La imputación de don Iñaki Urdangarín

El juez instructor del caso “Palma Arena” levantaba ayer el secreto del sumario -tan permeable y filtrado como otros anteriores, lo cual es totalmente reprobable- e imputaba formalmente a don Iñaki Urdangarín. Le acusa de malversación, fraude y prevaricación, ilícitos penales especialmente graves tratándose de quien se trata. Será el próximo 6 de febrero cuando el yerno del Rey tenga que comparecer ante la justicia para defenderse de los cargos que se le imputan, tiempo más que suficiente como para que prepare a conciencia su estrategia.

Hasta que se dicte sentencia, a don Iñaki Urdangarín le asiste el mismo derecho que al resto de españoles a que se respete su presunción de inocencia. No hay juicios de papel ni de pantalla. No debe haberlos. Y, si son posibles, ello es debido, en buena medida, al desbarajuste e inoperancia de la administración de justicia española. En este periódico –y en esta sección editorial- hemos defendido la presunción de inocencia para todos sin distinción de colores políticos, ya fuera a los imputados en Gürtel, no menos que a José Blanco. El señor Urdangarín no es menos que nadie. Pero tampoco más. Porque hay, eso sí, indicios fundados de que su comportamiento ha sido inadecuado, improcedente y poco ejemplar; de ahí su imputación formal. Lo que sí parece más que acreditado es que el yerno del Rey se valió de esa condición para impulsar sus negocios privados. No es ilegal pero tampoco ético. Y en una institución donde las personas son insustituibles siempre se han cuidado las formas al máximo, este tipo de cuestiones chirrían, con toda la razón.

La Casa del Rey ha mantenido en todo este asunto una postura tan difícil como correcta. Tanto en el Discurso de Navidad como en la valoración de ayer, Zarzuela ha querido dejar claro su respeto a las decisiones judiciales, así como el hecho de que quien vulnera la ley ha de atenerse a las consecuencias, sea yerno de quien sea. En la Monarquía, la institución es la persona; justo es, pues, apartar a quien no se comporta de acuerdo con los parámetros éticos que la pertenencia a dicha institución comporta.