Los políticos no quieren ir a la cárcel si incumplen los presupuestos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha lanzado este miércoles una sorprendente iniciativa que ha dejado descolocada a la oposición y que ha provocado innumerables reacciones en contra. El Gobierno perseguirá por la vía penal, es decir con penas de prisión, a aquellos gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos de sus departamentos, pertenezcan a la Administración central, las autonomías, diputaciones o ayuntamientos de grandes capitales. En un día en el que Rajoy ha realizado su primera visita como presidente del Gobierno, en este caso a Marruecos, siguiendo una tradición no escrita; se ha desarrollado la segunda sesión del primer juicio contra el juez Garzón; y el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ha regresado a España para preparar con su abogado la línea de defensa ante su comparecencia como imputado en un juzgado de la capital balear el próximo mes de febrero por los presuntos delitos cometidos por el Instituto Nóos durante su presidencia y su enriquecimiento ilícito.

Cristóbal Montoro advirtió en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el martes que al Gobierno no le temblaría el pulso a la hora de intervenir y sancionar a las administraciones públicas que incumplieran el objetivo de déficit marcado en sus presupuestos. El mensaje de que “no se puede gastar más de lo que ingresa”, prioritario en el nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy, ha llevado hoy al ministro de Hacienda a ir todavía más lejos y anunciar que ya no sólo se trata de reprender actitudes colectivas sino también personales. Montoso ha afirmado que la modificación de la Ley de Transparencia llevará aparejada la responsabilidad penal para aquellos gestores públicos, políticos o no, que eleven el gasto más allá de lo fijado. “Un gestor público –ha dicho-, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su prepuesto”. El ministro ha insistido en que las facturas sin pagar no se pueden quedar en cajones y la falsificación de la contabilidad acarreará consecuencias penales, como pasa en el sector privado.

En esta línea, ha subrayado que “si un gobierno quiere gastar más, que se lo pida a los ciudadanos subiendo los impuestos, y que los ciudadanos decidan después, en unas elecciones, si lo que se gobierno ha hecho es correcto. Lo que no es nunca correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora”.

Analistas políticos consultados por “El Imparcial” destacan que la desviación en el déficit público de 2011, que el anterior Gobierno socialista cifró en un seis por ciento y que los datos reales aportados por la Intervención General del Estado el 27 de diciembre del pasado año, que los elevaban al menos al ocho por ciento, ha colmado la paciencia del Ejecutivo de Rajoy, que se ha visto obligado a tomar medidas no previstas como la subida del IRPF”.

Evidentemente, la medida propuesta por Cristóbal Montoro, obligará a reformar el Código Penal, pues se trata de un delito no recogido en la actual legislación española, y que sólo ha sido adoptada hasta ahora por un país, Islandia, después de entrar en bancarrota tras haber sido la nación con el mayor PIB del mundo. A ello se ha acogido la oposición, cogida por sorpresa, sobre todo el PSOE, para criticarla, “quizás porque hayan visto la orejas al lobo”, según las fuentes consultadas por este diario. El ex vicepresidente del Gobierno de Zapatero y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha asegurado que los políticos gestores de fondos públicos y se excedan en el gasto sólo se les podrán exigir responsabilidades penales “si cometen un delito, de lo contrario se trata de una responsabilidad política que se debe exigir en el Parlamento”. “Es lo propio y normal de un Estado de Derecho y cualquier sociedad democrática: el que comete un delito, a la Justicia, las responsabilidades políticas en el Parlamento” En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien ha dicho que esta medida se parece a la película de García Berlanga “Todos a la cárcel”, y a la que ha calificado de antidemocrática y autoritaria.

Mientras su ministro de Hacienda provocaba esta tormenta política, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estrenaba cargo fuera de nuestras fronteras, en su primera vista oficial a un país extranjero, en este caso Marruecos, siguiendo la regla no escrita seguida por sus antecesores en el cargo desde Felipe González. Entrevistas con el Rey Mohamed VI y también con el nuevo primer ministro, el islamista Abdelilah Benkirane, para quien también ha sido su primer encuentro internacional tras ganar las elecciones en su país.

