participar y responder por este delito, si bien con una pena atenuada (incluso con la pena inferior en grado ex artículo 65.3 del Código penal).

b) El tipo agravado se aplica cuando la cantidad sustraída se cifra en torno a los 600.000 euros, aunque no se haya producido daño o entorpecimiento del servicio público.

c) El delito de fraude del artículo 436 del Código penal puede ser el medio para la comisión del delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del mismo Código.

Tercero.- Uno o varios delitos contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código penal (delitos fiscales) siempre que la cuota defraudada por impuesto y ejercicio supere los 120.000 euros. Este delito contra la Hacienda Pública está castigado con las penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada. El delito contra la Hacienda Pública no admite la figura del delito continuado.

Cuarto.- Un delito continuado societario de gestión desleal del artículo 295 del Código penal, que castiga con las penas de prisión de seis meses a cuatro años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido a los administradores de hecho o de derecho o a los socios de cualquier sociedad (en este concepto se incluye la fundación) constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuenta participes o titulares de los bienes, valores o capital que administren. En otro caso, podrían constituir un delito de apropiación indebida del artículo 252 del Código penal, en relación con el artículo 250.1 5º (antes 6º) del mismo Código, castigado con la pena de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses.

Quinto.- Uno, varios o un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 del Código penal, en relación con el artículo 390.1 2º (simulación de documento) del mismo Código, castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
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