El reto de una nueva justicia

Empieza 2012 con la jubilación forzosa de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Podrá, eso sí, seguir en su cargo si lo desea hasta el final de su mandato, que concluye a principios de 2013, pero parece claro que en este año que empieza PP y PSOE deberán sentarse de nuevo para una nueva renovación de cargos. El nombre del sucesor de Dívar ocupará lugar preferente en una agenda judicial entre cuyas prioridades debe estar la recuperación del prestigio perdido a causa de las ingerencias políticas. Pero no sólo eso: los estamentos judiciales también son responsables de una situación esclerotizada desde hace ya décadas.

Ni en el año que ahora empieza ni en los venideros puede volver a repetirse un bochorno como el acaecido a propósito de la sentencia del Estatut de Cataluña. Mal el Ejecutivo y el Judicial por presionar de forma inadmisible, y mal también el Judicial por mostrarse permeable a correveidiles políticos que no hacen sino menoscabar la imagen de la justicia. Una justicia que debe estar al servicio del ciudadano y no de intereses espurios. El reto que tiene Alberto Ruiz Gallardón ante sí es tan complejo como importante. Quizá el más importante de todos. Para eso, para justicia y para la defensa se inventó el Estado moderno. Pero, sobre todo, no hay democracia a secas, en su versión Occidental, sin una justicia solvente, efectiva e independiente, impartida en tiempo real. Por no haber, ni siquiera habrá economía: los países donde la justicia flaquea y donde no es independiente de otros poderes, no son países fiables, no son países atractivos para el inversor. Por eso, el éxito del señor Gallardón será el de todos.