Primer detalle, y en esta ocasión en plano nacional, como han destacado los analistas políticos y fuentes del Ejército del Aire consultadas por este diario. Rajoy ha optado por reducir el gasto del viaje, reduciendo el número de colaboradores y utilizando un avión de pequeño tamaño del Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas, un Falcon, en lugar de uno de los Airbus A-310 de mucha mayor capacidad y de mucho mayor coste.

En cuanto a la visita en sí, Rajoy ha dado su apoyo a las reformas emprendidas por Mohamed VI y las ha puesto como un “ejemplo a seguir por el mundo árabe” para subrayar que quiere con el país alauí “una relación fluida con el diálogo como clave fundamental” y expresar su deseo de “abrir una nueva etapa reforzando la relación bilateral”, en un momento en que las relaciones entre ambas naciones, “están tranquilas y no hay problemas de gran envergadura, salvo los que proceden de las negociaciones del convenio pesquero entre Marruecos y la Unión Europea”. En este sentido, Rajoy ha anunciado que ha dado órdenes a nuestra diplomacia para que comience los preparativos de la próxima reunión de alto nivel entre los países, suspendida hace tres años.

A esta cumbre ha alusión el primer ministro marroquí, Abdelilah Benkirane, calificándola de “primer eslabón de toda una cadena de encuentros”, además de expresar su satisfacción porque Rajoy haya elegido su país como primer destino de su agenda exterior.

En el plano judicial, hoy ha tenido lugar la segunda sesión del juicio que se lleva a cabo contra el juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas en la cárcel entre los cabecillas de la trama “Gürtel” y sus abogados. Dos testigos han protagonizado la jornada, los dos propuestos por la defensa. Por una parte, el funcionario de la Audiencia Nacional al que el juez encargó la tramitación de las diligencias del caso, y por otra el comisario jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía), José Luis Oliveras.

El primero ha asegurado que fue la fiscal Myriam Segura y no el magistrado quién le indicó qué fragmentos de las escuchas debían ser expurgados para no vulnerar el derecho de defensa. También ha asegurado que tanto Segura como Concepción Sabadell, también fiscal adscrita a este caso, y el propio Garzón estaban “obsesionados” con el derecho de defensa: “El juez me decía: ¡Hay que quitar todo lo del derecho de defensa, hay que quitarlo antes de enviar las diligencias al Tribunal Superior de Madrid!”.

El comisario Oliveras, por su parte, ha manifestado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que “yo no llegué a entender lo que Garzón quiso decir con lo de preservar el derecho de defensa, pero en todo caso se escucharon todas las conversaciones interceptadas en prisión, se transcribieron las que se consideraron de interés y el derecho de defensa era una cuestión de él”. No obstante, el mando policial ha subrayado en esta segunda sesión del juicio que el magistrado hizo prevalecer el derecho de defensa “sobre cualquier cosa”, impidiendo incluso a los funcionarios de prisiones tener acceso a las grabaciones. El comisario ha asegurado que la trama “Gürtel” seguía funcionado desde la cárcel, donde se encontraban sus presuntos cabecillas, y que éste fue el motivo por el que se sugirió al ex juez de la Audiencia Nacional la posibilidad de interceptar las comunicaciones entre los detenidos y sus abogados con el fin de evitar el blanqueo de capitales y la fuga de dinero a paraísos fiscales.

Otro de los presuntos casos de corrupción que conmocionan a la opinión pública, los negocios del yerno de Su Majestad el Rey, Iñaki Urdangarín, ha tenido este miércoles una importante novedad, la presencia en Barcelona, procedente de los Estados Unidos, del Duque de Palma para celebrar uno de los primeros encuentros con su abogado ante su declaración como imputado el próximo mes, acusado de varios delitos por las actividades ilegales efectuadas por el Instituto Nóos durante su presidencia.