Un diez para Gallardón

Después de un mes de urgencias y vacilaciones motivadas por el vendaval económico que zarandea España, el Gobierno del PP ha tenido oportunidad de dar la primera muestra de iniciativa política contundente. Lo ha hecho de la mano de la ubicua vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y de la del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Ambas son criaturas políticas de calado. Ruiz Gallardón, con más experiencia, pero Sáenz de Santamaría con la misma vocación arrolladora. Quieren hacer cosas, y hacerlas rápido. Y se han apuntado el primer tanto claro de la nueva gobernación.

Sobre la vicepresidenta habrá tiempo de comentar, porque a sus últimas iniciativas regeneradoras se sumarán otras en los múltiples campos de actividad que Mariano Rajoy le ha encargado. Hoy toca hablar, sin embargo, de Gallardón.

El ministro de Justicia no ha guardado balas en la recámara. A la primera de cambio ha planteado reformas de tanto calado que cada una de ellas hubiera valido casi una Legislatura. Así hubiera pasado de abordar sólo la reforma de la Ley del aborto. O la de la Ley del menor. O la cadena perpetua revisable.

Pero la más significativa, porque atañe al corazón mismo de la democracia, es la de la reforma en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano representativo de uno de los poderes del Estado, el Judicial.

Desde que el Gobierno de Felipe González, con Alfonso Guerra como portavoz al efecto, decidiera que el Poder Ejecutivo tenía derecho a cooptar todos los poderes, España ha vivido en una excepción de la democracia, con apariencia de que ésta existía.

En España, la elite de un partido decide las listas electorales. Éstas son cerradas y bloqueadas, y acceden al Legislativo. Y ese Legislativo elige a un presidente del Ejecutivo que fue exactamente el que decidió las listas cerradas y bloqueadas. Pero todavía queda la guinda. Esa mayoría parlamentaria sometida al Ejecutivo elige también a los miembros del órgano de Gobierno del Poder Judicial, que a su vez determina los nombramientos en todas las instancias jurisdiccionales.

Ese sistema, por mucho que se disimule con excusas, como apelar a la independencia en el ejercicio por parte de los jueces, o a la no sujeción al mandato imperativo de los diputados, en la práctica supone una acumulación de poder absoluta y antidemocrática.

Los poderes del Estado no están sólo para ser distintos nominalmente o separados funcionalmente. Están para ser confrontados y vigilantes los unos de los otros. El Ejecutivo debe ser controlado por el Parlamento, ambos diseñar las leyes que apliquen los jueces y éstos a su vez vigilar los abusos de poder de legisladores y gobernantes.

Si las mismas personas que acceden al Ejecutivo se aseguran la sumisión de los legisladores y de los jueces, el sistema falla en su esencia, y así lo hemos visto con el progresivo descrédito de unos y otros. Parlamentos obedientes y sin criterio, jueces etiquetados por la procedencia ideológica y gobiernos impunes en la práctica totalidad de su actuación.

Ahora, el Gobierno de Rajoy, con protagonismo de Gallardón, ha decidido avanzar en una regeneración del sistema, lo que es muy meritorio porque, contando con mayoría absoluta, hubiera podido hacerse con las riendas de todos los poderes del Estado.

Ha decidido, sin embargo, ceder su capacidad de configurar la representación del Poder Judicial y pasará ésta a los propios jueces y magistrados, tal como preveía la Constitución que fue violada cuando los socialistas aprovecharon su mayoría de 1982 para quedarse el Estado en pleno con la excusa de que ello era el reflejo de la voluntad popular.

Lo que decide el pueblo es la asamblea legislativa. Pero, previo a cada elección está el propio sistema democrático que la alberga. Pues un Parlamento, por muy electo que sea, no puede luego decidir una dictadura, como no lo puede hacer un Gobierno ni cualquier otra instancia, por ejemplo militar.

Un diez, por tanto, para Gallardón, como cara de esta reforma, que algunos llevábamos esperando 26 años, los que han mediado desde el malhadado 1985 en el que Alfonso Guerra proclamó “la muerte de Montesquieu”, es decir, el fin del diseño de la democracia liberal que le gustaba muy poco, con la idea de que el emergente poder socialista duraría para siempre. Sobre todo si se garantizaba el control de todos los resortes del Estado.

Ha durado mucho para el PSOE, en efecto, al gobernar más de dos tercios de la etapa constitucional. Pero, por fortuna, no todo. El diseño guerrista, como el propio diseño socialista, hace aguas por todas partes y volvemos a mirar a los orígenes constitucionales después de décadas de progresiva concentración de poder, de dispersión de taifas y de descomposición anímica de España. Porque ese modelo también fue tentación para los gobernantes del PP, que, en su primer intento, no se atrevieron a cambiar.

Rajoy ha prescindido generosamente de esta bicoca, aunque habrá que esperar prudentemente la formulación concreta del proyecto. Pero la intención regeneradora es una esperanza social y política en plena desmoralización económica.