Argelia quiere revisitar las páginas negras de su historia

La decisión de un juez federal suizo de convocar al general argelino Jaled Nezzar e interrogarle sobre sus supuestas vinculaciones con la tortura llevada a cabo contra dos ciudadanos argelinos, ha desatado una reacción en cadena en el país norteafricano. Defensores y detractores del ex ministro de la Defensa, han salido públicamente a manifestar sus posiciones, abordando un capítulo de la historia aún no cicatrizado.

El verdadero jefe de las Fuerzas Armadas argelinas en el momento de “la interrupción del proceso electoral” para unos y “golpe de estado” para otros en 1991 que iba a dar la victoria en las urnas al Frente Islámico de Salvación (FIS), fue detenido en 20 de octubre pasado cuando entró en territorio helvético. El Procurador federal suizo Laurence Boillat dio la orden con el fin de interrogar al general Nezzar acerca de una denuncia interpuesta contra él a cargo de ciudadanos argelinos por “sospecha de crímenes de guerra”. Según la prensa argelina de esos días, “el interrogatorio basó sobre su papel personal y el del Ejército en la gestión del decenio negro (1990-2000) y de la lucha antiterrorista”.

El asunto parecía haber quedado olvidado hasta que sorpresivamente el 15 de diciembre fue publicada en varios periódicos argelinos una petición en favor del general Jaled Nezzar. Dicho documento fue firmado por 177 personas, antiguos miembros de los sucesivos gobiernos, periodistas y directores de medios, abogados, jefes de empresa y gran mayoría de exfuncionarios del Estado.

Los firmantes de la petición pro-Nezzar achacaban al Procurador suizo el querer entrometerse en los asuntos internos de un país al pretender juzgar su historia política y la tragedia que originó en la que resultaron muertos cerca de 200.000 ciudadanos durante el llamado “decenio terrorista”. La petición muestra de hecho una justificación de la conducta política llevada a cabo por las Fuerzas Armadas y el Alto Comité de Estado que dirigió el país en aquellos momentos.

En cuanto a las acusaciones vertidas contra el general Nezzar por los denunciantes, los firmantes del documento consideran que “es irrisorio atribuir actos de tortura a un ministro de la defensa cuando se trata de un periodo turbulento en el que son posibles exacciones, violencias e incluso torturas”. Si bien los peticionarios exoneran de responsabilidad y conocimiento de los mismos al general Nezzar.

Sin embargo pese a todo lo que podían esperar los firmantes de la petición, lo que ha generado ha sido una contra-petición firmada por 165 argelinos, pidiendo al juez federal suizo seguir con su procedimiento. Los firmantes del contra-manifiesto, de los que cuatro se declaran dispuestos a prestar testimonio ante el tribunal federal, son en su mayoría victimas o familiares de las personas detenidas, torturadas o desaparecidas durante el decenio negro. Afirman que en contra de lo que declaran las personas que defienden al general, “quien está siendo investigado no es el pueblo argelino, sino esta persona en particular”, y que “confían en que los tribunales suizos hagan honor a su reputación de independencia y de búsqueda de la justicia y la verdad”.

La polémica ha llegado hoy martes a su 'summum' cuando el periódico independiente argelino El Watan, ha publicado íntegra la contra-petición bajo el título “A favor de que Nezzar y sus acólitos sean juzgados”. El periódico es conocido por sus posiciones críticas sobre los asuntos turbios que afectan a personalidades del régimen, así como sobre malversación de fondos del Estado, pero también acerca de todo lo que supone corrupción política. Y aunque a menudo ha desvelado temas que afectan a las Fuerzas Armadas, es ésta la primera vez que publica un manifiesto de esta naturaleza, que reabre una página de la historia de Argelia oficialmente cerrada pero cuyas heridas siguen sin cicatrizar en la memoria colectiva.

Las Autoridades argelinas guardan por el momento mutismo sobre la polémica. Pero en todas las cancillerías occidentales en Argel se sigue con interés la evolución de lo que algunos ya llaman “escándalo institucional”.