Rajoy toma cartas contra los casos de corrupción en el PP

Poco a poco se van conociendo los contenidos que se aprobarán en el próximo XII Congreso Nacional del PP, que se celebrará en Sevilla el próximo mes de feberero, días después del que en la misma ciudad llevará a cabo el PSOE y en el que elegirá a su nuevo secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba o Carme Chacón, si no se presenta un tercer candidato. Si ayer se conocía parte de la ponencia política, que apuesta por recuperar el concepto de “Nación española”, puesta en entredicho durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy se ha sabido que el partido que preside Mariano Rajoy obligará a dejar sus cargos públicos a aquellos miembros de esta formación que hayan sufrido un procedimiento judicial. Por otra parte, el Consejo de Ministros protagonizado fundamentalmente por la adopción de nuevas medidas tendentes a la reducción del gasto mediante la supresión de organismos duplicados y por la reforma laboral, estancada en la negociación entre los agentes sociales, sindicatos y empresarios.

La Ponencia de Estatutos da una vuelta de tuerca a la lucha contra la corrupción por parte de Mariano Rajoy, precisamente en un momento en el que algunos de sus cargos, como el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el ex secretario general del PP en esta Comunidad, Ricardo Costa, están siendo juzgados por el delito de cohecho impropio por haber recibido presuntamente regalos de los cabecillas de la trama Gürtell. También se ha conocido también después de las equívocas palabras que el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, hizo sobre el alcalde de Alhaurín el Grande, condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a un año de inhabilitación por un delito de cohecho, y en el que no quedaba claro si mantenía su apoyo al regidor de esa localidad pese a la sentencia judicial.

La ponencia establece que quien tenga un procedimiento judicial que dañe al PP o la institución pública a la que pertenezca deberá dejar el cargo que ocupe. Así se desprende de las condiciones que se incluyen en una “carta de compromisos” que deberán firmar los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el Partido Popular. La negativa a rubricar esta carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, ser cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en la formación dirigida por Mariano Rajoy.

Precisamente, hoy ha quedado visto para sentencia, después de seis semanas, el juicio contra el ex presidente valenciano, Francisco Camps, y el ex secretario general del PP en esa Comunidad, Ricardo Costa, acusados de un delito de cohecho impropio por haber aceptado presuntamente regalos de los cabecillas de la trama “Gürtell”. Camps ha hecho uso de su derecho de hacer un alegato final, no así Costa, y ha vuelto a asegurar que “soy inocente.Vengo a buscar la justicia que imparten mis conciudadanos, confiado y convencido.

Dentro del capítulo sancionador, la vicepresidenta del Gobierno y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha insistido en lo adelantado esta semana por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el sentido de castigar con penas de cárcel a aquellos responsables públicos que incumplan los presupuestos y gasten más de lo permitido. Eso sí, sin efectos retroactivos, como había llegado a sugerir el presidente extremeño, el popular José Antonio Monago.

Sánez de Santamaría ha explicado que el Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales “a los gestores públicos para poder sancionarlos si incurren en dolo acreditado o tienen gran culpa en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos”. Analistas políticos consultados por este diario destacan que “la vicepresidenta ha confirmado que lo dicho por Montoro no fue un globo sondo, ni una pasada de frenada, sino que ha demostrado que el Gobierno tiene la plena intención de combatir como sea el déficit público y no va a permitir ni una broma”. Saénz de Santamaría ha recordado que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera “determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones”.

También en el capítulo de recortes, el Ejecutivo ha tomado la determinación de realizar “una reforma integral de los organismos reguladores para simplificar su número” y evitar duplicidades. La portavoz gubernamental ha explicado que los criterios de esta reforma serán los de “austeridad en la gestión de estos organismos y la profesionalidad, neutralidad e independencia de los miembros que los componen”. También ha justificado esta medida porque “en los últimos años se ha producido una proliferación de organismos reguladores, cuyas competencias, en muchos casos se solapan con los departamentos ministeriales”.

Y mientras, la batalla entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón por la Secretaría General del PSOE, que se dilucidará en el 38 Congreso del partido, que se celebrará en Sevilla entre los próximos 3 y 5 de febrero, empieza a provocar graves heridas entre los socialistas. Precisamente, la primera bomba ha estallado en la federación andaluza, presidida por José Antonio Griñán, y que es la que aportarará más delegados, un 24 por ciento del total. Griñán ha anunciado que no asistirá al "congresillo" que mañana sábado celebrarán los socialistas sevillanos para elegir a sus delegados al Congreso del PSOE, dentro del duro pulso que el presidente de la Junta de Andalucía mantiene con el secretario provincial, José Antonio Viera, que se niega a acatar las órdenes de la número dos del partido en esa comunidad, Susana Díaz, y que quiere imponer el 60 por ciento de los delegados de esa provincia. Viera presentará mañana su propia lista, que incluye a detractores y seguidores de Alfredo Pérez Rubalcaba. Tal y como están las cosas, podría darse el caso de que el propio Griñán se quede fuera de la lista sevillana para el 38 Congreso y no pueda votar al próximo secretario general del PSOE.