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El juez se enfrenta a su segundo juicio en el Tribunal Supremo

La acusación dice que su objetivo "es ver si se ha incumplido o no la Ley y no una revisión histórica"

martes 24 de enero de 2012, 12:40h
El juicio a Baltasar Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo ha comenzado a las 10:45 horas, una vista a la que asisten varios representantes de asociaciones internacionales de derechos humanos. Durante la vista, la defensa del magistrado ejercida por Gonzálo Martínez-Fresneda, ha solicitado al Supremo la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable a este caso la denominada "doctrina Botín", que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa en la Fiscalía no presenta acusación alguna.
El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha solicitado el sobreseimiento de la causa abierta contra Baltasar Garzón por investigar sin competencia los crímenes del franquismo, al considerar que la acusación popular es "incapaz" de abrir en solitario el procedimiento y su presencia en la causa es "meramente adhesiva". "Sólo tiene facultades de apertura del procedimiento si se ve acompañada por el fiscal o la acusación particular", ha añadido.

Así se ha pronunciado el representante del Ministerio Público durante la fase de cuestiones previas, después de que la defensa del juez imputado pidiera la nulidad del juicio abierto por un presunto delito de prevaricación en aplicación de la 'doctrina Botín', que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa en la Fiscalía no presenta acusación alguna.

La aplicación de esta doctrina -llamada así por haber sido instaurada en el denominado "caso de las cesiones de crédito", en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander- se justificaría en el hecho de que en este caso el juez suspendido se sienta en el banquillo con la única acusación de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones. "Nos basta y nos sobra para defender la legalidad", ha resaltado el fiscal, para indicar a continuación que no hace falta que esta parte "se suba al pelotón" en defensa de la legalidad.

El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha pedido lo mismo que el fiscal. El letrado de Garzón ha considerado que el instructor "vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad" al llegar a sugerir la forma en la que el sindicato ultraderechista debía corregir esos errores, advirtiéndole por ejemplo de que debía precisar la calificación del delito de prevaricación incluyendo el término "a sabiendas".

La tutela judicial efectiva "no puede servir para amparar el derecho a que el juez reoriente la estrategia de acusaciones que son defectuosas", ha insistido el abogado, que ha recordado casos como el de Filesa y el Nani, en los que los defectos formales impidieron la continuación de la causa contra algunos de los acusados.

El instructor sólo "perfiló" el escrito
El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, ha defendido ante el Supremo que el "interés público" y el derecho a ejercer la acción popular debe prevalecer en el juicio que se sigue contra Baltasar Garzón por investigar sin competencia los crímenes del franquismo y ha diferenciado este caso del de las 'cesiones de crédito', en el que la 'doctrina Botín' dictaminó que la apertura de juicio no procede si actúa en solitario esta acusación.

El sindicato, que ve "indicios de criminalidad" para condenar a Garzón con una pena de 20 años de inhabilitación, ha mostrado su "más profundo respeto" por las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos durante los "horribles" hechos ocurridos en la Guerra Civil y el franquismo. "Nuestro objetivo no es hacer una revisión histórica de nada, nuestro objetivo es ver si se ha incumplido o no la Ley", ha añadido.

En el turno de réplica transcurrido durante la fase de cuestiones previas, el abogado de la acusación ha destacado que cuando el "bien jurídico protegido no es un interés particular", como ocurre en el delito de prevaricación, debe prevalecer "ese interés público" y, por lo tanto, la acusación popular es suficiente para sustentar la causa.

El letrado ha parafraseado a Herodoto para destacar que el derecho a acusar "se retrocede incluso a los esclavos" y defender así el derecho de la ciudadanía a participar en la Justicia como acción popular. Según ha dicho, vivimos "tiempos combulsos" en los que la sociedad reclama una mayor participación en los asuntos públicos.

Por otra parte, ha indicado que Varela se limitó a "perfilar" su escrito de acusación, el cual permaneció "inalterable" durante la fase de instrucción y del que conoció "perfectamente" la defensa.

El juicio ha quedado suspendido hasta el próximo día 31 cuando se resolverán las cuestiones previas y se decidirá si se interroga al juez Garzón, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 20 años solicitada por las acusaciones populares, ejercidas por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

Es la segunda ocasión en la que el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se sienta en el banquillo para enfrentar una posible pena de inhabilitación, después de haber sido juzgado la pasada semana por intervenir los encuentros de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
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