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Desayuno con la portavoz Gabriela Bravo

El CGPJ al Gobierno: “La reforma de la Justicia es ya inaplazable”

jueves 12 de enero de 2012, 12:31h
El Club Internacional de Prensa ha organizado este jueves un desayuno informativo con la portavoz de Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, que ha hecho un diagnostico de la situación actual de la administración de Justicia. La conclusión de Bravo ha sido contundente y, con ella ha querido recordar al nuevo Gobierno, que “la reforma de la Justicia es ya inaplazable”. Por Miriam Carmona
“La reforma de la Justicia hay que abordarla, porque a pesar de los esfuerzos realizados, la Justicia sigue adoleciendo de falta de eficacia y eficiencia, lo que se traduce en una cierta insatisfacción ciudadana”, según ha comentado la portavoz de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, durante un desayuno organizado por el Club Internacional de Prensa.

A pesar de la crisis económica, Bravo ha considerado que “estamos en el momento oportuno y toca recordar al nuevo Gobierno que la reforma de la Justicia es ya inaplazable”. “La crisis –ha dicho la portavoz del CGPJ- no puede ser obstáculo, ni excusa para no abordar la reforma y el cambio”.

Para comenzar a tratar los asuntos relacionados con dicha reforma, el Consejo está a la espera de que se forme el nuevo equipo ministerial, que previsiblemente terminará la semana próxima.

Bravo ha apuntado que “reforma no es sólo más inversión, no se trata sólo de aumentar el número de jueces y los medios materiales, que también, se trata de cambiar un modelo que ya no es capaz de rentabilizar los recursos en los que se invierte”.

Tampoco considera la portavoz del CGPJ que “los problemas de la administración de Justicia radiquen en su aireada politización. Hoy tenemos unos jueces imparciales que resuelven conforme a la ley los conflictos de los ciudadanos”. Por ello, Bravo ha recordado a las instituciones dependientes del Estado “más respeto a la hora de hablar de la Justicia en términos de politización, pues con esas acusaciones no hacen más que debilitarla”. En definitiva, según Bravo “no se resolverían los problemas de la Justicia cambiando el sistema de nombramientos, ni tampoco cercenando el derecho a la tutela judicial efectiva introduciendo tasas o copagos”.

El diagnostico debe hacerse a juicio de Bravo desde la propia organización judicial y sus estructuras. Hay que entender que la sociedad ha sufrido muchos cambios y deben tenerse en cuenta. “La litigiosidad se ha incrementado en un 33 por ciento en los últimos diez años. A pesar de que la inversión publicitaria también ha aumentado y se ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, no ha sido suficiente, y sigue habiendo una falta de eficacia y eficiencia”.

Además, desde septiembre de 2008, cuando se produce la caída de Lehman Brothers, la litigiosidad ha sufrido el mayor incremento de la historia de la justicia española. Por todo ello, Bravo ha considerado que “no podemos seguir invirtiendo en un modelo obsoleto y en unas estructuras organizativas que no dan respuesta a las necesidades del siglo XXI”.

Entre otras cosas, un informe de noviembre de 2008 del CGPJ sobre la modernización de la Justicia propone la implantación de las nuevas tecnologías, aumentar el número de jueces, la reagrupación de los partidos judiciales para unificar esfuerzos. En esencia, todas la medidas necesarias para gastar menos y conseguir una mayor operatividad.

En datos se observa mejor está necesidad imperiosa de modernización. “España ocupa uno de los últimos lugares en la Unión Europea en cuanto al número de jueces por habitantes”, ha dicho Bravo que ha confirmado que sin embargo “en número de funcionarios dentro de la administración de Justicia estamos en el primer lugar”.

“Es necesario plantear el rediseño de la planta judicial”, ha asegurado la portavoz del CGPJ que ha explicado además que “la estructura organizativa actual responde a una ley de 1870, mientras que la Ley de planta y demarcación de 1989 responde a una sociedad de 39 millones de habitantes, cuando hoy somos ya más de 46 millones”. Por lo tanto estas leyes de ninguna manera “pueden dar respuesta a los problemas del siglo XXI”.

Preguntada sobre la propuesta del nuevo ministro Gallardón de abrir en agosto los tribunales, Bravo ha dicho que “puede ser una propuesta a estudiar, dentro del marco de medidas para agilizar la Justicia. No me parece descabellada la idea, en tanto en cuanto, ha habido un cambio cultural en España, donde casi nadie coge ya 30 días de vacaciones seguidos en agosto”.

Asimismo, Bravo ha llamado la atención en la necesidad de “especialización de los jueces, que va a favorecer a un conocimiento más profundo de los asuntos con menos tiempo y con mejor calidad y certeza jurídica”.

“La reforma de la Justicia debe ser una prioridad en la agenda política, porque si tenemos un sistema judicial ágil va a favorecer al desarrollo económico”, ha concluido Bravo.
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